Las dos partes están de acuerdo en que el acuerdo llegará, pero ninguna sabe adelantar cómo. Porque las posturas de uno, PSOE, y otro, Sumar, son diametralmente opuestas. El presidente del Gobierno quiere (y ha anunciado) bonificaciones fiscales para los dueños que mantengan o bajen el alquiler a sus inquilinos. El socio minoritario de la coalición insiste en que "nunca" aceptará los incentivos tributarios a los caseros. Ninguno tiene voluntad de ceder por ahora, ninguno está dispuesto a arriar la bandera. Y la tensión aumenta. "No somos capaces de entender tanta sinrazón", braman en el ala socialista. "Esto es un cisma. Lo nuestro no es postureo. Ese decreto ley con las bonificaciones, o se lo comen o lo pactan con el PP", responden en la formación de Yolanda Díaz.

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No se vislumbra cómo poder embridar las diferencias. Cómo diluir el choque. El compromiso de Pedro Sánchez es tener lista la norma "en las próximas semanas". Tictac.

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La coalición de PSOE y Sumar, que ha navegado más tranquila que la anterior, la de los socialistas con Unidas Podemos, ha alcanzado su momento más crítico. Y podía ser previsible, porque la vivienda es una cuestión hipersensible para los dos socios porque lo es para sus respectivos electorados: si para el 42,6% de los españoles, según el barómetro de enero del CIS (2,7 puntos más que en diciembre), es la principal inquietud, para los votantes de las dos fuerzas de izquierdas la angustia por ella crece. Sumar cree que España se halla en una "emergencia habitacional", que urge aplicar medidas extraordinarias y radicales, que no se puede andar con paños calientes. El PSOE asegura que comparte el diagnóstico, que es preciso contener la escalada de precios, pero discrepa en las recetas. Y las heridas entre ambos se han hecho aún más profundas en la última semana.

Los dos partidos integrantes del Ejecutivo llevaban meses discutiendo sobre cómo hacer frente al galopante ascenso de los alquileres. Sumar planteó un borrador de real decreto ley en el que la medida estrella era la congelación de todos los contratos de arrendamiento —600.000 vencerían este año, y afectarían a 1,6 millones de personas, según sus cuentas—, una propuesta que el Ministerio de Vivienda, que pilota Isabel Rodríguez, tachó siempre de contraria a la Constitución. La respuesta al apremio de los Díaz la dio el pasado lunes el propio presidente en un acto de inicio de demolición de los cuarteles de Campamento, donde Casa47, la entidad estatal de vivienda, construirá 10.700 pisos asequibles. Sánchez anunció la aprobación, "en las próximas semanas", de un decreto ley en el que, además de la regulación contra el "fraude" y el "abuso" del alquiler de temporada y de habitaciones —una cuestión más pacífica—, se incluiría la bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que no suban la renta a sus arrendatarios. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el que en Sumar ha liderado las negociaciones, calificó la medida de "injusta e ineficaz" y adelantó que su grupo se opondría a ella.

El jefe del Ejecutivo se comprometió a "trabajar" con Sumar y con el resto de aliados parlamentarios —los socios de izquierdas también mostraron su rechazo— para alumbrar un texto de consenso, aunque se mostró convencido de que se alcanzaría un acuerdo sobre su plan de incentivos fiscales, porque es una iniciativa "buena para la gente" y que sobre todo "no enfrenta a propietarios e inquilinos". Y ahí yacía uno de los argumentos para los socialistas: no irritar a muchos ciudadanos, potenciales votantes, que cuentan con un piso y que ponen en alquiler para complementar su sueldo o su pensión.

Desde entonces, las dos formaciones se han enzarzado en una espiral de declaraciones. Sin que se atisbe una aproximación de posturas. Este viernes, Bustinduy, en rueda de prensa en la sede de su ministerio, advirtió de que Sumar no aceptará "nunca" atajar la crisis de la vivienda vía bonificaciones a los caseros, así que la única vía que le queda al PSOE es rectificar y negociar la prórroga de los contratos.

El titular de Derechos Sociales rebatió uno de los argumentos recurrentemente utilizados por los socialistas en estos últimos días: que la ley estatal de vivienda de 2023 ya incluía incentivos fiscales para las zonas tensionadas y Unidas Podemos votó a favor. Bustinduy adujo que es un escenario "radicalmente diferente" la aplicación de una bonificación fiscal para los pequeños propietarios, y con efectos compensatorios, en una zona declarada tensionada, con regulación de precios y donde opera una extensión de los contratos a una propuesta que plantea un incentivo para aquellos caseros que de manera opcional decidan no subir la renta de un alquiler y se eliminen, así, "los impuestos que tienen que pagar". Nada que ver, incidió, un "contexto de precios controlados y de regulación del mercado", que es lo que indica la ley de vivienda —aunque es una medida que él no comparte, pero él no estaba en el Gobierno cuando se aprobó, recordó—, a una "bonificación fiscal y punto", que es lo que anunció Sánchez.

"La única vía hacia delante es la rectificación y negociación hacia la prórroga de los contratos [...]. Vamos a estar con la mejor de las actitudes y la más constructiva", recalcó Bustinduy, ministro al alza en las filas de Sumar. Para el ministro, la prórroga de los alquileres es una medida acorde con la Constitución y viable, y que además se ha aplicado hasta en ocho ocasiones en los últimos seis años, "en cinco de ellas fuera del estado de alarma", y en ningún caso el Tribunal Constitucional la ha tumbado.

