El Gobierno prevé aprobar el próximo martes la salida de Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia, después de que se haya señalado su posible papel en la protección del exasesor de Moncloa Paco Salazar, denunciado por presunto acoso sexual. La decisión, adelantada por eldiario.es, ha sido confirmada por fuentes del Ejecutivo, que explican que, aunque Hernández ha negado haber tratado de encubrir a su superior, ha aceptado que su continuidad resulta incompatible con la situación generada.
"Es un cese acordado y compartido", han explicado fuentes de Moncloa a El Independiente. "Él desde que tuvo conocimiento entendió que no era sostenible y obviamente desde Moncloa, al conocer los hechos se actúa con contundencia. Como siempre". Las mismas fuentes han asegurado que no se prevén más ceses.
La destitución llega un día después de que Pedro Sánchez asumiera personalmente "el error" de confiar en Salazar y negara públicamente que hubiera existido connivencia interna para ampararle en el partido. El presidente ofreció además apoyo institucional y jurídico a las dos militantes socialistas que han denunciado el caso si finalmente optan por llevarlo a la Fiscalía.
El nombre de Hernández, en las denuncias
Según eldiario.es, Hernández figuraba en las denuncias como colaborador cercano y persona de confianza de Salazar. El medio atribuye su salida a una decisión tomada "con rapidez" tras conocerse estos extremos y sitúa en la dirección del proceso al jefe de gabinete, Diego Rubio, junto con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Las denuncias internas fueron cursadas a través del canal antiacoso del PSOE y apuntan que el comportamiento de Salazar –del que se han descrito actitudes humillantes y misóginas hacia mujeres de su entorno laboral– se vio favorecido por la posición de Hernández dentro del organigrama. Trabajadores del departamento lo describen como su mano derecha en Moncloa, responsable de un área con personal cualificado y con una trayectoria vinculada a la dirección política del Ejecutivo desde etapas anteriores.
Montero ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde hasta ahora ocupaba la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva. Otros cargos próximos a Salazar se mantienen de momento en la dirección regional.
Esta supone la segunda destitución directa relacionada con las denuncias. El Gobierno insiste en que no tuvo información previa sobre el papel atribuido a Hernández y que la reacción se ha producido tras conocerlo a través de la vía orgánica del partido y de la información publicada. En paralelo, Sánchez ha reiterado que el Ejecutivo ofrecerá apoyo a las denunciantes en caso de que decidan judicializar los hechos.
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