El Gobierno garantiza que habrá subida de las pensiones pero no avanza cómo: primero quiere "señalar" al PP por tumbarla

"Actuaremos con absoluta responsabilidad". El Gobierno se queda ahí. Hasta ahí quiere leer. Por ahora. En una suerte de déjà vu, lanza un mensaje semejante al de hace un año: la revalorización de las pensiones quedará garantizada, los jubilados recibirán en febrero lo mismo que están a punto de percibir este enero, no tienen nada que temer. ¿Pero cómo resolverá el Ejecutivo el desaguisado? ¿Cómo revertirá la decisión del Congreso de tumbar el real decreto ley que incluía esa actualización de las pensiones, con los votos de PP, Junts y Vox? Todavía la Moncloa no da esa respuesta. No es el momento, insiste. Primero quiere "señalar" a los que han caído en la "irresponsabilidad" de privar a los pensionistas de la subida. Y ahí está el PP, porque con los posconvergentes, aunque hayan unido sus votos a la derecha y la ultraderecha, Pedro Sánchez tendrá que buscar una salida. Igual que sucedió hace un año. Y, a priori, la solución pasaría, según las palabras de los de Carles Puigdemont, por trocear el texto, sacando fuera de él la prórroga del escudo social, moratoria antidesahucios incluida, que es capital para la izquierda.

El Gobierno estrenó el año parlamentario este martes con un revolcón. El pleno en la Cámara baja debatió la convalidación de los dos decretos leyes que el Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre. Por un lado, el de prórroga del escudo social, que incluía la revalorización de las pensiones —un incremento general del 2,7% en 2026, un 7% para las mínimas y del 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV)—. Por otro, el de extensión de las ayudas al transporte y creación del abono único. El primero cayó por 178 votos (PP, Junts, Vox y Unión del Pueblo Navarro) frente a 171 apoyos. Su derrota ya estaba clara desde el lunes, porque los populares habían adelantado su no y los posconvergentes habían registrado una iniciativa propia con el alza de las pensiones de manera aislada. El segundo decreto sí salió adelante, y eso que ahí Junts se había guardado sus cartas: al final, apoyó el texto redactado por el Ministerio de Transportes. El decreto cosechó 179 votos a favor —los de todo el bloque de investidura, además de UPN—, con las 137 abstenciones del PP y los 32 votos en contra de Vox. Es decir, que en esta segunda norma, dada la posición de los populares, con la que no se contaba, era irrelevante lo que hicieran los de Puigdemont.

De dos decretos, una victoria, un fiasco. Ese fue el marcador de esta primera sesión de 2026 en el Congreso. Pero, de nuevo, la entidad de la derrota fue mucho mayor, porque afecta ni más ni menos que a 10 millones de pensionistas. Un colectivo muy numeroso, un grupo de votantes demasiado importante para los dos grandes partidos, para PSOE y PP.

El Ejecutivo, consumado el rechazo del decreto ley, lanzó básicamente dos mensajes: que buscará el modo de que se garantice el poder adquisitivo de los jubilados y que antes quiere que se queme el PP, que sea señalado por tumbar el texto (junto a un Junts al que apenas cita como responsable). "Frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores", aseguró el propio Pedro Sánchez, que acudió a la votación en la Cámara baja, en un vídeo grabado para redes sociales. El presidente acusó a la dirección de Alberto Núñez de tomar como "rehenes" a los jubilados por sus propios intereses partidistas. "Lo ha vuelto a hacer otra vez", condenó, recordando que el Ejeuctivo de Mariano Rajoy desligó en 2013 la subida de las pensiones a la evolución de los precios para que apenas crecieran cada año un 0,25%, para luego acabar votando en contra de las revalorizaciones conforme al IPC que ha ido aprobando el Ejecutivo progresista. El año pasado, recordó, también quiso hacerlo, pero acabó rectificando.

Lo que ocurrió hace justo un año

Y es que lo ocurrido ayer martes se parece mucho a lo que pasó un año atrás. Entonces, PP, Junts y Vox tumbaron el decreto ómnibus que el Gobierno había impulsado a finales de 2024 y que incluía, entre otras medidas, la actualización de las pensiones. La primera respuesta de la Moncloa fue intentar que el PP se achicharrara por su no. Pero en paralelo negoció con Junts una salida. Al final, y pese a que había prometido lo contrario, acabó troceando el texto.

De las 80 medidas iniciales, salvó 29 y las empaquetó en un nuevo decreto que incorporaba, sí, la subida de las pensiones, pero también la moratoria antidesahucios, la que se venía prorrogando año tras año desde la pandemia. También se salvaron los descuentos al transporte, las ayudas para los damnificados por la dana y por el volcán de La Palma, y la prohibición del corte de suministros básicos a los más vulnerables. Incluso se quedó en la nueva redacción la cesión del palacete de la céntrica avenida de Marceau de París al PNV. Lo que sí se introdujo en el nuevo decreto ley, para compensar a los posconvergentes, fue la creación de una línea de avales por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago en el alquiler de viviendas para jóvenes y familias vulnerables.

Este segundo decreto ley salió adelante sin problemas en el Congreso, apoyado por Junts... pero también por el PP. Los populares recularon, conscientes del riesgo de que calase el mensaje de que no apoyaban a los jubilados. Sus votos, sin embargo, eran irrelevantes, porque con el sí de los posconvergentes el texto estaba salvado.

