No ha hecho falta llegar a una reunión del Consejo de Ministros con las carpetas abiertas y al borde del infarto. Esta vez, PSOE y Sumar resolvieron sus diferencias a tiempo y cerraron su acuerdo para un nuevo real decreto ley de vivienda este miércoles, casi una semana antes de su aprobación por el Gobierno. El nuevo texto contendrá, como una de sus medidas claves, la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028. Pero la norma deberá pasar por la convalidación del Congreso. Y eso es lo que ya no está tan claro que consiga. Podemos marcó ya líneas rojas —no a la reforma de la ley del suelo que contendría el nuevo decreto— y Junts avisó de que no lo apoyará si "mantiene las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario" y si no incorpora sus planteamientos fiscales. Así, la gran apuesta en materia de vivienda por parte del Ejecutivo en este último tramo de la legislatura, en la rampa de salida hacia las nuevas elecciones, podría naufragar por la misma razón que siempre: la falta de respaldo parlamentario.
Fue a finales de junio cuando el Gobierno anunció que preparaba un nuevo real decreto ley específico de vivienda, con carácter "ambicioso", "amplio y transversal", con la pretensión de abordar el problema —el más preocupante para el 43% de los ciudadanos, según el barómetro de julio del CIS— desde una óptica "integral". Desde el principio, los dos partidos de la coalición plantearon el texto con un cajón en el que sumar varias de las propuestas de sus socios, a fin de que todos ellos se vieran reflejados en la norma y no tuvieran la tentación de tumbarla cuando llegara al Congreso. Aún es pronto para saber qué ocurrirá, porque el debate de convalidación no llegará hasta después de las vacaciones de verano.
Será el próximo martes, 28 de julio, cuando el Consejo de Ministros, el último antes del parón estival, apruebe el nuevo real decreto ley y lo rebote a la Cámara baja. Lo explicará el propio presidente, Pedro Sánchez, que comparecerá para hacer balance del curso político, como toca en estas fechas. El texto ya está en poder de los grupos y los socios solo han querido adelantar a los medios algunas de sus líneas maestras. Sumar se apunta el tanto de que "ha logrado incluir una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler". Esa era su gran batalla, la que incorporó in extremis en el Consejo de Ministros de marzo que no arrancó hasta dos horas después de lo previsto por desacuerdo entre los dos socios de la coalición. Aquel decreto ley estuvo en vigor un mes pero no superó el filtro del Congreso, y Sumar insistió en que había que aprobar el paquete otra vez. Su negociador era y es el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
El nuevo decreto recoge esa medida perdida y la refuerza, ya que esa extensión de dos años "podrán solicitarla aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028, lo que amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de esta medida". En total, desde el 21 de marzo del 2026 —cuando el Consejo de Ministros aprobó el anterior decreto, derogado un mes después— hasta el 30 de junio de 2028 "podrán beneficiarse de la prórroga casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares", según los cálculos de Sumar.
El decreto prorroga los alquileres por dos años. Podrán pedirla los inquilinos con contratos que vencen hasta el 30 de junio de 2028. Se regula también el alquiler de temporada y de habitaciones
El texto también incorpora otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones "para acabar con el uso fraudulento de estos alquileres como vía de elusión del régimen del alquiler de vivienda habitual y de los límites de precios en las zonas tensionadas". Y se incluye asimismo una vieja promesa: el aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA, así como un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas. Medidas todas ellas "enfocadas a desincentivar el alquiler turístico", en palabras del socio minoritario del Ejecutivo.
Además, a propuesta de Sumar, el nuevo real decreto ley incluye "una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad". El objetivo, apunta el grupo, es "evitar los desahucios" y que ninguna familia "quede sin alternativa habitacional". La moratoria antidesahucios también cayó dos veces a primeros de año en la Cámara baja (y por culpa de Junts).
Fuentes del Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez sí confirmaron que la prórroga de alquileres está incorporada en el texto pactado y reiteraron que su prioridad es llegar a un acuerdo para que el decreto ley que salga aprobado el martes por el Consejo de Ministros pueda convalidarse en el Congreso, y por eso, para que el texto no descarrile, el ala socialista mantendrá la "discreción sobre el contenido" de una norma que será "amplia, ambiciosa" y que "incluirá soluciones estructurales para el problema de la vivienda".
