El Gobierno se movió este miércoles en dos planos. Por un lado, se deslizó por la pendiente electoral a lo largo de un intenso y dilatado pleno en el Congreso —siete horas— en el que Pedro Sánchez recurrió a la batalla ideológica con el PP tomando eje de la confrontación el contraste entre dos modelos de gestión, el que encarna su Ejecutivo desde hace siete años y medio y el que representan las comunidades lideradas por la derecha con el apoyo de la ultraderecha.
Por otro, preparó el camino hacia los Presupuestos Generales del Estado de 2026, al convocar para el próximo lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para aprobar la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, que al día siguiente validará el Consejo de Ministros y enviará al Congreso. La previsión es que sea rechazada por las Cortes por dos veces consecutivas, dada la falta de apoyos parlamentarios. La gran pregunta ahora es cuándo el Ejecutivo presentará su proyecto de cuentas públicas para el próximo año. El presidente lo comprometió para antes del 31 de diciembre, pero por ahora el Gobierno prefiere no pillarse los dedos y solo avanza que llegará "a continuación" de la tramitación de la senda. Tiene margen para poder hacerlo, pero aquí también intervienen los cálculos políticos. Porque en política el manejo de los tiempos es una asignatura capital, y Sánchez hasta ahora la ha superado curso a curso, como le reconocen en su partido y hasta sus adversarios.
Sánchez contrapone su modelo de gestión, de defensa del Estado del bienestar, "la España de lo público", frente al "plan premeditado de la derecha" para "desmantelar" los servicios públicos
La legislatura ha cruzado su ecuador y se halla en un punto delicado en el que todo puede pasar. El 21 de diciembre se abre el ciclo electoral en Extremadura, que seguirá, al menos, con los comicios de marzo en Castilla y León y con los de Andalucía en junio. Sánchez se enfundó el traje de campaña en su comparecencia de este miércoles en el Congreso, poniendo el acento en ese choque entre un Gobierno central que defiende el Estado del bienestar, "la España de lo público", y el "plan premeditado de la derecha para desmantelar" los servicios públicos y "hacer negocio con los derechos de la gente".
El presidente jugó fuerte esa carta, es la que quería esgrimir en la Cámara baja y a la que dedicó más tiempo, pese a que el PP quería volver a cercarle por los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido y a su entorno. El líder socialista pegó duro sobre todo a los presidentes de Madrid y Andalucía, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, pero repasó las políticas de los territorios gobernados por el PP, todos, a su juicio, con el mismo menú de recortes y privatizaciones y de "regalos" a la privada. "Han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierde", ejemplificó. Para Sánchez, las políticas de la derecha no dejan de ser otra forma de "corrupción", quizá no "ilegal", pero sí "inmoral" y "destructiva" para los que menos tienen. Capítulo aparte se llevó el president valenciano en funciones, Carlos Mazón, por su "negligente" gestión de la dana.
El presidente habla de una forma de "corrupción" no "ilegal" pero sí "inmoral" y "destructiva". "Han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierde", denuncia
Mientras, los grupos le pedían claridad sobre el rumbo que pretende seguir el Gobierno ahora que Junts ha firmado su "ruptura" con los socialistas. Hasta Sumar, su socio de coalición, advertía de que no basta solo con resistir cuando la legislatura pasa por un punto más que delicado.
Sánchez no hiló anuncios en su intervención ni en sus réplicas. Era lo que buscaba la Moncloa: "Contraponer" ideas. Salir al ataque contra el PP y Vox. Tampoco el Gobierno dispone de mucho margen para impulsar iniciativas legislativas, precisamente porque necesita los votos de un Junts que no está dispuesto ya a negociar nada. Por eso el presidente apeló al "espíritu de acuerdo" frente a una oposición "destructiva", por eso llamó a los posconvergentes a primar esa "mejora de la vida de los ciudadanos" porque "el bloqueo no conduce a nada".
