El Gobierno y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, van camino del choque total. Cada día ambos avanzan un paso más hacia la desconexión en la peor crisis migratoria vivida por la ciudad autónoma en democracia. Ambos ejecutivos han pasado de la colaboración institucional de 2021, cuando cruzaron la frontera unas 10.000 personas, a una escalada de tensión tras la entrada masiva, de unos 80.000 migrantes, los pasados 30 y 31 de julio. Los reproches viajan de uno al otro lado. Si Vivas, ahora sincronizado a la perfección con su partido, el PP, reclama la expulsión inmediata de mayores y menores migrantes, el Gobierno central le afea su falta de diálogo, sus resistencias a la instalación de nuevos campamentos de acogida y su oposición a la derivación de niños y adolescentes a la Península, que podrían desahogar, justifica, el presionado sistema asistencial ceutí. La Moncloa, que hasta la semana pasada había guardado algo más las formas, ha dado orden de salir al ataque contra Vivas para que no cale el mensaje de que todo es culpa de Pedro Sánchez, para que vaya penetrando la idea de que el PP también tiene mucho que decir y que hacer en esta crisis. Como, por ejemplo, asumir que muchos de los críos no podrán ser reagrupados con sus familias en Marruecos y por tanto habrá que decidir si se quedan en la ciudad o son derivados al resto de comunidades autónomas.
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Este martes, el titular de Política Territorial y designado mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, puso bastante cuidado durante toda la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete —Consejo de Ministros celebrado con Sánchez en Nueva York— en hacer pedagogía. En explicar qué está haciendo el Ejecutivo central, porque es su competencia, y qué no está haciendo el Gobierno ceutí de Vivas. Y fue muy enfático con la "absoluta irresponsabilidad" del PP, que pide "devolver a todos" los migrantes ya cuando no lo permite la ley, y con la falta de "voluntad" del máximo responsable de la ciudad autónoma: si "hay también menores en las calles que no salen de Ceuta [es] porque no quiere el PP" reubicarlos en la Península.

El Ejecutivo se afana en hacer pedagogía, en explicar qué está haciendo, cuál es su competencia, y qué no está haciendo el Gobierno ceutí por la "absoluta irresponsabilidad" del PP

Torres dio cuenta de los avances de la última semana tras presentar el informe de situación ante el resto de sus compañeros. Tras el realojo de 1.700 migrantes el viernes pasado en las dos parcelas del puerto de Ceuta —un proceso que se vivió atropellado en los primeros momentos, por la estampida hacia la infraestructura, y que se prolongó durante cuatro horas—, son ya más de 6.000 las personas atendidas en instalaciones del Gobierno central, y otros 2.000 menores acogidos en los centros dispuestos por el Ejecutivo de Vivas. "En los próximos días y semanas" terminarán los trabajos para adecuar nuevos espacios.

En números precisos, son ya 2.321 los niños y adolescentes que han sido filiados, cuando la semana pasada eran 2.048. Los triajes a adultos suman 2.546, cuando hace siete días eran 1.822. Es decir, casi un 40% más, según comentó ufano Torres, y lo achacó al "refuerzo" claro de los efectivos y los recursos por parte del Estado. Además, desde el 10 de agosto se han producido 6.791 retornos voluntarios. Solo el lunes, subrayó, 222 personas regresaron a Marruecos por su propio pie, y si se tienen en cuenta los siete últimos días, la cifra es de 1.309, la mayoría después de que respondieran a los agentes en el trámite del triaje que no deseaban recibir protección internacional. Las expulsiones se elevan a 318, por lo que son "más de 7.000" los que han vuelto a su país, recalcó.

Cómo se hace el triaje

El ministro quiso detenerse en el procedimiento que se sigue con los adultos para luego recriminar a Ceuta que no asuma sus competencias con los menores. El primer paso, una vez que el migrante es derivado a uno de los espacios de acogida, es el triaje, el procedimiento en el que la Policía le toma las huellas y le pregunta por sus circunstancias personales. El migrante, acompañado de un traductor, las expone. El triaje culmina con una pregunta, si desea o no protección internacional. Esto es, si quiere acogerse a su derecho de asilo. "La mayoría responde que sí, aunque la mayoría ya sabe que no va a tener acceso a él, son marroquíes", relató el ministro. Y es que Marruecos es considerado país seguro, por lo que sus nacionales, salvo excepciones, no tienen reconocida la protección internacional. Los que responden que no a la pregunta del agente suelen retornar por su propio a Marruecos.

Son 2.321 los menores filiados, mientras que los triajes a adultos suman 2.546, un 40% más que hace una semana. Se han producido 6.791 retornos voluntarios y las expulsiones son 318

Un ejemplo, señaló el titular de Política Territorial, fue lo que ocurrió este pasado lunes. De los 100 triajes que se realizaron, 74 personas sí pidieron protección, frente a 26 que no lo pidieron. A estos últimos se les comunicó que se les incoaría expediente de devolución. "¿Y qué ocurre? Que muchas de estas personas son las que retornan voluntariamente a Marruecos porque ya se les ha dicho que se les va a devolver", sostuvo Torres. "Este es el camino que vamos a seguir", defendió.

