Mientras el PP aguarda a que Vox deshoje la margarita para dar viabilidad a sus respectivos gobiernos en Extremadura y Aragón, y la espera de que se abra otro frente de negociación en Castilla y León, comienza a coger fuerza la idea de que Santiago Abascal vuelve al estadio inicial antes de este ciclo de elecciones: controlar al PP desde fuera de los gobiernos.
Al inicio del actual curso electoral, como publicó este medio, fuentes nacionales de Vox dejaban constancia de los beneficios que había traído a la marca la salida de los gobiernos de coalición tejidos con el PP en Aragón, Extremadura, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Castilla y León en julio de 2024, por decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). El principal: la subida en las encuestas y la rotura del techo electoral, ahora alrededor del 18% según diferentes estudios. Dejaban dudas de si volverían a pedir la entrada en Ejecutivos con el PP. En noviembre se omitió, de hecho, en la Comunidad Valenciana tras la elección del nuevo president Juanfran Pérez Llorca en suplencia de Carlos Mazón.
Ya en diciembre, la previsión de buenos resultados alimentó el runrún en Extremadura: la duplicación de escaños frente a un PP con una representación similar podía llevar a Vox a enmendarse a sí mismo y pedir entrar. Fue a principios de enero, después de las fiestas de Navidad cuando, en una entrevista, Abascal puso precio al apoyo de María Guardiola para convertirse de nuevo en presidenta de la Junta de Extremadura: una vicepresidencia y varias consejerías. En proporcionalidad a la representación de cada partido. Ese hecho ya marcó un antes y un después. Ni si quiera Guardiola tuvo vicepresidente en la legislatura anterior.
En los días posteriores al pronunciamiento de Abascal, fuentes nacionales de Vox precisaban: la exigencia radica en la "desconfianza" que les genera Guardiola después de una campaña tensa, de cruce de acusaciones y simpatía a políticas sociales, de igualdad o feminismo que sorprendieron a Vox. Se daba a entender que Extremadura era la excepción dentro de esa norma general que sí podía a aplicarse en otros enclaves.
Tan solo una semana después se procedió a suspender el diálogo con ella y el PP de Extremadura al no ver asumidas las exigencias. Los populares aseguraron que el 90% del pacto estaba hecho y que fue Vox quien dinamitó para poder afrontar sin ataduras las elecciones autonómicas de Aragón. Ahora, retomadas en lo que se ha publicitado como un "reinicio" del diálogo pese a baches como el de la semana pasada a raíz del documento marco del PP para afrontar esas negociaciones, la idea de que Vox vaya a entrar en los gobiernos populares exigiendo una coalición pierde algo de fuelle.
Se aplaza esa exigencia previamente troncal
Por un lado, ha dejado de verbalizarse desde el partido. El reparto de cuotas de gobierno ya no aparece en declaraciones públicas de Abascal o los rostros de la primera fila después de que hayan sonado exigencias en competencias de áreas como Agricultura, Economía, Industria o Empleo, así como el control de la radiotelevisión pública. Se asume en algunas capas de la formación la dificultad que habría a falta de un año de las generales de dar coherencia al discurso contra el bipartidismo si al mismo tiempo se convive con el PP. Desde el sector popular, del mismo modo, no creen que Abascal esté dispuesto a asumir directrices de un gobierno de Guardiola o de Jorge Azcón, o a adoptar un perfil institucional en un momento en el que aboga por convertirse en la papeleta protesta.
La posición oficial de Vox es que el partido ha entrado en un periodo de negociaciones con el PP en el plano autonómico y nacional, con la presencia del secretario general Miguel Tellado o la jefa de Gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela, y que habrá dos fases.
La primera, en la que ambas formaciones se encuentran inmersas, es la de fijar un programa de gobierno, clave para Vox. Se quiere conseguir un compromiso de cumplimiento íntegro y que cualquier política vaya acompañada de un presupuesto garantizado para ello. Y eso es clave, porque demuestra la importancia material para Vox de que existan "garantías" para el cumplimiento, lo que no requeriría presencia de Vox para ejecutarlo y de lo contrario habría un cese inmediato del apoyo. No hay descartar que se confeccione un calendario de plazos para evitar que cualquier asunto se dilate.
Según expresan fuentes nacionales de Vox, el partido deja "aparcado" hasta la siguiente fase cualquier negociación sobre entrar o no en un ejecutivo de coalición. Si se considera apropiado para ver ejecutadas sus exigencias, se pedirá. Esto supone un paso importante respecto al posicionamiento de enero. Se da a entender que ya no es imprescindible esa fórmula y que la vía valenciana puede ser factible como lo viene siendo -con altibajos- en enclaves como Baleares, el único sitio donde Vox desde el principio se quedó fuera en 2023.
Preguntados por ello, desde el PP aseguran que en las conversaciones que se han ido dando desde la reactivación del diálogo la semana pasada no ha habido ninguna reclamación de entrar en la Junta de Extremadura o en el Gobierno de Aragón. Una de las demandas durante las respectivas campañas ha sido el deseo de conseguir el apoyo suficiente para gobernar en solitario.
Vox no habría pedido la presidencia de las Cortes de Aragón
Tampoco se ha reclamado contraprestaciones como volver a tener la presidencia de la mesa en Aragón, que este martes abre la nueva legislatura en las Cortes. Cualquier cesión será un termómetro del momento por el que pasan PP y Vox en esa región, cuyo diálogo es más ameno. Con esa incógnita por delante, al PP no le preocupa dar una imagen de asimetría, con cesiones en Aragón en el inicio de negociaciones y bloqueo en Extremadura, con una derrota en primera votación de la investidura de Guardiola a las 24 horas.
Los populares priorizan llegar cuanto antes a los pactos, independientemente del formato que se elija y siempre que se respete sus puntos de partida. Descartan que una dilatación de los tiempos pueda ser beneficiosa para ellos. No entran a valorar si lo es para Vox, pero creen que el elector castellano y leonés no vota en clave de lo que pase en otras regiones sino de acuerdo a sus preocupaciones. Creen que a mayor celeridad, mayor beneficio para los extremeños y los aragoneses. Ambas partes comparten el principio de cerrar "un buen acuerdo" cuando toque, más allá de plazos.
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