El Gobierno mide la lealtad de sus socios en el Congreso con Ceuta como termómetro

Si la presión al Gobierno a finales del periodo de sesiones anterior derivaba de las investigaciones judiciales por corrupción a terceros, causas que están a punto de reactivarse en los tribunales, ahora el inicio del curso se precipita a raíz de la crisis migratoria de Ceuta. Una semana antes de ese arranque oficial del curso político, hasta ocho ministros acudirán en cascada a las distintas comisiones del Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre la situación en la ciudad autónoma. Todo después de dar plantón a la mayoría parlamentaria del PP en el Senado en convocatorias similares allí, por considerarlas partidistas, y de que el Tribunal Supremo avalase las ausencias. Previamente, se celebrará el primer Consejo de Ministros del periodo.

En esas comparecencias habrá un termómetro clave más allá de la oposición: ver cómo respiran los socios y si la lealtad sigue vigente pese al descontento y la presión por la cercanía electoral de 2027. La primera en llegar a sede parlamentaria será la ministra de Defensa, Margarita Robles, que a las 12.30 horas se pronunciará en la comisión de su cartera. Es la única ministra que a su visita a Ceuta se acercó a los vecinos mostrando un perfil próximo y autónomo a Moncloa.

Le seguirán el jueves el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la comisión mixta de Seguridad Nacional, y Mónica García, en la de Sanidad. El viernes lo harán Fernando Grande-Marlaska, de Interior, José Manuel Albares, de Exteriores, y Elma Saiz, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ya el lunes cerrarán la ronda Ana Redondo, de Igualdad, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Este martes el Gobierno, a través del Consejo de Seguridad Nacional, despejará oficialmente una de las incógnitas mantenidas hasta el momento: definirá al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como el responsable del mando único en la gestión de la crisis ceutí, algo que reclamaba el ejecutivo local de Juan Jesús Vivas y el PP desde hace más de dos semanas.

Las dudas por resolver del Gobierno

Con todo, aún siguen sin despejarse numerosas incógnitas como el número de cifras oficiales que el Ejecutivo está manejando para la gestión de la situación. Por ahora se hace un balance de más de 72.000 entradas irregulares con algo más de 80.000 personas en el caso de las cifras más altas. Se habla de entre 8.000 y 10.000 migrantes aún presentes en Ceuta, y de ellos 2.500 posibles solicitantes de asilo y otros 2.500 menores migrantes. Esos números casi los duplican entidades como Save the Children. Despejar estos datos resulta esencial para todos los grupos.

Las derechas apuntan a interrogar a Robles en torno al por qué no hubo un despliegue en las horas previas –si tenían conocimiento por parte de los servicios de inteligencia– o en su defecto en el mismo momento en el que se producen esas entradas. El PP acusa al Gobierno de actuar tarde, y demanda conocer si la ministra tenía información previa de Marruecos, a través de lo que se movía en redes o por las acciones de las mafias; o de primera mano desde el principio. También quieren conocer de qué medios se disponían para afrontar esta crisis, y si se desplegaron todos; o por qué no hubo una actuación inmediata de la UME y si se hizo toda la prevención posible.

Habrá preguntas comprometidas de la oposición, más teniendo en cuenta que en la crisis de 2021–antes del espionaje de Pegasus y el giro diplomático– el Gobierno corrió a denunciar la acción marroquí a diferencia de ahora y con una entrada de 8.000 personas. A raíz de esto, se interpelará a Robles sobre qué papel considera que tuvo Marruecos en este episodio migratorio, que los populares elevan a cuestión de soberanía e integridad territorial.

La protección de Ceuta y Melilla y su garantía de independencia será otra de las claves de la comparecencia, y, principalmente, cuál fue el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de vacaciones en la residencia real de La Mareta (Lanzarote), en todo momento. Se pondrá a juicio si hubo coordinación real entre los ministerios será algo que también se comprobará durante la semana.

