La conexión venezolana de Zapatero

Las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela llevan más de una década bajo la lupa mediática, alimentadas por las sospechas de que su cercanía al régimen chavista iba más allá de las labores de intermediación para liberar presos políticos, el pretexto que el socialista ha utilizado para defender sus relaciones con los mandatarios del país caribeño. La histórica resolución del juez José Luis Calama que acordó la imputación del expresidente del Gobierno ha recogido por primera vez esas conexiones en el centro de una investigación judicial por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales que traspasa las fronteras de España y que ha abierto varios frentes a Zapatero, cuyo horizonte judicial se anticipa oscuro.

Uno de los nombres que aparece de fondo en esa trama es el de Alex Saab, empresario de origen colombiano al que Estados Unidos considera uno de los principales operadores financieros del expresidente venezolano Nicolás Maduro, hoy en una cárcel de Nueva York a la espera de ser juzgado. Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 a petición de la Justicia estadounidense, que lo acusaba de blanqueo de capitales. Tres años después recuperó la libertad dentro de un intercambio de presos impulsado por la Administración de Joe Biden.

En su regreso a Caracas, Maduro lo recibió públicamente y poco después lo incorporó a su Ejecutivo como ministro de Industria y Producción Nacional. Sin embargo, el cambio de ciclo político en Washington tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca acabó propiciando la caída del dictador y, con ella, la reactivación de la presión sobre el empresario, cercado por operaciones de corrupción internacional. Saab fue entregado la semana pasada a Estados Unidos.

La investigación americana sostiene que Saab participó en el desvío de fondos públicos venezolanos mediante distintos negocios vinculados al régimen, entre ellos el programa estatal de alimentos CLAP, además de operaciones relacionadas con el oro y el petróleo. Parte del dinero habría circulado a través de una compleja red societaria internacional en la que también figura la aerolínea Plus Ultra, un punto que conecta directamente con los hechos que investiga el juez Calama.

El origen de la causa en España se remonta a una querella presentada por Anticorrupción en 2024, en la que ya se vinculaba a Plus Ultra con una presunta red internacional de blanqueo asentada en Francia, Suiza y España. La Fiscalía sostenía que parte de los fondos investigados procedían supuestamente del saqueo del sistema de alimentos CLAP impulsado por el chavismo y que el rescate público de la aerolínea habría servido para dar cobertura a operaciones de devolución de dinero al extranjero.

Los vínculos entre el socialismo español y los negocios bajo sospecha en Venezuela ya dejaron anteriormente otro nombre salpicado: el de Raúl Morodo, embajador de Zapatero en Caracas entre 2004 y 2007. La Audiencia Nacional lo condenó en 2024 a diez meses de cárcel después de que reconociera haber ocultado a Hacienda ingresos procedentes de negocios de su hijo con la petrolera estatal PDVSA, en una causa que investigó pagos millonarios vinculados al entorno chavista.

La Audiencia Nacional sitúa a Zapatero al frente de una "estructura estable y jerarquizada" de tráfico de influencias presuntamente diseñada para obtener beneficios económicos mediante gestiones ante organismos públicos en favor de terceros, principalmente de Plus Ultra, aunque esta no fue la única operación en la que se inmiscuyó la presunta red. También abarcaba su intervención directa en "operaciones internacionales de alto valor económico", entre las que el magistrado enumera explícitamente el comercio de oro, junto al petróleo, el petcoke, la compraventa de acciones y el mercado de divisas.

La presunta organización estaba liderada en las sombras por Zapatero, mientras que el día a día quedaba en manos de su secretaria Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, secretario del socio del expresidente, Julio Martínez, quien asumía el contacto directo con los clientes. Para las relaciones con Venezuela, el juez Calama identifica además a Manuel Aarón Fajardo como uno de los hombres clave de la estructura. El magistrado lo define como un lugarteniente con un ámbito de actuación específico en el país caribeño y recuerda que los propios investigados se referían a él en los chats internos como "la pieza de ZP en Venezuela". Según las conversaciones intervenidas, Fajardo facilitaba contactos al más alto nivel institucional y actuaba como nexo directo con el entorno chavista.

