Sánchez se abre a trabajar su "propuesta" de vivienda con Sumar, pero advierte de que el Gobierno no puede intervenir los alquileres

Es una "propuesta". Por ahora, no hay una norma ya redactada y cerrada. Aunque los carriles están claros. Sí a los incentivos a los caseros para que mantengan los precios de sus alquileres, pero no a congelarlos por norma. Fue la respuesta que este lunes, tras su reunión con el primer ministro griego, dirigió el presidente del Gobierno a su socio de coalición. Sumar considera "injusta e ineficaz" su medida, anunciada por él mismo apenas tres horas antes, de bonificar el 100% en el IRPF a los propietarios de viviendas que renueven sus contratos sin subirles la renta a sus arrendatarios, compensándoles lo que ganarían si lo incrementaran.

La vivienda es un asunto clave para el Ejecutivo, y uno de los que más enfrenta a PSOE y Sumar, porque ambos, aunque comparten el diagnóstico del problema, discrepan en las soluciones. La formación de Yolanda Díaz lleva semanas empujando para que el Gobierno apruebe la "prórroga inmediata y obligatoria" de los 600.000 contratos de alquiler que vencen este año. Los socialistas son conscientes de que la vivienda es la principal inquietud ciudadana, una preocupación aún más consistente entre sus electores, pero tanto la Moncloa como el Ministerio de la Vivienda que dirige Isabel Rodríguez se niegan a esa medida, aduciendo que no es posible una intervención de los precios por ley.

Esta medida no va a contar con nuestro apoyo. No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios", asegura Pablo Bustinduy

Sánchez tenía pendiente, para este arranque de año, el anuncio de una medida de impacto en esta materia. Y la avanzó este lunes junto a Rodríguez en el acto de inicio de los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid. Allí adelantó que el Gobierno aprobará un real decreto ley con medidas "urgentes y contundentes" en beneficio de los tres millones de hogares que viven en alquiler en España. La norma contendrá, anticipó, una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos caseros que renueven sus contratos a sus inquilinos sin subirles el precio, compensándoles lo que ganarían si lo incrementaran.

"En los términos en los que se ha anunciado esta medida no va a contar con nuestro apoyo. No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios", replicó desde su ministerio el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. El dirigente de Sumar tachó la medida de "injusta e ineficaz".

Sánchez mantuvo, después del acto de la operación Campamento, una reunión en la Moncloa con el primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, y allí se le preguntó por el enfado de Sumar. El presidente recordó que el "hecho cierto" es que este año tienen que revisar sus contratos "1,6 millones de contratos de alquiler" y que la vigente ley de vivienda da "palancas" a las comunidades autónomas para frenar ese alza de los precios. Pero también es "cierto", siguió, que hay gobiernos autonómicos —en clara referencia a los dirigidos por el PP— que "se niegan a aplicarla".

Recuerda el presidente que los gobiernos autonómicos del PP se niegan a aplicar la ley de vivienda, por lo que el Gobierno tiene que recurrir a "herramientas" propias como los incentivos

Y como eso sucede, como hay CCAA que no tiran de los instrumentos disponibles en la ley de vivienda, el Gobierno, defendió Sánchez, tiene que recurrir a "herramientas" propias, las de la Administración General del Estado, para intentarlo. ¿Cómo? Incentivando fiscalmente a los propietarios que acepten no subir la renta a sus inquilinos. "Es la propuesta que hacemos. Es un real decreto ley que vamos a aprobar en las próximas semanas y que vamos a trabajar todos los socios del Gobierno, y evidentemente lo vamos a trabajar también con el socio de nuestro Gobierno, el que pertenece también al Gobierno de coalición", sostuvo.

El Ejecutivo, insistió, necesita "crear herramientas y políticas que permitan contener esa revisión al alza desmesurada" de los alquileres que en muchos casos se pueda producir. Y la vía que él plantea es la de los incentivos. Pero es una "propuesta", insistió. "Pese al debate", está "convencido" de que los grupos aprobarán una medida que es "buena para la gente" y que "no enfrenta a propietarios e inquilinos", ya que "les une en pos de un bien común, que es la estabilidad, la prosperidad y la certidumbre".

Fuentes del Ejecutivo explican que ahora no se puede justificar la intervención directa de los alquileres, como quiere Sumar, porque este es un momento distinto al de la pandemia. En el entorno de Sánchez creen que a Sumar le puede la presión que sobre ellos ejerce Podemos, quien se siente "muy cómodo en la guerra de propietarios e inquilinos". El ala socialista, en todo caso, defenderá su propuesta de incentivo fiscal y buscará convencer a los caseros, que espera que se persuadan de lo ventajoso del plan porque, por ejemplo, se ahorran el engorro y el riesgo de buscar a otros inquilinos, reteniendo así a sus actuales arrendatarios. Recuerdan también en el círculo del presidente que la propia ley de vivienda contempla estímulos fiscales, y Sumar lo apoyó. "Decir que una medida es insuficiente es una crítica, pero no es un motivo para votar en contra", cuentan.

Sánchez defiende que es una medida "buena para la gente" y que no enfrenta a propietarios e inquilinos. En Moncloa ven a Sumar presionado por Podemos y avisan de que no es como en la pandemia

En el PSOE molesta especialmente que la formación de Díaz siempre apunte hacia Rodríguez, cuando cree que debe poner el acento en que son los gobiernos del PP los que no aplican la ley de vivienda. Piden en la Moncloa a Sumar que sea consciente de que la apuesta del presidente por atajar el problema es "decidida", pero también de que el Ejecutivo no dispone de una "varita mágica". "Nosotros trabajamos para arreglarlo y el PP trabaja para bloquear la ley. El reto es que los ciudadanos lo vean", añaden, estableciendo el paralelismo con la denuncia que de la gestión pública hacen los gobiernos autonómicos liderados por los populares.