El Gobierno espera que Junts sea el 'socio' más duro

Pese al periodo crítico en los coletazos de la legislatura, el Gobierno considera que el Congreso es la cámara más laxa, aunque prioritaria, para afrontar este trámite. A diferencia del Senado, cuanta con mayor respaldo entre los socios. Más frágil conforme pasa el tiempo, eso sí. De entre los socios que apoyaron la investidura de Sánchez en noviembre de 2023, se espera que sea Junts quien se muestre más duro esta semana. De hecho, fuentes del Gobierno los dan y los vienen dando por perdidos desde hace tiempo. Por ejemplo, no esperan ningún gesto para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que marcarán el final del mandato.

Hace algo menos de un año los posconvergentes dieron por rota su vinculación al Gobierno, aunque han apoyado asuntos puntuales a la espera de la aplicación total de la amnistía para Carles Puigdemont. Sin tantos matices como el PNV, antes del parón legislativo Junts dio por finalizada la legislatura, pero rechazó contribuir directamente a un adelanto electoral para que la prevista victoria de la derecha nacional no le arrastre políticamente entre su público.

En esa ruptura con el Ejecutivo tiene mucho que ver el crecimiento de Aliança Catalana, quien compite con Junts por una buena parte de su electorado con la inmigración como principal reclamo. Por eso, el asunto ceutí obliga a los posconvergentes a ejercer firmeza. Para despejar las dudas sobre Marruecos, y a aclarar los mecanismos que van a ponerse en marcha sobre los migrantes cuando una de las máximas de los de Puigdemont es la de rechazar repartos migratorios que obliguen a acoger a Cataluña en lugar de a otras comunidades. El PSC, al frente de la Generalitat, es favorable si se da el caso.

El asunto de las competencias saldrá a relucir como arma arrojadiza contra los ministros después de que quede aún pendiente el traspaso de competencias de inmigración a la Generalitat tras su acuerdo en marzo de 2025. También se espera que Junts plante cara al Ejecutivo sembrando más dudas sobre el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que está en marcha actualmente.

A la espera de ver la actitud del PNV

A la actitud prevista de los posconvergentes, esencial será conocer bajo qué criterio se sitúa el PNV. El reparto migratorio no es uno de los asuntos que más satisfaga los de Aitor Esteban, ya muy descontentos con la gestión del Gobierno y siendo uno de los socios aún fiables que se ha decantado directamente por la convocatoria de elecciones anticipadas no más allá del 31 de diciembre. Insisten en priorizar otras herramientas y dotar, de ser necesario, de todas las garantías posibles. Hasta la fecha fuentes de la formación han calificado la situación ceutí de muy grave y han venido reclamando más explicaciones al Ejecutivo.

El PNV, díscolo con el reparto de migrantes sin agotar todas las vías administrativas

Hay dudas sobre la relación con Marruecos. Y se reclama antes de iniciar repartos, que se acuda a todas las vías administrativas para priorizar la reunificación con las familias de los menores. "La primera obligación es no repartir", han llegado a declarar los jeltzale.

La posición del PNV sitúa una nueva apreciación de "irresponsabilidad" en el Gobierno, como la de querer continuar con la legislatura si se vuelve a fracasar con el proyecto en marcha de nuevos PGE. Antes del cierre de ese ciclo parlamentario el compromiso de urnas en el primer trimestre sosegó al socio vasco pese a la intensidad de las novedades judiciales con figuras como las de el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Habrá que ver qué posición toman los de Esteban respecto a un Gobierno cuyo principal partido les permite gobernar en Euskadi aunque les da poco rédito electoral para unas generales.

Si se vuelve a hablar de seguir trabajando en asuntos como los PGE y en definir los mecanismos sobre migración, aunque precisando que se requiere más información, el Gobierno no tendría por qué preocuparse de cara a los próximos debates en el Congreso. Pero, aunque el PNV siempre se instale en la posición más utilitarista posible, la recuperación del discurso de agotamiento o bloqueo puede acelerar –sumado a Junts y a la insistencia de la oposición– el fin del mandato. La fragilidad por Ajuria Enea les impide explorar una senda muy dura.

Conocer cómo se mueve Sumar tras el desplante de Almaraz

Con Sumar el panorama es más complicado. La implicación de ministras como Garcia y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, impide a los magentas atacar al Ejecutivo en conjunto y les aproxima más a criticar a la oposición por la presión. Especialmente al PP como cabeza de Gobierno en Ceuta. Ahora bien, la confluencia se encuentra dividida, sin apenas protagonismo en este debate por estar desmantelada y en proceso de reestructuración; sin un liderazgo claro y con la mayoría de ministros que no son del ramo prácticamente ausentes este mes de agosto. Y con IU o el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, como referentes en esta materia.