En el ala socialista se reconocen sorprendidos por la firmeza de la posición de Sumar, aunque creen que puede acabar cediendo. "Igual Bustinduy está de campaña interna", desliza un miembro del Ejecutivo, apuntando al interés que el ministro podría tener para promocionarse para una futura candidatura dentro de su espacio de cara a las siguientes generales. Los socialistas aseguran que no ven motivo para la "cerrazón" de la formación de Díaz. "No soy capaz de entender tanta sinrazón", manifiesta a El Independiente esta misma ministra.

En Vivienda no quieren bajar a los detalles técnicos de las conversaciones con sus socios —tampoco desean hacerlo en el equipo de Bustinduy—, pero creen que puede haber fórmulas satisfactorias, siempre que pivoten en torno a la idea de las bonificaciones. El patrón puede ser la aplicación progresiva —esto es, incentivos de hasta el 100% en función de si se bajan o se mantienen los precios y su cuantía—, como ya está recogido en la ley para las zonas tensionadas. "Todo lo que pueda ser positivo y viable es bienvenido". Indican que no tendría mucho sentido diferenciar entre grandes tenedores y pequeños propietarios. En primer lugar, porque los primeros no contribuyen vía IRPF, dado que son empresas y fondos de inversión, y en segundo término porque el objetivo es "bajar la renta a los inquilinos", y "no discriminarles en función de quién es el propietario de su piso".

"Es que las prórrogas de los contratos es una solución que ya existe y que se incluyó en la ley de vivienda, y si no se aplica no es por culpa del ministerio, sino de los gobiernos autonómicos del PP, que se niegan a declarar zonas tensionadas. No es que no hayamos pensado en ello, es que quien boicotea la legislación es el PP. En Cataluña no tenemos este problema porque los precios están topados", contraponen fuentes cercanas a Rodríguez.

El objetivo de Vivienda es "bajar las revoluciones", intentar que se serenen las aguas para que prosigan los contactos y cuaje un acuerdo que ha sido imposible de alcanzar en meses. "Por nosotros no va a quedar. Pero no vamos a responder. Sumar busca el conflicto con este ministerio pero no lo van a conseguir. Lo que no ayuda es la actitud que tienen, o que digan que o su borrador de decreto o nada", se quejan en el staff del ministerio. En el círculo de Rodríguez piden ser realistas y abandonar las expresiones que señalan a los caseros: "¿Todo el mundo que tiene un piso en alquiler es superrico y exprime a la gente? No es así. El 80% de las casas de alquiler son de pequeños propietarios. ¿Todos son malas personas y sanguijuelas? No podemos caer en esos extremos".

Sumar se ha sentido dolida con las formas del PSOE. "Nos avisaron cinco minutos antes de salir de manera unilateral Sánchez a anunciar esto", protestó Díaz el miércoles en La hora de La 1, en TVE. Cuentan que a los socialistas no les pudo pillar de "sorpresa" la respuesta de sus socios, porque conocían su oposición a los incentivos fiscales, una política de estímulo que el partido de Sánchez, por otro lado, siempre ha defendido. En el círculo del presidente responden que la competencia es de Vivienda, un ministerio socialista, y por tanto no tiene que comunicar los anuncios a la otra parte, como tampoco ocurre a la inversa.

¿Hubo error de cálculo del presidente? ¿No midió bien el impacto de su anuncio? Fuentes próximas a la vicepresidenta Díaz entienden que no, que Sánchez pidió ideas a su Gabinete para recuperar la iniciativa en este arranque de año y lanzó una que generaba especial rechazo entre sus socios. "Es que son dos huevos duros más. La ministra sabía que nuestra posición era diametralmente opuesta a la de los incentivos. Y con su anuncio ahora ha encabritado a todo el mundo", relatan. Una versión que no casa con la del entorno de Sánchez: "El presidente anunció lo que quería anunciar y acabarán apoyando la medida".

Pese al enconamiento de las posiciones, en la Moncloa se sienten "optimistas" y creen que será factible un consenso. "Ellos se molestaron y en las primeras 72 horas hicimos pedagogía. Ahora no hay especial crispación". En la sala de máquinas del Gobierno insisten en que no se apearán de su posición y que la negociación se producirá sobre sus "bases", es decir, sobre la política de incentivos, porque además estiman que es la única que puede recabar apoyos entre los socios de izquierda y de derecha del Ejecutivo, porque se sitúa en el fiel de la balanza. Medidas como la congelación de los alquileres, avisan, no serían apoyadas por formaciones de derechas como Junts y PNV, cuyos votos son imprescindibles. "Llevamos al Congreso iniciativas que se pueden aprobar, que pueden reunir una mayoría suficiente y que intentan impedir que sigan subiendo los alquileres, que es el objetivo que todos compartimos. El que tenga una idea mejor y concite una mayoría del Congreso, que la proponga", apuntan desde el núcleo duro del líder socialista, en el que anticipan que no tendría ningún sentido trasladar a la Cámara un decreto ley con recetas muy intervencionistas que fuera tumbado. "Esto no es una bandera, son medidas", remarcan.

"Es que se pueden entender las críticas de aquellos que dicen que lo proponemos es insuficiente, pero es que la solución que ellos proponen no tiene votos —continúan desde la Moncloa—. La dificultad de que este sea un Gobierno en minoría parlamentaria no afecta solo al PSOE".