La expectación era total. Este domingo era la primera ocasión que tenía el presidente del Gobierno para pronunciarse sobre la condena al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo. Pedro Sánchez reiteró el mensaje capital que trasladó su Ejecutivo desde el primer minuto —respeto al fallo, sin compartirlo—, defensa de la "inocencia" de Álvaro García Ortiz y puesta en marcha del procedimiento de relevo. El líder socialista, sin embargo, prefirió no recrudecer las hostilidades con la Justicia, rechazó elevar el tono. Optó por medir bien sus palabras. Y también quiso apuntar hacia la siguiente pantalla: el Tribunal Constitucional, porque será la instancia que deberá resolver los aspectos "controvertidos" de la sentencia, todavía en redacción, de este caso. Luego quedaría, incluso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso cree que no tiene ahora mismo "ningún sentido" hablar de un indulto al fiscal general, tal y como ya advertían en su equipo en los últimos días.

Cuando el TS adelantó el fallo el jueves, quien puso rostro a la opinión oficial del Gobierno fue el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Sánchez, ese día, y en un acto en el Congreso, solo lanzó un mensaje lateral, aunque claro —hay que proteger la democracia de los "abusos de poder" y de quienes quieren "tutelarla o amordazarla"—. Pero este domingo sí tuvo que responder preguntas directas de los periodistas al término de la cumbre del G-20 en Johannesburgo (Sudáfrica).

A mí no me habrán escuchado nunca decir, como han dicho otros partidos políticos, que vamos a controlar la Sala Segunda por la puerta de atrás", señala el presidente en alusión a Marchena

"Ha habido distintos pronunciamientos por parte de miembros del Gobierno de España. Nosotros respetamos las sentencias del Tribunal Supremo", se arrancó. A partir de ahí, el presidente deslizó críticas implícitas a la decisión de los magistrados —dos años de inhabilitación para ejercer el cargo para García Ortiz y 7.200 euros de multa, más 10.000 euros de indemnización para Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por un delito de revelación de datos reservados—. "A mí no me habrán escuchado nunca decir, como han dicho otros partidos políticos, que vamos a controlar la Sala Segunda, que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por la puerta de atrás".

El presidente estaba aludiendo, sin citarlo, a quien es considerado uno de los factótum del alto tribunal, Manuel Marchena, expresidente de la Sala Segunda y en quien tanto él como Pablo Casado pensaron en 2018 para presidir del TS y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero ese acuerdo saltó por los aires cuando trascendió un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus compañeros de escaño para garantizarles que el partidario controlaría "desde detrás" la Sala Segunda, la que se iba a encargar de juzgar a los líderes del procés. En el Gobierno y en el PSOE consideran que Marchena ha influido decisivamente en sus compañeros magistrados conservadores para condenar a García Ortiz, y que en realidad actuaba por "venganza" por la ley de amnistía. Sánchez estaba deslizando por tanto la idea de que la sentencia tiene un carácter político.

"Nosotros respetamos las sentencias del Tribunal Supremo, como no puede ser otra manera, las acatamos, pero en una sociedad democrática como la que vive España, desde luego, podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia. Y yo la manifiesto, y la manifiesto porque creo en la inocencia del fiscal general del Estado", señaló, rechazando de paso que España sea una dictadura, como sostuvo el viernes Ayuso. El jefe del Ejecutivo adujo, para defender la inocencia de García Ortiz, los testimonios que en la vista oral dieron "periodistas acreditados de una dilatada experiencia en información judicial" y que dijeron con claridad que el fiscal general "no era el origen de las supuestas filtraciones" de las que le acusó el novio de la presidenta madrileña, González Amador.

Para defender la inocencia del fiscal general, el presidente se apoya en los testimonios de "periodistas acreditados de una dilatada experiencia en información judicial"