El tono del portavoz de la comisión, Txema Guijarro, dará cuenta de en qué estado están las relaciones con el partido, precisamente semanas después de que el PSOE haya roto una de las líneas esenciales del pacto de Gobierno de 2023: respetar el calendario de cierre de las centrales nucleares, caso de Almaraz en Extremadura, en pro de la hoja de ruta de sostenibilidad económica que caracteriza al partido. Y con ese planteamiento para volver a ilusionar en las próximas elecciones, lo que frente a la competencia de Sánchez por hacerse con sus votos, requiere contundencia. En la confluencia se habla de presiones del oligopolio energético a los socialistas para justificar ese giro.

A Sumar le viene pesando la posición intermedia durante toda la legislatura, de mantenimiento dentro del Gobierno pese al cruce de líneas rojas por parte de los socialistas o matizaciones a acuerdos alcanzados, especialmente en asuntos fiscales o de defensa, como los compromisos con la OTAN y el rearme europeo. A poco más de medio año para los comicios previstos, para las municipales y autonómicas, y con la intención de reilusionar al sector progresista, hay voces dentro de la alianza que estiman que la confluencia puede tornar en las próximas semanas a posiciones más duras. Prioritariamente respecto a asuntos de políticas sociales. El marco migratorio por el que insiste la derecha apunta, en todo caso, ha extenderse en el tiempo.

A diferencia del PSOE, las ministras y diputados de Sumar advierten públicamente del uso de la migración por parte de Marruecos para presionar

Habrá que ver si los reproches a Sánchez por no haber adelantado la vuelta de su descanso estival van más allá de Compromís. Ibáñez concretó a finales de la semana pasada que "no tiene ningún sentido" que el líder del Ejecutivo no acortase esa pausa en vista de la crisis de Ceuta y las dificultades para retomar la "normalidad". El presidente, de vuelta, encabezará una nueva reunión del Consejo de Ministros este martes en La Moncloa. Aunque lejos de ese asunto, sí se augura choque entre socios por la posición de los ministros del PSOE y de García respecto a Rabat. En contraste a la ausencia de críticas, la ministra de Más Madrid acusó formalmente a Marruecos de utilizar a los migrantes para presionar a España. Todo, poco después de la visita de Sánchez a Argelia con intereses de suministro energético. La intención de conceder la nacionalidad a los saharauis tampoco gusta al régimen y añade un extra de confrontación entre los socios del Ejecutivo.

Críticas moderadas de ERC, discreción de EH Bildu

Se espera que ERC se adhiera a la línea del PNV en cuanto a la aportación de certidumbre respecto a cómo espera el Gobierno afrontar la crisis migratoria. Los de Oriol Junqueras señalaron inmediatamente a Marruecos de ser el culpable del éxodo de migrantes, pero conforme avanzaron los días se afirmó que Moncloa no ha estado a la altura. Los de Arnaldo Otegi, al contrario, han pasado de puntillas al respecto. Se espera que ambos partidos inflen el marco de confrontación con la derecha y la ultraderecha bajo el eje de que la disputa técnica tiene una derivada xenófoba.

Si el PNV tiene interés en que se profundice en los PGE, los republicanos lo tienen en que se aborde la financiación autonómica cuanto antes, lo que aleja de cualquier presión de alto grado para ir a elecciones. Quieren que la nueva política fiscal esté cerrada antes de que concluya el año, después de desconvocarse el último Consejo de Política Fiscal previsto para julio. La condonación de la deuda está aún pendiente de avanzar en el Congreso, lo que interesa a Cataluña.

BNG y Coalición Canarias están pendientes de los pactos alcanzados en materia de financiación y de infraestructuras territoriales. Podemos está en ese punto de máximos, al ver agotada la legislatura pero tampoco presiona activamente para que haya elecciones. Se espera presión, pero el papel será mínimo por tener que repartirse el protagonismo con el resto de partidos del Grupo Mixto.