Ahora, en 2026, el esquema en cierta medida se repite. El decreto ley que ayer rechazó la Cámara baja recogía la subida de las pensiones, sí, pero también la moratoria antidesahucios, la prohibición de interrupción de los suministros básicos a familias vulnerables, la prórroga del bono social eléctrico, la extensión de las cotizaciones sociales a los autónomos, ayudas para los afectados por la dana o los incendios o la eliminación de la obligación de presentar la declaración de la renta para los perceptores de las prestaciones por desempleo. Y también se incluían las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. Es decir, medidas, como se encargó de repetir ayer el Gobierno, que ya votaron los populares (y Junts) en febrero de 2025, cuando pasó por el Congreso la versión mutilada del primer ómnibus.

"El Gobierno quería que los mayores eligieran entre su pensión y su casa", contrapuso Alberto Núñez Feijóo en un mensaje también para redes sociales. "Que tramite este tema en exclusiva como le ha pedido la Cámara, y deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación". "Pedro Sánchez os está mintiendo, aunque no es nada nuevo. Pensiones SÍ, okupaciones NO", sintetizó. Unas palabras clavadas a las de la portavoz parlamentaria de los posconvergentes, Míriam Nogueras: "Hemos dejado muy claro que sí a las pensiones, no a las okupaciones".

El Ejecutivo, desde el primer momento, se centró en dirigir sus ataques al PP. Sin zaherir a Junts, hasta el pasado octubre sus socios (inestables) de investidura y a los que quiere recuperar. El texto que este martes se rechazó era "el mismo" que se llevó a votación hace un año, y "entonces" los populares "votaron a favor". "Priorizan una derrota de Sánchez al beneficio de la gente —aseguró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa en la Moncloa tras la reunión de Sánchez con el lehendakari, Imanol Pradales—. No se puede ir contra la mejora de la vida de la gente por victorias partidarias y por tanto hay que señalar a quien lo hace [...]. La irresponsabilidad es de quien ha evitado hoy que esto saliera adelante".

"Lo que votaban era una vergüenza"

El ministro estaba apuntando a las claras la estrategia de la coalición: señalar al PP. No es momento, aducen en la Moncloa, de anticipar los siguientes pasos, que se darán, pero a su debido tiempo. En público, pero también en privado, la respuesta de todos los miembros del Ejecutivo era la misma: que se explique el PP, que se pidan cuentas al PP. "Hoy es el día de recordar quién ha perjudicado a los pensionistas", advirtió el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en los pasillos del Congreso.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gabinete, Yolanda Díaz, arremetió contra los populares por arrebatar los 50 euros de media de más que están ya cobrando los jubilados en sus nóminas de enero: "En el PP no podían ni aplaudir derrotando al Gobierno de España porque sabían que lo que estaban votando era una vergüenza".

En palabras de Torres, lo que ocurrió este martes no fue una "derrota del Gobierno", sino "una derrota de los pensionistas". Los populares son los "responsables" de un "paso atrás". Algo "absolutamente irracional", denunció. Un paso "atrás" que contrastaba con el "paso adelante" dado por el Consejo de Ministros ayer, al avanzar hacia el real decreto que regularizará de forma extraordinaria a unos 500.000 inmigrantes que viven en España y que no tienen papeles ahora mismo.

Frente a la "irresponsabilidad" del PP, el Gobierno, prometió Torres —y, antes que él, todos en el Ejecutivo—, actuará con "absoluta responsabilidad", situándose "al lado de los pensionistas".

La duda es cómo. Porque si Sánchez segrega la subida de las pensiones de la prórroga del escudo social, se aseguraría, sí, la revalorización para los jubilados, pero no tendría tan fácil aprobar por separado las medidas para los más vulnerables, que son las que menos gustan a Junts (y al PP), sobre todo la moratoria contra los desahucios. Y si quiere preservar ambas partes unidas, tendría que negociar con los posconvergentes, y estos siguen muy esquivos tras la ruptura de relaciones del pasado diciembre.

Y es que ni siquiera convenció a Junts que el ministro Bolaños, en el pleno de este martes, anunciara que las ayudas a propietarios por el impago de sus inquilinos que tanto reclamaban los de Puigdemont se dotarán con 300 millones de euros mediante acuerdo del Gobierno. "El pasado mes de diciembre aprobamos una novedosa línea de avales para arrendadores que hoy mismo [por ayer martes] hemos dotado con 300 millones de euros en Consejo de Ministros para casos de impago de la renta a pequeños arrendadores", explicó Bolaños, que añadió que se están "estudiando fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección" a los propietarios porque "no hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia". Esa línea de avales es la que aparecía ya incluida en el decreto mutilado pactado con Junts en enero pero le faltaba concreción, una reglamentación que se aprobó en diciembre pasado y que ahora ya tiene cifra.

El Gobierno tiene una herramienta para intentar atraerse a Puigdemont: la delegación de las competencias migratorias a Cataluña. La ventana vuelve a estar abierta después de que Bolaños cerrase con Podemos la normalización administrativa de medio millón de inmigrantes. Ahora, los morados se abren a negociar ese traspaso a la Generalitat, despojando al texto que consensuaron PSOE y Junts de todo sesgo "racista".

La salida para garantizar la subida a los pensionistas no es tan lineal, tan sencilla como podría parecer. "Pero nosotros buscamos soluciones, y las encontramos, como pasó con el reparto de menores llegados a Canarias. Cuando tengamos la salida, la explicaremos", aseguraba un ministro. La clave es cómo lo instrumentará el Ejecutivo esta vez y también cuándo, porque Aragón está en campaña electoral antes de sus elecciones del 8 de febrero. No está claro si el Gobierno anunciará qué camino toma antes de esos comicios o justo después. Lo que sí es incuestionable, apuntan en la Moncloa, es que los pensionistas no verán menguada su nómina de febrero. La ecuación se despejará antes.