Para el presidente, tras la sentencia —"lamentamos este fallo, lo respetamos y lo acatamos", reiteró—, hay apenas "dos cosas que hacer". "La primera, poner en marcha el procedimiento para sustituir y para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado". Y dos, confiar en la vía de los recursos: "Hay otras instancias jurisdiccionales en las que se tendrán también que dirimir algunos de los aspectos, una vez se conozca el contenido de esta sentencia, que a lo mejor puedan ser controvertidos y también tengan que ser dirimidos por otras instancias". Sánchez estaba por tanto apuntando ya al Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, y que, como sucedió con el caso ERE, pueda acabar enmendando la plana al Supremo, en un nuevo choque entre los dos tribunales. El TC está presidido por Cándido Conde-Pumpido, fiscal general en la época del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El líder socialista había sido preguntado por la posibilidad del indulto. Él la rechazó, al menos de momento: "Hablar de otras cuestiones, como usted ha planteado, yo creo que ahora mismo no tiene ningún sentido". Sánchez confirmaba así lo que ya anticipaban otros miembros de su núcleo más cercano: no se ve la pertinencia de una medida de gracia cuando probablemente García Ortiz gane el pulso en el TC. Y por encima de él está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero antes siquiera de acudir al Constitucional, el fiscal general deberá presentar un incidente de nulidad ante el propio Supremo, que previsiblemente rechazará.

Sánchez prefiere no avanzar ni nombre ni perfil: "Ya lo sabrán cuando corresponda". Subraya que el Gobierno ha puesto al frente de la Fiscalía a personas de "dilatada trayectoria jurídica"

No hubo pistas por parte del presidente de quién ocupará la Fiscalía General del Estado. No quiso avanzar ni nombre ni perfil —"ya lo sabrán cuando corresponda"—, pero remarcó que el Gobierno ha puesto siempre al frente del Ministerio Público a personas de "dilatada trayectoria jurídica" y con "conocimiento importante de la materia". Sin embargo, el nombramiento de Dolores Delgado en 2020, cuando acababa de dejar el Ministerio de Justicia, fue muy criticado, y de hecho tras el pacto con el PP de 2024 esa opción, la destinar un ministro al Ministerio Público, ya no sería posible. También reconoció el presidente, como había hecho Bolaños el jueves, la labor "muy positiva" de García Ortiz al frente de la Fiscalía General. En el Gobierno apuestan por un candidato de perfil nítidamente progresista para mandar un mensaje de autoridad tras la condena del TS.

Y ante las críticas del PP de que el Ejecutivo no respeta la independencia de los jueces, Sánchez sostuvo que "siempre" se han mostrado "respetuosos" en el Gabinete con el Poder Judicial, mientras que "otros" —los populares— quieren controlar "por la puerta de atrás" la Sala Segunda del Supremo.

Sánchez fue preguntado asimismo por dos asuntos de política internacional. Por un lado, por la propuesta de paz para Ucrania del presidente de EEUU. A su juicio, debe ser revisada "en profundidad". Aunque han de ser saludados los esfuerzos de Washington, señaló, Kiev ha de estar en las conversaciones dado que se habla de su futuro. Y debe estarlo también Europa, porque está en juego la seguridad del propio continente. Como España ha defendido en más ocasiones, la invasión de Ucrania no solo afecta a su soberanía e integridad territorial, sino que lo que pretende Vladímir Putin es debilitar el proyecto europeo.

El jefe del Ejecutivo cree que la propuesta de paz de EEUU para Ucrania ha de ser revisada "en profundidad" para que estén Kiev y Europa. Apela al diálogo para resolver la crisis Trump-Maduro

De ahí que, a juicio de Sánchez, la oferta de Donald Trump deba ser revisada, "sobre todo para que los europeos y los ucranianos nos podamos sentir representados y construir una paz justa y duradera". El presidente destacó en ese punto la importancia de las conversaciones que se están desplegando este domingo en Ginebra sobre la propuesta de EEUU y en las que están presentes Ucrania y países e instituciones europeas. Sobre el deadline fijado por el presidente de EEUU —dio hasta el jueves a Volodímir Zelenski para que se pronuncie sobre su plan—, el líder socialista insistió en la necesidad de que participen Ucrania y Europea y, a partir de ahí, que se halle una solución lo antes posible.

Sobre la cancelación de vuelos a Venezuela por el aviso de EEUU de "extremar la precaución" al sobrevolar el país suramericano y el Caribe, Sánchez pidió abrir cauces de diálogo y respetar el derecho internacional. Es la posición tradicional de España, señaló, para recordar que el Gobierno no ha reconocido el resultado de las últimas elecciones en Venezuela, de cuya victoria se arroga la victoria Nicolás Maduro. Y pese a esa posición, añadió, el Ejecutivo siempre ha sido favorable a la apertura de diálogos que permitan solucionar esta crisis.