Si, por el contrario, el migrante sí plantea que quiere acceder al asilo, entonces se da el siguiente paso: una entrevista personal con la Policía Nacional o incluso con personal de la Oficina de Atención al Refugiado (OAR), tras la cual se abre un expediente que tiene una duración de dos semanas. Después, ese archivo se remite a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), que es el organismo que concede o rechaza la protección. Si la CIAR deniega el asilo, se publica en el BOE y el afectado tiene 10 días hábiles (o sea, dos semanas) para presentar recurso ante la Justicia. Es la Audiencia Nacional la competente para estudiar las impugnaciones, por lo que el procedimiento completo se extiende, como también dice el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), por un periodo de 12 semanas, un lapso que el Ejecutivo estudia "acortar al máximo", analizando incluso las "modificaciones legales necesarias".

Si el migrante dice que sí quiere solicitar protección, es entrevistado por la Policía o la OAR y se abre un expediente. Si la CIAR rechaza el asilo, se puede recurrir a la Audiencia. El plazo son 12 semanas, periodo que Moncloa quiere recortar "al máximo"

El Ejecutivo no da cifras aún de cuántos adultos que siguen en las calles y en las playas, sin alojamiento en los espacios de acogida, aunque confía en que el número vaya rebajándose por las salidas voluntarias que van dejando vacantes en los recursos habilitados.

Entre 500 y 700 menores aún sin tutelar

¿Y qué pasa con los menores? El Ejecutivo calcula que ahora quedan entre 500 y 700 aún sin tutelar, un número algo más bajo que el que el mismo ministro daba la semana pasada (entre 700 y 1.000, decía). Se debe, en parte, al aumento de filiaciones. Pero "quien tiene que dar cobertura" a esos chavales, insistió Torres, "es la ciudad autónoma", porque es su competencia. Además, el Gobierno ha comunicado al Ejecutivo local que en los recursos donde permanecen mayores, gestionados por el Estado, "hay 500 menores aproximadamente". No pueden quedarse allí porque no deben convivir con los mayores, la legislación lo impide, pero "no irán a la calle": serán derivados a las instalaciones para ellos una vez las "habilite" la ciudad. Estos 500 críos no se suman a los 500-700 que se estima que siguen deambulando, ya que aquellos sí "estarían ya filiados".

Quedan entre 500 y 700 niños sin tutelar, y en los recursos gestionados por el Estado, de los mayores, hay 500 menores. El Ejecutivo reprocha a Vivas su viraje respecto a lo que siempre defendió

A partir de ahí, Torres reconoció el aumento de la tensión con Vivas, su cambio de actitud respecto a 2021, cuando "apoyaba al Gobierno de España incluso enfrentándose a su formación política". Ya esa relación no existe. El Ejecutivo, dijo el ministro, seguirá "tendiéndole la mano", pero no pondrá la otra mejilla. Así, Torres recordó que el propio presidente ceutí decía el 29 de julio, antes de la avalancha migratoria, que los menores "no podían ser devueltos sin más", que requerían de un expediente individualizado, que era un procedimiento complejo. "Ahí están sus declaraciones y no ha cambiado la ley, la ley es la misma", avisó.

Así que si los populares quieren "ayudar a Ceuta" y que haya allí menos migrantes, "lo tienen muy fácil": "Que vengan 3.000 menores al resto del territorio español". Dicho de otro modo, que Vivas se despegue de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, y acepte la derivación de los chavales a la Península. Porque esa, reiteró el ministro encargado del mando único, sí es su responsabilidad. "No es una cuestión de debate competencial, es de que cada uno tenga que hacer su trabajo y lo que no es aceptable es que nos señalen a nosotros quienes tienen una responsabilidad, y esos son el Partido Popular", se explayó.

Torres recuerda que es imposible una devolución colectiva de los chavales, porque ya se hizo en 2021 y las entonces delegada del Gobierno y vicepresidenta ceutí fueron condenadas

En conclusión, tiró al PP, "menos manifestación y más poner alguna solución". "Porque cuando escuchas al señor Feijóo decir que pueden devolverse todos", es que "no está capacitado para presidir absolutamente nada". "Eso es una absoluta irresponsabilidad, porque si fuera presidente, y lo fue de una comunidad autónoma [Galicia], él sabe que eso no se puede hacer", porque cuando en 2021 la entonces delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la ya exvicepresidenta primera del Ejecutivo ceutí, Mabel Deu, repatriaron de manera colectiva a 55 menores fueron condenadas, y su sentencia ratificada por el Supremo.

Primero se acoge, luego se filia

Torres insistió, a lo largo de toda la comparecencia, en que en la situación de los menores migrantes no acompañados el Ejecutivo de la ciudad autónoma "no es un convidado de piedra". Es él quien tiene la tutela. "Es mentira lo que Vivas dice que primero hay que filiar y luego acoger —manifestaban con irritación fuentes del Gobierno—. Es lo mismo que sucede con los mayores. ¿Nosotros qué hacemos? Primero les damos un techo, un recurso para alojarlos, y luego se les filia. De eso no hay ninguna duda. Siempre ha sido así".

