Al segundo siguiente de que cayera el martes el real decreto ley de revalorización de las pensiones y de prórroga del escudo social, por el voto conjunto de PP, Junts y Vox, la pregunta ya se dirigía al Gobierno: ¿cuál era su plan b? ¿Cómo garantizaría que se salvaría la subida de unos 50 euros más de media para los jubilados en la nómina de febrero y en las siguientes? El Ejecutivo no quería contestar. No era el momento. Era el momento, decía, de "señalar" al PP por su "irresponsabilidad". Esa pantalla no la ha pasado. Socialistas y Sumar quieren seguir presionando a los populares. Pero en la Moncloa son plenamente conscientes de que la salida real pasa por Junts. Y su posición de partida es que las medidas de protección para los más vulnerables, entre las que se incluye la moratoria antidesahucios —la que rechazan con palabras idénticas conservadores y posconvergantes—, deben también quedar a resguardo. Esas medidas, las que génericamente se agrupan bajo la rúbrica de escudo social, "son tan importantes" como la actualización de las pensiones. Y son varias: la prohibición de corte de los suministros básicos a las familias con menos recursos, el alza del ingreso mínimo vital (IMV), la prórroga del bono social, la congelación de las cotizaciones de los autónomos, las ayudas a los bomberos y agentes forestales, o a los afectados por la dana.

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"Vamos a intentar salvar todo el decreto ley", aseguran a este diario desde el núcleo duro de presidente, Pedro Sánchez. Otra cosa es que el Gobierno lo consiga. Pero ese es el objetivo. Y, recuerdan, no es tan estrambótico. Porque hace un año tanto Junts como el PP votaron a favor de ese escudo social. Con la moratoria antidesahucios incluida.

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El año pasado, PSOE y Junts pactaron trocear el primer decreto ómnibus, y recogieron en un texto 29 de las 80 medidas iniciales. Se salvaba, dijo Sánchez, "la práctica totalidad" del escudo social

Un año atrás, PP, Junts y Vox tumbaron el primer decreto ley ómnibus. Un compendio de 80 medidas entre las que figuraban la subida de las pensiones, los descuentos al transporte o las relativas a la vivienda. Una semana después, el Gobierno cerró un acuerdo con la formación de Carles Puigdemont. Un pacto que suponía trocear el texto, sacar de él las cuestiones de carácter más económico, las ayudas del plan MOVES (de movilidad eléctrica) o las entregas a cuenta. Se cerró así la redacción de un segundo decreto ley recortado, con 29 de las 80 medidas iniciales, que salvaba "la práctica totalidad" del escudo social del primer ómnibus, tal y como proclamó el propio Sánchez en su comparecencia ante los medios del 28 de enero de 2025. Lo que sí se incorporó, a petición de los independentistas, fue la creación de una línea de avales a cuenta del Estado para cubrir los impagos en el alquiler de familias vulnerables. El nuevo texto, el ómnibus II, fue convalidado el 12 de febrero por 315 votos a favor —y ahí estaban Junts, pero también el PP—, 33 en contra (Vox) y una abstención (Unión del Pueblo Navarro). Con aquella negociación, Gobierno y Junts descongelaron su relación, que había llegado a un punto de máxima tensión.

Ahora, la situación es parecida y al mismo tiempo distinta. Porque el decreto ley derogado el martes es mucho menos amplio que el ómnibus I pero contiene dos patas principales: pensiones y la prórroga del escudo social, además de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. Y porque el diálogo con los posconvergentes no es que se haya enfriado, es que está oficialmente roto. Los de Puigdemont entienden que no tienen nada que hablar con el Gobierno por sus múltiples "incumplimientos". Y eso complica toda salida, como reconocen en la Moncloa.

La norma derogada el martes contiene pensiones y prórroga de las medidas para los más vulnerables, además de las entregas a cuenta a las CCAA. Pero el diálogo con Junts está no frío, sino roto

En las últimas horas, ante la evidente sensación de déjà vu, se preguntaba al Ejecutivo por qué no desgajó la subida de las pensiones del resto de medidas. Junts y PP reiteraron que si se presentaban aisladamente, en un decreto aislado, darían su apoyo. Pero no podían validar el resto de iniciativas. "Pensiones sí, okupaciones no", sintetizaron con argumentos calcados tanto Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, como Míriam Nogueras, portavoz de los posconvergentes en el Congreso.