Los dos socios de coalición se conjuran para mantener la "discreción sobre el contenido" de un decreto "amplio y ambicioso" que se aprobará el martes y que deberá convalidarse tras vacaciones
Desde el mismo departamento se apunta simplemente que las medidas contenidas en el nuevo decreto ley se estructuran en torno a dos bloques. Uno, un paquete para "bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler". En este apartado se incluye "la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler". El segundo eje comprende medidas para "movilizar vivienda asequible", donde se recogen iniciativas como la subida del IVA a los pisos turísticos y también de "agilidad administrativa".
Durante la tarde de este miércoles, Junts, el socio más difícil de convencer para el Gobierno, con el que rompió formalmente el pasado octubre, ya adelantó que no le gusta la nueva norma. Su mensaje es que las "políticas intervencionistas" del Gobierno no solo "no han resuelto el problema" de la vivienda, sino que lo "han agravado", desplazándolo a los municipios donde la situación no era tan crítica.
Los posconvergentes reclaman que sea el Estado el que "asuma el coste de las políticas sociales de vivienda de las personas vulnerables, y no los pequeños propietarios"
Los posconvergentes blanden un catálogo de medidas "concretas y equilibradas" con las que creen que el problema se resolvería. Entre ellas, desgravaciones fiscales del alquiler para los inquilinos, deducción de una parte de la cuota hipotecaria a los pequeños propietarios, medidas para estimular la construcción de obra nueva y movilizar la oferta existente, inversión en vivienda pública, desbloqueo de la ley antiokupas de la formación de Carles Puigdemont (registrada hace dos años y aún en el congelador) y que sea el Estado el que "asuma el coste de las políticas sociales de vivienda de las personas vulnerables, y no los pequeños propietarios".
El Gobierno "ya lo sabe"
"Un real decreto ley que mezcle medidas como dar cobertura a la ocupación ilegal o abrir la puerta a los fondos buitre a costa de la desaparición del pequeño propietario no contará con los votos de Junts. Son precisamente las medidas que, hasta ahora, han contribuido a encarecer los precios y reducir la oferta, perjudicando a los más vulnerables", apuntaron los posconvergentes en un duro comunicado. El aviso final es claro: el Gobierno "ya lo sabe", "si mantiene las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario y no incorpora las propuestas de Junts, no contará con nuestro apoyo".
¿Pero en qué se traduce su advertencia? "El real decreto ley no está aprobado. Por tanto, la posición de Junts no es sí o no al texto, porque este no existe", precisaban a este diario fuentes de la formación. El partido mantiene la incógnita, con el propósito de que el Gobierno recoja sus planteamientos.
Podemos alega que el texto incluye dos cambios en la ley del suelo: el "sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados"
El problema es que las posiciones de los de Puigdemont chocan abiertamente con las de Podemos. La formación formada exige, para sentarse a negociar, que el Gobierno "elimine" de su borrador de decreto la "reforma de la ley del suelo" que ha incorporado y de la que no se hacían eco de manera expresa ninguno de los dos socios de la coalición. Los de Ione Belarra entienden que ese punto es para ellos "una línea roja", de tal manera que la supresión de esos artículos que afectan a la ley del suelo son una "condición ineludible" para comenzar a hablar.
El ala socialista del Ejecutivo ya intentó la modificación de la ley del suelo, pedida sobre todo por los ayuntamientos —también los del PP— en dos ocasiones a lo largo de la legislatura. Pero fracasó. Ni siquiera Sumar lo compartía. Pero este nuevo decreto incluye, según los morados, el cambio de dos elementos "relevantes" de la ley del suelo: el "sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados". Podemos recuerda que la mayoría del Congreso, "incluidos grupos como Sumar o ERC, se han mostrado contrarios a estas reformas en el pasado reciente".
