El Gobierno enfila pesimista la votación del decreto antidesahucios: "Hoy por hoy no tenemos el voto de Junts"

En el fondo, todo puede pasar porque Junts, como acostumbra, no ha adelantado públicamente aún qué hará, y es muy probable que apure hasta el último minuto, por aquello de mantener la tensión hasta el final, pero en el Gobierno ven más que negro el futuro del decreto ley de escudo social, que se someterá a la convalidación del Congreso la próxima semana. Por el momento, las señales que han mandado los posconvergentes, de quienes pende la suerte del texto, son muy negativas, de tal manera que en el Ejecutivo asumen que puede decaer y, con ello, evaporarse la protección para miles de familias vulnerables. "Hoy por hoy no tenemos el voto de Junts", admiten en el corazón del Gobierno. Bastaría su abstención, pero esa posibilidad también está lejana.

La próxima semana, la Cámara baja tendrá que ratificar o derogar cuatro reales decretos leyes y, según los cálculos de la Moncloa, tres de ellos serán previsiblemente convalidados sin problemas: el de subida de las pensiones —recibirá el apoyo incluso del PP, además del de la formación de Carles Puigdemont—, el de ayudas a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida y el que topa los precios de determinados bienes y servicio en situaciones de emergencia (para impedir, por ejemplo, que se disparen los billetes de avión tras un siniestro ferroviario, como ocurrió tras la tragedia de Córdoba). El obstáculo, por tanto, está en el cuarto, el de escudo social, el que contiene la moratoria antidesahucios, rebajada tras el pacto con el PNV y Coalición Canaria.

El Ejecutivo espera el plácet del Congreso para la subida de las pensiones, las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida y el tope de precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia

El Gobierno sufrió una contundente derrota el pasado 27 de enero en el pleno del Congreso. Junts se unió a PP y Vox y tumbó el decreto ley ómnibus que el Consejo de Ministros había acordado a finales de año. El texto contemplaba multitud de medidas pero había una que levantó la oposición de las derechas: la prórroga de la prohibición de los desahucios a las familias vulnerables. Junts y PP utilizaron argumentos calcados: "Pensiones sí, okupas no".

El Ejecutivo emprendió entonces una negociación para intentar salvar al máximo posible el decreto tumbado. Pero tuvo que desgajarlo en dos. Por un lado, la actualización de las pensiones, que suscita un aval mayoritario. Por otro, el conjunto del escudo social: la moratoria antidesahucios, sí, pero también la extensión del bono social eléctrico, la prohibición de los cortes de suministro a los hogares con menos recursos, las ayudas a los afectados de la dana y de los incendios forestales, los incentivos a los vehículos eléctricos o la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La Moncloa, ayudada por el Ministerio de Vivienda, moduló la redacción de la prohibición de los lanzamientos. Cerró un acuerdo con PNV y CC con la esperanza de que también lo aceptase Junts, que se mueve en el mismo espectro ideológico y con el que, al menos de manera oficial, las negociaciones están rotas desde el pasado octubre. Con la nueva redacción, los dueños de una o dos viviendas podrán echar a los inquilinos que no les paguen. Y si son propietarios de tres o más pisos, existe un contrato previo y el juez les declara vulnerables, entonces también podrían continuar con el procedimiento de desalojo de sus arrendatarios. Podemos, aunque calificó primero de "pacto criminal" la entente alcanzada con los nacionalistas vascos y canarios, acabó aceptando el nuevo texto y anunció su voto a favor hace casi dos semanas.

Con el texto derogado, avisan en el Gobierno, decaerán muchas medidas de amparo de los más vulnerables. Por ahora en la Moncloa no se plantean presentar el decreto por tercera vez

Así que todo quedaba y queda en manos de Junts. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ya dijo, justo el día de aprobación del nuevo decreto por el Consejo de Ministros y horas antes de que se publicase en el Boletín Oficial del Estado, que, "a falta de conocer la letra pequeña", su grupo se situaba en el no, porque se trataba de una "medida injusta".