La pregunta, para el Ejecutivo, tiene fácil solución, como explican en la Moncloa: "Cuando llegamos al final de cada año, hay que actualizar ciertas medidas sociales para mantener la igualdad. Por eso es igual de importante el escudo social como las pensiones. Por eso no queremos desgajar el capítulo de pensiones. Son las dos caras de la misma moneda. Es igual de importante una cosa y la otra". A fin de cuentas, el Gobierno se dirige, con esas medidas diseñadas para la población más vulnerable, a su parroquia electoral de izquierdas, pero a la vez contenta las demandas de sus socios progresistas, singularmente Podemos, y también ERC y EH Bildu.

No queremos desgajar el capítulo de pensiones. Son las dos caras de la misma moneda. Es igual de importante una cosa y la otra", indican en Moncloa

La operación es, sin embargo, más complicada de materializar. En el Gobierno reconoce que "los tiempos no acompañan", porque aún queda una semana de campaña electoral en Aragón y no hay actividad en el Congreso, de tal manera que tiene más difícil "apretar públicamente al PP". Y tampoco tiene un tiempo infinito: para que los 10 millones de jubilados no vean una merma de ingresos en su nómina de febrero respecto a la de enero, el nuevo decreto tiene que estar aprobado (y asegurados sus apoyos) antes de finales del próximo mes, antes de que se emita la orden de pago por parte de la Seguridad Social.

Real decreto ley 16/2025, de 23 de diciembre, derogado por el Congreso el 27 de enero de 2026Descarga

La baza de la delegación de competencias

¿Cuándo se comenzará a encarrilar la solución? "Depende del feeling y del aire que nos llegue de Junts y de Podemos", contestan en el enorno de Sánchez. Y es que en el Ejecutivo subrayan que quienes tienen ahora la palanca para convencer a los posconvergentes son los morados. Ione Belarra e Irene Montero han admitido que su partido, una vez que ha pactado con el Gobierno la regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes, está dispuesto a negociar la delegación de las competencias migratorias a Cataluña, una cuestión absolutamente capital para Puigdemont. Podemos tumbó ese traspaso el pasado septiembre, por considerar que se trataba de una iniciativa "racista", y ahora "tiene en sus manos utilizar esa llave", aseguran en el corazón del Ejecutivo.

En el Ejecutivo creen que Podemos puede explicitar que apoyará la transferencia a Cataluña a cambio de que Junts respalde el escudo social, incluyendo la moratoria antidesahucios

Es decir, se trata, insisten en el equipo del presidente, de que los morados presionen a Junts: que expliciten que apoyarán la transferencia a Cataluña a cambio de que los posconvergentes respalden el escudo social, incluyendo la medida que tanto les irrita, la moratoria antidesahucios.

Montero aseguró el martes en SER Catalunya que estaban dispuestos a hablar de la delegación de las competencias migratorias, "modificando" el texto que acordaron PSOE y Junts para que "no tenga ningún contenido racista", ni en la exposición de motivos ni en el articulado. Un día después, en la misma emisora, Nogueras hizo hincapié en que "el articulado no se tocará ni un pelo". Pero la portavoz no fue tan enfática respecto al preámbulo. Es decir, que a su formación no le importa tanto que se pula.

Los posconvergentes se abren a que el preámbulo del texto de cesión de competencias acordado con el PSOE pueda ser modificado, pero el articulado "no se tocará ni un pelo", "es lo que se acaba aplicando"

"A nosotros lo que nos interesa es el articulado, que creo que nadie se ha quejado de él, es lo que se legisla, lo que se aprueba y lo que constata este traspaso de competencias. Esperemos que vuelva a registrarse la ley y que se apruebe el articulado, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. La gesticulación y los titulares a nosotros no nos solucionan el problema", sostuvo. El articulado es "lo que se acaba aplicando", en el que "no hay contenido ideológico", es una cuestión "muy técnica", mientras que la exposición de motivos, siguió la diputada, es "una introducción que no es la parte legal". Era en el preámbulo en el que PSOE y JxCAT escribieron que la inmigración puede suponer "un riesgo para la convivencia y la cohesión social".