Los morados recuerdan que la modificación de la ley del suelo ya fue tumbada por el Congreso en dos ocasiones en esta legislatura, en 2024 y 2025, en ambos casos hasta con el rechazo de Sumar
¿Que significan estas dos modificaciones? Podemos indica que la primera de ellas implicaría "legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros". "También limitaría la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas". El segundo cambio supondría, por su parte, la supresión del "derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin". Para los morados, "se trata de una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la operación Chamartín", el planeamiento urbanístico que se ha logrado desbloquear y que levantará 10.500 viviendas y 400.000 metros cuadrados de zonas verdes en lo que antes ocupaban las vías del tren.
"Rechazo frontal" de Podemos, exigencia del PNV
Podemos subraya que la reforma que el Gobierno "intenta colar" ahora en el nuevo decreto ley "es prácticamente igual a la presentada por el PP en 2018, a la planteada por el PSOE en 2024 (rechazada no solo por Podemos, sino también por Sumar, ERC y Junts) y a la que los socialistas llevaron al Congreso en 2025 junto con el PNV, que también contó con el rechazo mayoritario de la Cámara". Si en esta legislatura esa reforma de la ley del suelo no salió adelante no fue solo porque la izquierda del PSOE se opusiera, sino también porque el PP, aun compartiendo el fondo, vio que era una manera de asestar un golpe parlamentario a Sánchez.
El Ejecutivo, por tanto, tendrá que bregar en estos días con el "rechazo frontal" a esa parte del decreto que adelanta Podemos con los avisos de Junts. Pero si cede ante los morados se encuentra con la posición antagónica del PNV, cuya portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, pidió que el decreto "modifique la ley del suelo para agilizar planeamientos y evitar bloqueos". Es la postura que los nacionalistas vascos siempre mantuvieron y en la que coincidían con el PSOE. Vivienda siempre esgrimió que era necesario tocar esa norma para facilitar los cambios menores en los planeamientos urbanísticos, una puerta que la izquierda parlamentaria percibía como peligroso coladero.
El PNV vuelve a defender la reforma de la ley del suelo, para "agilizar planeamientos" urbanísticos y "evitar bloqueos". También pide que no se choque con el poder de las CCAA y que el IVA del alquiler turístico no suba al 21%, que se quede en el 10%
El PNV recuerda que esta es una petición muy generalizada entre los ayuntamientos, del color político que sean, y que responde a "la necesidad de construir vivienda con mayor dinamismo". Los jeltzales añden que siempre han reiterado la necesidad de "reducir la rigidez de algunos trámites urbanísticos que ueden llegar a anuar el trabajo de años de los alcaldes y grupos municipales. "Si después de años de trabajo existe un error que puede subsanarse, hay que corregirlo, no tirar todo el planeamiento y volver a empezar", señaló Vaquero, que reclama también que la reforma de la normativa no choque con las competencias de las comunidades autónomas.
Los nacionalistas vascos también piden regular el alquiler de temporada para combatir el fraude. En concreto, quieren una regulación que diferencie el alquiler habitual, el temporal y el turístico. No está de acuerdo con que a este se le aplique un IVA del 21%. Quiere se mantengan en el 10%. "Si es una actividad económica, debe tributar como una actividad económica. Ni más, ni menos".
Vaquero apuntaba este miércoles al corazón de este asunto: reconocía la "dificultad de llegar a acuerdos en general en el Congreso y en particular sobre un tema en el que priman las posturas ideologizadas y las soluciones populistas y de trazo grueso". Y es que la vivienda se ha convertido en esta legislatura en un caballo de batalla casi imposible de domar: las propuestas de izquierdas y derechas no casan, y no hay una mayoría progresista en la Cámara. Ni PSOE ni Sumar quisieron entrar al trapo de las diferencias con los socios. Las conversaciones con ellos siguen.
La vivienda se ha convertido en esta legislatura en el primer problema ciudadano y en un caballo muy difícil de domar porque las propuestas a derecha e izquierda no casa y no hay mayoría progresista
El nuevo decreto ley tiene recorrido por delante. Las modificaciones que puedan introducirse a petición de los grupos de aquí al martes y luego, el mes que reste hasta su convalidación en el Congreso. Las primeras señales emitidas este miércoles no eran demasiado esperanzadoras, pero todavía hay tela que cortar.
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