Hacienda reúne al Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo lunes para aprobar la senda de estabilidad, que pasará el martes por el Consejo de Ministros y de ahí al Congreso
De todos los proyectos en cartera del Ejecutivo, a los que teóricamente no renuncia pese a la retirada de Junts, el más relevante es el de los Presupuestos de 2026. Sánchez se comprometió, en una entrevista en octubre en la SER, a presentarlos antes de fin de año. Pero ya los tiempos van justos, muy justos. Por lo pronto, Hacienda activó ayer miércoles, mientras seguía el pleno en la Cámara baja, uno de los resortes fundamentales: la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Tras marear mucho la perdiz, y con cuatro meses de retraso sobre el calendario habitual, Hacienda reunirá el próximo lunes, 17 de noviembre, a las 12 horas, a los consejeros autonómicos del ramo para proponerles el reparto de objetivos de déficit y deuda para el periodo 2026-2028. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tiene garantizada la aprobación porque cuenta con el 50% de los votos del órgano, así que le basta con el apoyo de una comunidad, y con ella se sentarán tres capitaneadas por el PSOE: Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias (Navarra, al igual que Euskadi, no está en el régimen común).
El posible calendario para la senda
La previsión es que la senda de estabilidad y el límite de gasto no financiero —el techo de gasto— pasen el siguiente trámite, el acuerdo del Consejo de Ministros, al día siguiente, martes 18. Desde la Moncloa se enviarán al Congreso y Senado. Hacienda cuenta con que el pleno de la Cámara baja pueda discutir y votar los objetivos de estabilidad —del techo de gasto solo se informa, no se vota— en la última semana de noviembre. Montero ya cuenta con que el documento será rechazado con seguridad. Ya lo asumía antes incluso de que Junts solemnizara la ruptura con los socialistas.
La ley orgánica de estabilidad presupuestaria señala, en su artículo 15.6, que si la senda cae, el Gobierno está obligado a tramitar el acuerdo por segunda vez y con el mismo procedimiento. Dado que Hacienda no cuenta con introducir cambios en su propuesta de objetivos de déficit y deuda pública, no haría falta reunir de nuevo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero el texto sí tendría que pasar por Consejo de Ministros, y de ahí otra vez al Congreso, que podría votarlo en el único pleno programado para diciembre, en la semana del 9, porque de lo contrario habría que esperar a una sesión extraordinaria a finales de enero o bien ya en febrero, en el periodo ordinario.
La previsión es que los objetivos de déficit y deuda serán rechazados por el Congreso en dos votaciones sucesivas que se podrían solventar antes de fin de año. Se volvería a la anterior senda y con ella habría que elaborar los Presupuestos de 2026
Una vez que la senda caiga dos veces, se vuelve a la anterior propuesta y con ese marco Hacienda elaborará el proyecto de Presupuestos de 2026. El ministerio siempre ha reiterado que no hay ningún problema si los objetivos son tumbados, porque lo que el Gobierno plantea es un reparto más generoso para comunidades y ayuntamientos, y si no sale adelante, el Estado tiene más margen para gastar.
El siguiente paso será la presentación de los PGE. ¿Pero cuándo? Sánchez, en octubre, en la SER, antes de la ruptura con Junts, se comprometió a que pasarían por el Consejo de Ministros antes de fin de año. Pero el pasado viernes, durante su rueda de prensa en Belém (Brasil), tras su intervención en la COP30, no quiso adelantar calendarios, pese a que se le preguntó explícitamente si mantenía su promesa. El presidente contestó que sobre los PGE hay "tres certezas". La primera, que el Gobierno los presentará —aun a riesgo de que se los echen abajo—. La segunda, que "sudará la camiseta". Y la tercera, que con o sin nuevas cuentas, España "seguirá avanzando" y el Ejecutivo "continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027".
El propio presidente no quiso ratificar su compromiso de que el proyecto sea aprobado por el Ejecutivo antes del 31 de diciembre. Este miércoles tampoco hubo precisiones: los PGE se presentarán "a continuación" de la senda
Este miércoles, y tras la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fuentes muy próximas a Sánchez tampoco quisieron hablar de fechas. ¿Cuándo se presentarán los Presupuestos? "A continuación" de la senda, se limitaron a expresar. Sin más precisiones. "No creo que lleguemos a tenerlos listos antes de fin de año", apuntaba otro integrante del círculo de confianza de Sánchez.
El momento en que se decida el Gobierno no es baladí. Porque si finalmente el Consejo de Ministros aprueba el proyecto, a sabiendas de que será derrotado, lo ha de llevar al Congreso para que arranque su tramitación parlamentaria y, como indica el reglamento de la Cámara baja, goza de "preferencia" con respecto a los demás iniciativas que estén en estudio en ese momento. Es decir, se pone en marcha de manera inmediata su calendario de tramitación, que se suele extender entre dos a tres meses, y la primera prueba de fuego es la del debate de totalidad.