Donde sí se mostró más inflexible Nogueras fue en la cuestión del decreto ley. La dirigente independentista criticó que el PSOE planteara en una misma votación "dos temas que nada tienen que ver uno con el otro". Afeó a los socialistas que tengan ganas de bloquear la revalorización de las pensiones para "rascar cuatro votos", los de Podemos, porque la prohibición de desahucios para personas vulnerables está ligada, a juicio de Junts, a las ocupaciones de vivienda. El mismo argumento que usa el PP y que rebaten socialistas y Sumar.

La ministra de Vivienda subraya que el decreto no ampara la "delincuencia", sino a personas que son vulnerables y a quienes las CCAA han de buscarles una alternativa habitacional y si no se halla, se suspende el lanzamiento

Durante toda la jornada, tanto el Ejecutivo como el partido intentaron combatir los razonamientos de los populares (y de Junts). Así, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, recordó que "la okupación con K es delincuencia", y se refiere a los "delitos de allanamiento o de usurpación". A los que protegía el decreto ley ya derogado (y que el Gobierno pretende salvar) son "personas que atraviesan por una situación de adversidad y no tienen recursos y necesitan un sitio para vivir". A estas personas vulnerables es a quienes las comunidades autónomas, las administraciones competentes, han de buscarles una alternativa habitacional (una vivienda social o de emergencia). Y si no disponen de ella, entonces se aplica la moratoria: se suspende el lanzamiento, se impide que sean desahuciadas. El propietario, si es una persona física con menos de diez viviendas, puede acceder a una compensación por lo que deje de ingresar a cuenta del Gobierno.

Dejar macerar las decisiones

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció el martes, en la defensa del decreto luego derogado, que el Consejo de Ministros acababa de aprobar la dotación de 300 millones para la línea de avales para arrendadores que PSOE y Junts incluyeron hace un año en el ómnibus II y que fue desarrollada reglamentariamente el pasado diciembre. Pero ni siquiera eso sirvió para convencer a los posconvergentes.

Hay que trabajar en todo caso todo el texto, porque afecta a millones de personas: a pensionistas, a familias vulnerables, a los perceptores del IMV, a los beneficiarios del bono social, a los bomberos y agentes forestales...", enfatizan en la ejecutiva

En la Moncloa sostienen que ahora toca esperar. Que los grupos vayan macerando sus posiciones, vayan moviéndose. Y si el nudo no se desbloquea, entonces sí tocará al Gobierno "tomar decisiones". "Pero aún es pronto, no estamos en esa pantalla. Primero, que cada partido hable", relatan. La dificultad evidente es que Junts "no quiere negociar nada con el Gobierno", porque solemnizó en octubre la ruptura con los socialistas, que fue respaldada por sus bases. "Otra cosa es que Podemos ha lanzado su mensaje y que ahora esperemos el mensaje de vuelta de Junts. Pero Podemos es quien puede coger el teléfono y llamarles, y Podemos nos puede llamar a nosotros", señalan las mismas fuentes. En el puente de mando del Ejecutivo aconsejan prudencia porque nada está hecho. Ni siquiera lo que parece más obvio, la delegación de las competencias migratorias a Cataluña. Puede que finalmente el acuerdo ni siquiera salga adelante, admiten. Y por eso mismo podría llegarse a una última pantalla que los socialistas no quieren contemplar, que es desgajar la revalorización de las pensiones. "Es que hay que trabajar en todo caso todo el texto, porque afecta a millones de personas: a pensionistas, a familias vulnerables, a los perceptores del ingreso mínimo vital, a los beneficiarios del bono social, a los bomberos y agentes forestales...", insiste una integrante de la ejecutiva socialista.

