El Gobierno perdió estrepitosamente su apuesta. Había defendido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hasta el final, estaba convencido en su "inocencia" y se implicó sin ambages, empezando por el propio presidente. Pero el Tribunal Supremo decidió este jueves histórico, otro 20 de noviembre, pero de 2025, condenar, por primera vez en democracia, al jefe del Ministerio Público, a dos años de inhabilitación especial para ejercer ese cargo y a 7.200 euros de multa por un delito de revelación de secretos. Una sentencia que el Ejecutivo "respeta", pero "no comparte".

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La Moncloa lanzó un comunicado a las 14.42, apenas 40 minutos después de que el alto tribunal trasladara el fallo sobre García Ortiz. En su nota, en la que deja claro que no le gusta la decisión de la Sala de lo Penal —adoptada por la mayoría de cinco magistrados conservadores frente a dos progresistas—, anuncia también el Gobierno que "en los próximos días" pondrá en marcha "el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho".

El Ejecutivo "desea reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado", concluye el breve comunicado gubernamental.

El fallo, que ha llegado muy rápido —la sentencia y los votos particulares se conocerán en unos días—, apenas una semana después de que el juicio quedara visto para sentencia, cae en uno de los momentos más delicados para el Gobierno, justo tras el nuevo informe de la Guardia Civil sobre el exsecretario de Organización Santos Cerdán, y cuando hasta el propio presidente había vuelto a expresar su total convicción de que García Ortiz sería absuelto.

En una entrevista en El País publicada el pasado 9 de noviembre, tras las primeras cuatro sesiones de la vista oral, Sánchez dijo rotundo: "He sido claro al manifestar que el Gobierno confía en la inocencia del fiscal general del Estado y más aún tras lo visto esta semana". En la Moncloa insistieron en que era una opinión dada por el líder socialista en una entrevista en prensa, que no pretendía interferir en el rumbo de la Justicia. En el fondo, el presidente reiteraba lo dicho en todo momento por su Gabinete, por su partido, por él mismo, durante los últimos meses: que no había "nada" y que lo único que había hecho García Ortiz era "perseguir el delito", defendiendo "la verdad", ya que había sido el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, quien había filtrado una secuencia de los hechos que era falsa: que había sido la Fiscalía la que había ofrecido una conformidad a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y que lo había retirado luego "por órdenes de arriba".

Había sucedido al revés: era Alberto González Amador el que se había dirigido al Ministerio Público para buscar un pacto. Ante ese "bulo", decía el Gobierno, García Ortiz había obrado bien defendiendo con una nota la labor de la Fiscalía, pero negaban que él hubiera sido el autor de la filtración del correo que desmontaba el bulo. Confiaban en su "inocencia". Sin pestañear. Hasta el final. La condena al fiscal general es, por tanto, un varapalo para el Ejecutivo. De incalculables consecuencias.

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