Los precedentes de 1996 y 2019
Si el Ejecutivo pierde esa votación, el proyecto le es devuelto. Sánchez asumiría una enorme derrota política, muy distinta a la de otras iniciativas que, a lo largo de estos dos años de legislatura, ha podido perder. El presidente ha insistido en que sabe a lo que se expone, pero ha añadido siempre que, pase lo que pase, continuará gobernando hasta 2027, porque los PGE vigentes, los prorrogados de 2023, garantizan el crecimiento económico y la creación de empleo y el encaje de los fondos europeos.
Sánchez ha reiterado que se tumben o no los Presupuestos, la legislatura seguirá, porque los actuales, los prorrogados de 2023, son válidos dado que la economía y el empleo siguen creciendo
Hay escasos precedentes de una rechazo del Congreso a un proyecto de cuentas públicas. Ocurrió con los Presupuestos de 1996, los últimos de Felipe González, y ocurrió con los de 2019, los primeros de Pedro Sánchez, y en ambos casos la desembocadura (natural) fueron las elecciones generales. El presidente ha recalcado que la coyuntura actual es muy distinta a las anteriores, y en concreto a la de 2019, porque las cuentas actuales son suyas, de su Ejecutivo, aunque de la pasada legislatura, con una composición parlamentaria y del Gabinete distinta, y porque son expansivas. Pero la llave de una hipotética disolución de las Cortes la sigue teniendo en su mano.
Todo dependerá de cómo llegue el Gobierno a la decisiva votación de totalidad. Por lo pronto, Sánchez prometió este miércoles "esforzarse más" para recuperar el apoyo de Junts cuya portavoz, Míriam Nogueras, no tuvo reparos en llamarle "cínico" e "hipócrita". El Ejecutivo está haciendo gestos en materias importantes para los posconvergentes como un mayor castigo para los multirreincidentes —se decidió a desbloquear su proposición de ley, pero el obstáculo lo tiene con la izquierda parlamentaria— y se abre a publicar las balanzas fiscales, aunque el problema es que los de Carles Puigdemont "no comparten la metodología" del Ministerio de Hacienda.
Los carriles del discurso electoral están puestos, y en la Moncloa no lo niegan: "Queremos contrastar dos modelos con datos y realidades. La campaña existe y el presidente vive en la realidad en que vive"
En todo caso, el Gobierno se mueve claramente en dos terrenos. El de la gestión, y como prueba, el nuevo paso hacia los PGE de 2026, y el de la campaña, como dejó bien claro Sánchez en el pleno de este miércoles, cuando se lanzó sin ambages contra las comunidades gobernadas por el PP, aprovechando que el ciclo se abre en apenas un mes, en Extremadura. Y por lo que pueda pasar. Los carriles del discurso electoral ya están puestos. Se trata de contrastar modelos, de oponer la defensa de los servicios públicos al deterioro y hasta la "venta" de ellos patrocinados por la derecha. "Queremos contraponer dos discursos: el PP, que nos pide elecciones todo el tiempo", y ayer lo volvió a hacer Alberto Núñez Feijóo, "dice tener motivos para gobernar, pero nosotros también. Y queremos contrastar dos modelos con datos y realidades. La campaña existe y el presidente vive en la realidad en la que vive", admitían fuentes de la Moncloa, sin ocultar por tanto el aroma preelectoral de la intervención de Sánchez en tribuna.
En esa contraposición de modelos, lo que pasó a un segundo plano, y era algo buscado por el líder socialista, fue la corrupción. "Ya hicimos un pleno monográfico en julio, ya habló de ello en el Senado la semana pasada, en la comisión de investigación del caso Koldo. Es que el PP habla de una realidad que no existe, porque ve todo anegado de corrupción y al presidente en la cúspide. Nosotros hablamos de lo que importa al ciudadano. Y temas como la sanidad importan al ciudadano más de lo que dice siempre el PP", contestaban en la Moncloa.
El presidente quiso poner el foco en la gestión de los servicios públicos, en la batalla ideológica contra el PP, y no en la corrupción, que ya había abordado, defienden en su equipo: "Hablamos de lo que importa al ciudadano, como la sanidad"
España entra en campaña. Una larguísima campaña. Que comienza en Extremadura y sigue teóricamente en Castilla y León y Andalucía. Pero que se crucen más urnas en el camino es una posibilidad que nadie descarta. Podría ocurrir en la Comunidad Valenciana. ¿Y en España? Según la Moncloa, no, pero la llave maestra la sigue acariciando el presidente. Para cuando toque.
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