Desde Bruselas, donde presentó la candidatura de Málaga a albergar la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, atizó al PP por su decisión. Es un partido que "siempre busca la excusa" para votar no a la actualización de las pensiones, sin importar "lo que acompañe la norma" porque realmente lo que "no comparte" es la subida de las nóminas de los jubilados.

"Piensa que el sistema de pensiones no es sostenible, piensa que a los pensionistas no hay que actualizarles la pensión según haya subido el nivel de vida y todos los años está votando en contra de revalorizar las pensiones", sostuvo Montero, quien insistió en que el real decreto ley tumbado el martes en el Congreso es "exactamente el mismo" que el que se votó "en segunda vuelta el año pasado" con el voto a favor tanto de Junts como del PP. Lo que ocurrió es que los populares "solo cambian su voto" cuando "ya no es necesario", cuando ya el Ejecutivo cuenta con los respaldos suficientes para sacar una iniciativa adelante, como ya "ocurrió el año pasado" con el ómnibus II.

Montero recalca que el texto tumbado el martes es "exactamente el mismo" que el que se votó en segunda vuelta en 2025. Díaz se niega a desgajar el escudo social, es el PP quien debe "rectificar"

En La hora de La 1, en TVE, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue explícita respecto a la negativa del Gobierno a segregar el escudo social. A su juicio, no hay que sacar ninguna medida del decreto, "quien tiene que rectificar es el PP, que ha golpeado a 10 millones de pensionistas en España". Bolaños, preguntado en Barcelona si cabe separar las pensiones de los otros temas del texto para facilitar su aprobación, fue menos directo: "Estamos trabajando y analizando todos los escenarios": "Vamos a tener soluciones, seguro", garantizó, "vamos a proteger y defender a los pensionistas" del "daño" de la "derecha". Él es, junto con la vicepresidenta Montero, el interlocutor con todos los grupos.

El PP no se mueve y critica al Gobierno por sus "malas artes"

Mientras, el PP siguió con su discurso. Feijóo, consciente del riesgo de que sus siglas se vean asociadas al no al aumento de las pensiones, mostró el "compromiso inexcusable" de su partido con la revalorización de las pensiones, hecho que contrapuso a las "malas artes" del Gobierno, que toma a los jubilados "como rehenes". "Si le preocupan los okupas, que no cuente con el PP, porque una persona que tiene una vivienda tiene derecho a poseerla pacíficamente y a cobrar la renta", respondió el jefe de los conservadores, quien defendió que hay que atender a las personas vulnerables, pero no a costa de los propietarios, sino con políticas sociales y de vivienda adecuadas, informa EFE.

El PNV recomienda al Ejecutivo que "no se la vuelva a jugar" con las pensiones y saque del texto las medidas que no tengan consenso. Y advierte de que el fondo para los propietarios "no funciona"

El PNV, el socio más fiel del Ejecutivo y el que suele ser más visinario, recomendó al Gobierno que "no se la vuelva a jugar" con las pensiones y saque del decreto ley las medidas que no concitan el consenso de la mayoría de la Cámara. El propio partido jeltzale no está de acuerdo con la moratoria antidesahucios, pero la apoyó por responsabilidad. Y no la comparte porque "atiende solo esa vulnerabilidad, pero supone que los pequeños propietarios no cobran las rentas", en palabras de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, en rueda de prensa este miércoles en la Cámara baja. El fondo de compensación que creó el Ejecutivo para estos arrendadores, señaló, "no funciona y los propietarios cobran tarde y mal, y, al final, asumen la carga que tendría que asumir el Gobierno". "El Gobierno es consciente y lo comparte, pero el oportunismo político hace que no todos lo digan claramente", deploró. Como una salida posible, los nacionalistas vascos piden que los dueños de una sola vivienda en alquiler queden exentos de las medidas antidesahucios.

Todos, Gobierno y grupos, están en la primera pantalla, en la que sigue a la conmoción de la derrota del decreto ley. Para llegar hasta la última, hasta la solución de la partida, faltan días y negociación por delante. Los jubilados veran asegurada su subida de la pensión. Cómo se logrará es aún una pregunta sin respuesta.