Negocios internacionales

Para articular esas operaciones internacionales y canalizar los enormes flujos de dinero, Calama sitúa en el centro de la trama a la sociedad Inteligencia Prospectiva, administrada por los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Las comunicaciones intervenidas apuntan a que esta empresa actuaba como el "vehículo de pago" y que era "una sociedad carente de actividad real". Su función consistía en introducir capital extranjero en España bajo la apariencia de ampliaciones de capital para, posteriormente, redistribuirlo mediante contratos simulados hacia el entorno del expresidente.

El nivel de interlocución de Inteligencia Prospectiva y de sus administradores excedía el ámbito estrictamente mercantil. Calama subraya que la participación de los hermanos Amaro Chacón en asuntos políticos y negocios internacionales, "particularmente en relación con Venezuela", afectaba a "asuntos de Estado de primer nivel". Entre las comunicaciones interceptadas aparecen referencias al comercio de crudo, la coordinación de viajes para "reunirse con la Dama y Ministro Petróleo" —en alusión a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez— y el envío de cartas de intención dirigidas exclusivamente a la "Oficina del presidente Zapatero" para intermediar en esos negocios.

La dimensión económica de esas operaciones también aflora en los informes incorporados a la causa. Inteligencia Prospectiva llegó a mover más de 2,6 millones de euros en cuentas bancarias, una cifra que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude considera "absolutamente incongruente con su actividad declarada". Parte de esos fondos, según la investigación, acabó derivando hacia la compañía Análisis Relevante, propiedad del socio de Zapatero, Julio Martínez, y en Whathefav, administrada por las hijas del expresidente y la fundación Gate Center, presidida por el propio político socialista.

El grado de proximidad con el poder chavista era tal que otros mensajes interceptados muestran cómo los integrantes de la red presumían internamente de su relación con la vicepresidenta venezolana. "Me alegro de esa relación con Delcy", celebraba uno de los interlocutores en los chats analizados por la UDEF. Para el magistrado, este nivel de contactos consolida la tesis de que la organización iba mucho más allá de una simple estructura empresarial y actuaba como intermediaria en operaciones vinculadas a intereses de Estado.

La colaboración entre Estados Unidos y las autoridades españolas también ocupa un lugar relevante en la investigación. El propio Calama explica en su resolución que las autoridades norteamericanas pusieron a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes, uno de los directivos de Plus Ultra investigados en la causa. De hecho, esta compenetración entre ambos países continúa, ya que según ha contado El País, Calama ha pedido a Estados Unidos que le faciliten información sobre varias personas que figuran como investigadas en la Audiencia Nacional, dentro de una pieza separada que mantiene bajo secreto.

La resolución judicial también pone nombre a los responsables de la aerolínea que, según la investigación, pilotaron la estrategia para lograr el rescate público de la compañía: Rodolfo Reyes, accionista de facto de Plus Ultra, y Camilo Ibrahim, socio a través de la mercantil Snip Aviation. Reyes aparece en distintos chats coordinando contactos políticos, pagos y movimientos internos de la red de influencia, a la que sus integrantes denominaban finance boutique.

El papel de Ibrahim evidencia, además, la cercanía que la compañía alcanzó con la cúspide de la estructura investigada. Los mensajes interceptados reflejan que llegó a mantener encuentros personales con Zapatero. A comienzos de febrero de 2021, Reyes comunicó a Julio Martínez lo siguiente: "Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa". La investigación sostiene que la capacidad de influencia de la organización era tal que el socio de Zapatero felicitó a Ibrahim por la concesión de los 53 millones de euros el 26 de febrero de 2021, varios días antes de que la SEPI aprobara formalmente el rescate. Para el juez, ese adelanto constituye una muestra del supuesto "acceso a información privilegiada" del que disponía la red.