En el equipo de Sánchez también defienden que no se negociara previamente el plan anunciado este lunes con Sumar. La competencia, recuerdan, es de un ministerio del PSOE, capitaneado por Rodríguez. "A no ser que las competencias sean compartidas, no se negocia. Tampoco entre los ministerios del PSOE. Lo importante es que son medidas buenas y sencillas de implementar", razonan.

Experiencia "contrastada" en "sudar la camiseta"

La misma convicción que tiene Sánchez respecto a que su decreto ley sobre vivienda será aprobado la tiene respecto a su propuesta de financiación autonómica, presentada el pasado viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Este Gobierno tiene una experiencia contrastada", agregó, en "sudar la camiseta y dialogar con las fuerzas parlamentarias para sacar cosas que inicialmente pueden parecer difíciles". Lo decía porque el rechazo del PP es claro y también Junts ha adelantado su negativa.

No obstante, buena parte de la rueda de prensa con Mitsotakis giró en torno a Venezuela y la operación de EEUU que acabó con la captura / secuestro de Nicolás Maduro y la gobernación del país ahora en manos de Delcy Rodríguez, la presidenta "temporal", la rotuló en varias ocasiones.

Somos un Gobierno proatlantista que defendemos la vigencia y el vigor de la Alianza, pero esa relación no admite desigualdades y es importante trabajar conjuntamente desde el respeto", subraya

España, alegó, cuenta con un "Gobierno proatlantista", y lo demuestra "con palabras y hechos". Contribuye a la "seguridad colectiva" y lo demuestra de forma continua con esos más de 2.000 efectivos militares desplegados en el este de Europa ante la amenaza "neoimperialista" del presidente ruso, Vladímir Putin, o con la reunión a la que él mismo acudió la semana pasada en París de la coalición de voluntarios para construir "garantías de seguridad" para Ucrania cuando acabe la guerra.

"Somos un Gobierno proatlantista que defendemos la vigencia y el vigor de la Alianza Atlántica, pero esa relación no admite desigualdades y es importante trabajar conjuntamente desde el respeto y teniendo en cuenta la comunión de valores y principios de todos los países occidentales", añadió. Pero ese proatlantismo no significa relación de "vasallaje", precisó, sino "de igual a igual". Una defensa de los valores que debe ejercerse tanto frente a Putin como "ante cualquier otra cuestión que tenga que ver con la violación del Derecho internacional", dijo, aludiendo a las pretensiones de Donald Trump con Groenlandia. Un territorio que el presidente norteamericano ya ha advertido de que quiere controlar "por las buenas o por las malas".

Sánchez también explicó este lunes ante los periodistas su conversación del viernes con la presidenta "temporal" de Venezuela y con el líder opositor, Edmundo González, refugiado en España. A Delcy Rodríguez le trasladó la "necesidad de seguir liberando presos políticos". También destacó el presidente la conversación que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares —presente durante la comparecencia de este lunes—, mantuvo con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

"Nos hemos mostrado dispuestos a trabajar conjuntamente con ellos, también con la presidenta temporal de Venezuela y también con la oposición venezolana, para abrir el paso a una transición que tiene que ser pacífica" e "inclusiva", que congregue a todos cuantos integran, dijo, la sociedad venezolana. "Al fin y al cabo, el futuro de Venezuela, si tiene que decidirlo alguien, son los propios venezolanos, y el resto de países lo que tenemos que hacer es contribuir a que se produzca esa transición, unas elecciones libres, transparentes, limpias y un Gobierno plenamente legítimo", remachó.

El líder socialista reconoce el trabajo de Zapatero para la liberación de los presos. También aplaude a Repsol por su oferta a Trump para "invertir con fuerza en Venezuela": "Máximo respeto" y "aprecio"

Sánchez reconoció además el trabajo de José Luis Rodríguez Zapatero, muy señalado por la derecha y la ultraderecha, para la liberación de los presos políticos. El líder socialista remarcó que el "buen hacer", junto al de otros actores y países, está haciendo posible las excarcelaciones. Así, se felicitó de la vuelta de los presos españoles, como prometió a los familiares de tres de ellos cuando les recibió el pasado diciembre.

Donde no encuentra "vasallaje" Sánchez es en las relaciones de Repsol con la Administración Trump. El pasado viernes, el consejero delegado de la compañía española, Josu Jon Imaz, trasladó al presidente americano que su empresa está preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y para multiplicar por tres su producción de crudo. El líder socialista manifestó este lunes su "máximo respeto" a la presencia de Repsol en Venezuela, y alegó que los "criterios privados" con los que opera son "absolutamente legítimos".

Sánchez insistió en que para una transición democrática en el país caribeño es necesaria "también" la presencia y cooperación económica de las compañías privadas, y esa es la razón por la que el Gobierno, además de respetar las decisiones de la petrolera, "aprecia" la presencia de empresas españolas en Venezuela y en otros países latinoamericanos. Recordó en ese sentido que su Ejecutivo siempre ha defendido, hasta en situaciones "críticas", de máxima tensión con Caracas, "los intereses de Repsol en todos los foros internacionales y ante todos los gobiernos".

A Sánchez también se le preguntó por las críticas internas, dado que este lunes el exministro Jordi Sevilla presentó su manifiesto para propiciar un "cambio de rumbo" en el PSOE y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el barón más crítico con el Gobierno y con Ferraz, rechazó de plano la propuesta de financiación autonómica y pidió directamente elecciones generales. "Somos una organización profundamente democrática y respetamos todas las opiniones de los compañeros", se limitó a expresar.