El Gobierno "respeta" la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el delito de revelación de datos reservados, pero también siente el "deber moral" de reconocer públicamente que no le gusta, que no la comparte, que discrepa radicalmente de ella. Una diferencia que no puede conducir, cree, a la "desconfianza" en las instituciones y, en particular, en los jueces.

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Fue el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien puso rostro y voz este jueves a la posición expresada por el Ejecutivo, vía comunicado, a las 14.42. Lo hizo a través de una declaración institucional, sin preguntas, en el palacio de la Moncloa. El presidente, Pedro Sánchez, acudía a la misma hora en el Congreso a la presentación de la serie de ficción Anatomía de un instante (Movistar Plus+), basada en la novela de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981.

Bolaños resalta que el Ejecutivo "siempre ha creído y defendido la inocencia" de García Ortiz, pero "el Poder Judicial ha hablado y resuelto esta causa", y por eso procederá al nombramiento de un nuevo (o nueva) fiscal general en los próximos días

Bolaños, con gesto grave, aseguró desde la Moncloa primero que el Ejecutivo, a la espera de conocer la sentencia —se tardará unos días, pues la ponencia pasa a asumirla el presidente de la Sala de lo Penal—, de "leerla y de analizarla en detalle", tiene el "deber legal de respetar el fallo". "Pero también [tiene] el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos", señaló.

Y la razón para la discrepancia es obvia: "El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Por ello les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado". Como ya adelantaba la Moncloa en su comunicado, Bolaños confirmó que "será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función". El ministro mostró asimismo el "reconocimiento" del Ejecutivo a la labor de García Ortiz y a su "compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad".

El titular de la Presidencia y Justicia trasladó otro mensaje relevante, consciente de lo divisiva que es ya esta sentencia en la opinión pública y cómo ha revuelto a la izquierda. "Quiero trasladar también otra reflexión a todos los ciudadanos de este país, especialmente a aquellos que no comparten este fallo —sostuvo—. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la Justicia. España es un Estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial". La sentencia, al ser dictada por el Supremo, sí lleva aparejada su ejecución inmediata, y por eso García Ortiz será inhabilitado para ejercer el cargo en cuanto se le notifique la resolución, pero puede recurrir. Primero, debe presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo Supremo —que no suele prosperar— como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Bolaños, pues, apuntaba al tribunal de garantías, en el que los progresistas son mayoría.

El titular de Justicia manifiesta también el aval del Gobierno a quienes "velan por la aplicación de la ley" y por "garantizar" el derecho a una información veraz: periodistas, inspectores y fiscales

El ministro envió, por último, un mensaje a quienes "velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz". "Tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales. A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor y quiero decirles que este Gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías. Estaremos siempre a su lado", remachó. El Gobierno se sitúa así del lado de quienes, mayoritariamente, defendieron en el juicio la inocencia de García Ortiz.

Desde el Congreso, también Sánchez reivindicó el trabajo de los "periodistas valientes" como los que aquel 23-F narraron a los españoles la amenaza de unos golpistas a la naciente democracia española. Si algo hay que recordar de lo que pasó 45 años atrás, justo ahora en que "vivimos tiempos complejos también para el periodismo", es el "valor insustituible del trabajo del periodismo y de la importancia de defender ahora y siempre la libertad de prensa". El presidente, en la presentación de Anatomía de un instante, alertó de que la democracia "no es un estado que se conquista de forma permanente", sino que es un "privilegio" que "debemos defender cada día".

Sánchez anima a proteger el "privilegio" de la democracia de "nostalgias infundadas, de intereses económicos, de campañas de desinformación y también abusos de poder"

Y a continuación introdujo una reflexión que parecía aludir a lo ocurrido hoy, la sentencia histórica, por primera vez en democracia, contra un fiscal general del Estado. La democracia debe defenderse, indicó, "de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma". "Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder. La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece. Y es lo que me gustaría hoy reivindicar. Nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla".

Bolaños marchaba de la sala de prensa justo tras concluir su declaración de apenas dos minutos en la Moncloa. Con gesto apesadumbrado, solemne. Ni él ni nadie podía ocultar el golpe a un Ejecutivo que siempre, en todo momento, cerró filas con el fiscal general.

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