Como Ceuta es quien tiene la tutela, todas las soluciones pasan por Vivas. Desde que firme un convenio bilateral con una comunidad, como ya ha hecho con Navarra para derivar a cinco niñas, o que permita que las acoja una ONG en la Península, como ha ofrecido repetidamente el Ministerio de Juventud e Infancia, algo a lo que hasta ahora se ha negado el presidente ceutí. También se precisa la firma de la ciudad en los casos en los que se active el reformado artículo 35 de la ley de extranjería, el que entró en vigor en 2025 y que tanto pidió el propio Vivas o el presidente canario, el nacionalista Fernando Clavijo. Es decir, que para que el Estado pueda reubicar a los menores de manera forzosa en las CCAA se necesita la autorización del Ejecutivo ceutí.

Hasta para que el Estado pueda reubicar a los menores de manera forzosa en las CCAA, en virtud del reformado artículo 35 de la ley de extranjería, se necesita la autorización del Ejecutivo ceutí

"El Gobierno de España lo ha dicho con claridad: 2.000 menores que hay en Ceuta en estos momentos, más los que quedan por las calles, hacinan a la ciudad de Ceuta y hacen que esos menores no estén en las mejores condiciones". De modo que la pregunta, siguió Torres, es "si la ciudad de Ceuta, su Gobierno, está de acuerdo en que los menores salgan de Ceuta. Porque si no se tendrán que quedar en Ceuta".

El titular de Política Territorial se afanó en desmontar uno de los argumentos usados por el PP en los últimos días: que si los chavales son llevados a la Península se generaría un efecto llamada. No ha sido así, dijo, con los menores distribuidos por el resto de España en los últimos años en virtud de la aplicación del nuevo artículo 35 de la ley de extranjería y del auto del Supremo que obligaba al Estado a hacerse cargo de los que tenían derecho al asilo.

El PP votó en contra de esa modificación que sí apoyaron Clavijo, Vivas o el presidente de Melilla, el también popular Juan José Imbroda. Y ese cambio legal, a ojos del Gobierno, "ha sido un éxito" y no ha provocado ningún efecto llamada, porque la entrada masiva del 30 y 31 de julio no arribaron más niños y adolescentes que antes. "Es buscar una excusa ante una evidencia que se les da la espalda con los hechos que ocurrieron. Y por tanto, aquí llega un momento en el que hay que decir las cosas con claridad. O el presidente Vivas está con que los menores que están en su comunidad sean reagrupados y, si no es posible, vayan al resto del territorio español o se quedan en Ceuta. Porque es su voluntad". Más aún, señaló: cuando el PP se manifieste el próximo fin de semana porque todavía hay miles de migrantes en las calles de la ciudad, "habrá que decir que hay también menores" en ellas. "Y no salen de Ceuta porque no quiere el Partido Popular. Y que la gente lo sepa, la gente de Ceuta también. Porque uno termina también cansándose de ser señalado permanentemente un Gobierno que está poniendo lo máximo en el esfuerzo colectivo de también hacer ver que esto es una situación que tenemos que resolver entre todos".

Dado que una mayoría de los niños no podrán ser reagrupados con sus familias, la pregunta es, dice Torres, "si la ciudad de Ceuta, su Gobierno, está de acuerdo en que los menores salgan de Ceuta. Porque si no se tendrán que quedar en Ceuta"

Y es que la tesis de Torres, como la que ha repetido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es que según se vaya avanzando en los expedientes de menores —ya hay "unos 50-70 abiertos", admiten desde el Gobierno, y la semana pasada eran 10—, se comprobará seguramente que la mayoría no pueden ser reagrupados, por mucho que Marruecos haya prometido facilitar el retorno. Y es así porque prevalece el interés superior del menor. Además, tras la anterior crisis migratoria, quedan 600 expedientes de chavales que Rabat nunca contestó. La experiencia pesa. De modo que cuando se verifique que no pueden regresar a su país, Ceuta tendrá que decidir qué hacer. Es ahí donde el Gobierno quiere llevar el debate. Para que sea Vivas el que diga si los niños se quedan en su ciudad o bien pide que sean derivados a la Península, en cuyo caso rompería con uno de los ejes argumentales de Feijóo.

El Ejecutivo, por tanto, quiere reconducir la mirada hacia el PP, que la ciudadanía aprecie que esta crisis también le concierne, sobre todo en lo referido a los menores. Los mayores sí son responsabilidad del Estado, y el realojo y las labores de triaje avanzan lentos. Falta tiempo para ver la resolución de los primeros expedientes y las órdenes de expulsión. El marco temporal son esas 12 semanas de plazo máximo que el Gobierno promete "acortar". Aún no sabe cómo. Le está dando vueltas y esa hipotética solución caminará al margen de los anteproyectos de reforma de la ley de extranjería y de la ley de asilo que el Consejo de Ministros envió a los órganos consultivos y que son la adaptación normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). El tiempo aprieta al Ejecutivo y por ahora la luz no se ve al final del túnel.