El pleno de este jueves en el Congreso de los Diputados será el último, al menos ordinario, hasta la segunda semana de febrero. Las elecciones en Extremadura precipitan el parón invernal una semana antes de lo estimado, dado que la última semana de campaña no puede coincidir con actividad en las Cortes Generales, incluido en el Senado. El objetivo es doble. Por un lado, que los diputados puedan participar en la campaña electoral -al menos los de esa comunidad autónoma o los de primera línea del partido- y que los plenos no se usen para intentar influir en la campaña. Desligar lo institucional de lo electoral, en definitiva.

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Tras este último pleno estaba prevista una nueva semana de sesiones plenarias antes de Navidad que pusiera el broche al primer ciclo del año político iniciado en septiembre. Pero las elecciones lo impiden. Los 349 parlamentarios -teniendo en cuenta que José Luis Ábalos está ya suspendido tras su entrada en prisión provisional- no tendrán, por tanto, que acudir a pleno hasta el 10, 11 y 12 de febrero. Hay que destacar que enero es mes inhábil en el Congreso y que las primeras semanas de mes, regularmente, tampoco hay convocatorias plenarias más allá de sesiones en las comisiones que puedan convocarse.

A lo que sí tendrán que acudir los diputados es a las reuniones de la Diputación Permanente, al menos aquellos que sean miembros electos. Se trata de un órgano que sustituye al pleno y da continuidad al Parlamento para impedir que quede completamente sin actividad. Además de enero, se activa durante el periodo estival, generalmente entre julio y agosto. Aunque en los últimos años julio está contando con notable actividad plenaria extraordinaria. La Diputación Permanente está compuesta por 69 miembros, en consonancia con el equilibrio de fuerzas del hemiciclo.

Está previsto, además, que se habiliten dos fechas en enero para la celebración de sesiones en la comisión de investigación por la gestión de la dana. Así lo comunicó este miércoles su vicepresidente primero, de Sumar, Nahuel González, al mismo tiempo que anunciaba la intención de convocar a representantes de Vox y de Revuelta para explicar el choque que atraviesan por un supuesto desvío de donaciones ciudadanas destinadas a las víctimas de la tragedia.

El resto de comisiones ordinarias, salvo extrema urgencia, solo se pueden reunir en periodo de sesiones. Todo pasa por la Diputación Permanente.

Sin control al Gobierno

Del mismo modo que no se celebrarán plenos, de no ser que haya alguna citación de urgencia, el Gobierno carecerá de control parlamentario hasta esa segunda semana de febrero. La de este miércoles fue el último del año, con un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo con las denuncias de acoso sexual dentro del PSOE como eje de confrontación. Sánchez se ausentará este jueves de la sesión. Ha pedido el voto telemático.

Los populares, de hecho, se quejaron en la última sesión por las notables ausencias de miembros del Gobierno. Faltaron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, así como Fernando Grande-Marlaska, de Interior, Margarita Robles, de Defensa, Óscar Puente, de Transportes, Carlos Cuerpo, de Economía, o la de Educación y ministra Portavoz, Pilar Alegría, que se trasladó a Zaragoza para reunirse con el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Estas ausencias fueron cuestionadas por el PP in situ. Los días previos, los populares ya resaltaban su intención de promover una reforma del Reglamento del Congreso para obligar a los ministros a justificar sus ausencias en el pleno. Los de Feijóo, en previsión de ese adelanto, de hecho, solicitaron a la Mesa del Congreso recuperar esa semana perdida, o bien con una semana extraordinaria en enero, o bien en la primera de diciembre, en vista de esa ausencia de sesiones regular.

Ya el año pasado no se recuperaron las semanas perdidas por el adelanto de las elecciones de Cataluña o por las que tocaban en País Vasco. Y por ende, los controles al Gobierno. No todo ha sido percibido como negativo por la oposición: a finales de abril se pospuso el último pleno del mes para que el PP pudiese participar en el congreso del PPE celebrado en Valencia. Si hay elecciones en Aragón a principios de febrero, como se estima, se podría sortear ese aplazamiento correspondiente. No se evitará para las de Castilla y León en la semana previa al 15 de marzo. Tampoco en Andalucía a mediados de año, aún sin fecha.

Se disminuyen los jueves de vacío

Otra de las grandes quejas parlamentarias de esta legislatura es la cantidad de jueves que se han omitido de la agenda semanal cotidiana por ausencia de leyes a debatir o a aprobar. Por ejemplo, en el ciclo de sesiones pasado, de febrero a julio, de las once semanas plenarias celebradas solo cuatro acontecieron en jueves. Cotidianamente, los jueves son los días de mayor relevancia por la aprobación de legislaciones. Eso ha levantado quejas tanto en la oposición, como en los socios del Gobierno, caso de ERC o el PNV. Creen que es una evidencia de la fragilidad del Ejecutivo. Esto se ha compensado en este ciclo, con 8 de 11 semanas con tres jornadas de pleno.

En concreto, este jueves llegan a pleno las enmiendas aprobadas en el Senado para la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que entre otros quiere prohibir las llamadas publicitarias de spam o que brinda a los usuarios la posibilidad de que las grandes empresas les atiendan por teléfono en las lenguas cooficiales de su comunidad de haberlas. Por otro lado, se vota la senda de estabilidad para los próximos presupuestos. Se prevé su rechazo, lo que dará pie a que el Gobierno presente su proyecto con la senda anterior. Entre otros, se someterán a votación decretos-leyes, como el que recoge el aumento salarial para los funcionarios.

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