En el Ejecutivo no lo daban todo por perdido porque percibían una cierta fisura en los posconvergentes, entre los más contrarios a facilitar cualquier votación a Pedro Sánchez —entre ellos, Nogueras—, y los más pactistas —como el secretario general, Jordi Turull—. Pero en los últimos días esa sensación ha ido cambiando y ahora la impresión que tienen los socialistas, que no la certeza, es que Junts votará no y, por tanto, hará descarrilar el decreto antidesahucios, "dejando a muchas familias en la calle". Y, con ese texto derogado, insisten, decaerán muchas medidas de amparo de los más vulnerables y ayudas como las de la dana o las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos. ¿Cabría presentar por tercera vez la norma? "¿Pero para qué vamos a llevarlo de nuevo? ¿Para que nos lo tumben por tercera vez? Quizá a lo mejor hay que señalar a los que lo tumban", responde un alto cargo del complejo presidencial.

Por el momento, y a una semana vista de la votación en el Congreso, "no hay avances" con Junts, según confirman distintas fuentes de primer nivel del Ejecutivo. "Hoy por hoy no tenemos el voto de Junts", resumen en el núcleo más cercano al presidente. Los posconvergentes no están deslizando ninguna voluntad de diálogo, no plantean ofrecer sus votos a cambio de alguna otra cuestión fuera del decreto, como en otras ocasiones ha ocurrido. Y para el Ejecutivo es síntoma de que el voto de los de Puigdemont "no tendrá que ver con su acuerdo o no con el contenido del texto", sino con su intención o no de asestar un varapalo a Sánchez. Tampoco hay mucho margen de maniobra porque un real decreto ley se vota en sus términos: o se deroga o se convalida, ya que aunque quepa tramitarlo como proyecto de ley para introducir modificaciones, en la práctica no se hace nunca porque al Gobierno —a este y a todos— le interesa obtener la ratificación directa, no meterse en un proceso de negociación de enmiendas.

Por ahora, "no hay avances" con Junts, ni negociación, ni los posconvergentes han lanzado señales. Para el Gobierno, es síntoma de que su voto "no tendrá que ver con su acuerdo con el texto"

En la Moncloa se reconocen algo desconcertados con Junts, porque en realidad no ha confirmado públicamente su voto. "Y probablemente no lo sepan aún sus diputados, porque esto no se decide aquí, sino allí", indica uno de los negociadores con los grupos, en alusión a que la decisión final se trenzará en Waterloo, recaerá en Puigdemont. El comandante en jefe, el líder áulico. Solo en él. Como todo.

Al Gobierno, en todo caso, le ha aliviado que este martes Junts lanzara un mensaje rechazo a la suma con PP y Vox, al no apoyar la proposición de ley de la ultraderecha de prohibición del burka y del niqab y presentar su contrapropuesta. "Está claro que este es un campo de batalla también para ellos y al menos tienen unas posiciones más moduladas", señalan en el Ejecutivo.

Sánchez espera poder seguir atrayendo a los posconvergentes con la aprobación de la proposición de ley para la delegación de las competencias migratorias Cataluña. El texto que pactó con los de Puigdemont se estrelló el pasado septiembre por el no de Podemos, pero el pacto de la Moncloa con los morados para regularizar medio millón de inmigrantes supuso arrancar el compromiso a estos de sentarse a negociar la ley tan ansiada por Junts. Fuentes del Ejecutivo confirman que ya están hablando con Podemos sobre la redacción del nuevo texto.

Los socialistas ya están discutiendo con Podemos qué cambios introducir en la proposición de delegación de las competencias migratorias a Cataluña, con la esperanza de que Junts los acepte

La formación de Ione Belarra no solo quiere cambios en el preámbulo —en el que se definía la inmigración como "un riesgo para la convivencia y la cohesión social"—, a los que los independentistas están dispuestos, sino también en el articulado, y ahí Nogueras ya advirtió de que no estaba por la labor de tocar una sola coma. La idea del Gobierno es cerrar esas modificaciones con Podemos y confiar en que Junts transija con ellas. ¿Cuándo podrá aprobarse la propuesta? "A ver si cuanto antes". De nuevo, un mar de incertidumbre. Con Junts, nunca es nada fácil para el Ejecutivo. Y se verá, probablemente, de nuevo, la próxima semana.