Tras anunciar su voto favorable para uno de los dos decretos leyes de vivienda de este viernes, el que no incluye la reforma de la ley de arrendamientos urbanos para replantear una renovación automática de contratos, el PNV volvió a dejar un mensaje al Gobierno y a Pedro Sánchez. Plantear este tipo de fórmulas para arreglar el problema del alquiler"no es la solución" porque "no se arregla en un decreto lo que no se ha hecho en 8 años". Ya en el curso anterior, los jeltzale criticaron la dependencia del Ejecutivo con esta fórmula de legislación política, contemplada en el artículo 86 de la Constitución con fines excepcionales pero que para los socialistas y Sumar, en un momento de fragilidad y bloqueo parlamentario, especialmente en cuestiones económicas, ha servido al menos para marcar perfil y llevar al Congreso votaciones finalistas que en alguno de los casos han salido adelante por el contexto, por la presión pública, o por conceder contrapartidas a los grupos políticos.
Las ventajas de este tipo de textos legales –hay que diferencia de los reales decretos, como el de regualarización extraordinaria, que no pasan por el Parlamento– son amplias sobre las proposiciones de ley que PSOE y Sumar pueden promover desde sus grupos parlamentarios del Congreso, como ha podido ser recientemente la ley de nacionalidad española para los saharauis que estuvieron vinculados a la antigua colonia española, y a sus descendientes. O el proyecto de ley de Dependencia de mediados de septiembre, después de un año y un par de meses desde que el Consejo de Ministros lo trasladó al Congreso. Se evidencia el bloqueo y las dificultades parlamentarias con ello. Los decretos-ley permiten celeridad, que las medidas estén como máximo 30 días en vigor tras su aprobación por el Gobierno, siendo ese el plazo para una convalidación parlamentaria para sostener la norma en el tiempo. En cambio, una norma ordinaria puede llevar entre seis meses y un año y medio para salir adelante, cuando el apoyo es más o menos claro. Deben pasar por el pleno para su toma en consideración, ser trabajadas por los parlamentarios en las comisiones y luego pasar trámites similares en el Senado. Y en el caso de enmiendas, volver al Congreso.
Hay otro elemento diferenciador: mientras que las tramitaciones parlamentarias dan posibilidad de periodos de enmiendas, a la totalidad o parciales en las ponencias y las comisiones para remodelar las propuestas iniciales, y a la vez generar acuerdos y apoyos, los decretos no lo permiten. Eso no quita que pueda haber negociaciones paralelas con las fuerzas de las que se depende para sacar los textos adelante para dar contraprestaciones.
Con los dos decretos leyes de vivienda, Sánchez, como presidente y desde que asumió el cargo en junio de 2018 tras la moción de censura acumula 196 reales decretos leyes, superando con holgura a los populares José María Aznar y Mariano Rajoy, y también al socialista Felipe González, que acumuló 14 años en el poder. González cerró su mandato en 1996 con 129 –lo utilizó sobre todo en 1993 cuando gobernó en minoría–; Aznar lo hizo en 2004 con 127; José Luis Rodríguez Zapatero terminó su segunda legislatura en 2011 con 108, mientras que Rajoy se quedó uno por abajo entre ese año y 2018. En lo que va de legislatura desde noviembre de 2023, el Gobierno ha lanzado, incluyendo los recientes, 53 decretos leyes de los cuales se han convalidado 43 y tumbado 10. La mayoría han tenido que ver con los efectos económicos de la guerra en Ucrania u otros conflictos como el de Irán.
De esas normas no aceptadas de la legislatura, seis han caído este año. Serán ocho tras la negativa de Junts a ambos decretos de vivienda, anunciado a última hora de la noche del jueves. Recientemente, la de regulación de los grupos de interés y antes decretos como el que incluían la prórroga de la suspensión de desahucios y de vulnerabilidad social de febrero, otro el mismo mes sobre la accesibilidad a bienes y servicios en situaciones de emergencia, el previo de prórroga de alquileres de marzo; el de operaciones de crédito extraordinaria para organismos y entidades del sector público y estatal o el de financiación de RTVE. Hay una diferenciación clave en el mandato. Pese a la "mayoría progresista" que enarbola Sánchez cotidianamente, las votaciones económicas o relacionadas con sectores como el laboral, el económico o el de vivienda suelen dividir a los socios entre izquierdas y derechas. El rechazo en bloque de PP, Vox, UPN, Junts y PNV se ha dado varias veces, como con la votación de prolongación de impuesto energético de principios 2025.
Este viernes el Gobierno sumará esas dos nuevas derrota. Al decreto grueso que contempla la prórroga de dos años a los contratos que vencen antes del 31 de diciembre de 2028. También que congela los precios de contratos actuales en aquellas zonas donde estén por encima del índice del Ministerio de Vivienda. Además, la protección antidesahucios hasta 2030, o la regulación del alquiler de habitaciones y de los pisos turísticos. Decaerá el segundo texto, que aisló por separado para intentar ganarse el voto de PNV y Junts al resto de medidas. Contempla prórrogas automáticas cambiando el modelo de arrendamiento y lo estipulado en la ley de alquileres urbanos. El primero se perderá con 178 escaños en contra y el segundo por 184, con los votos añadidos de PP, Vox y UPN a los de las derechas nacionalistas y CC.
Cuestionamientos de PP, Vox y PNV
Desde la derecha mayoritariamente, mientras que la izquierda justifica las herramientas a su alcance, se viene cuestionando la dependencia o el 'fraude' de ley al utilizar el decreto-leyes como método principal de Gobierno. Desde el PNV, Aitor Esteban y su relevo en el Congreso como portavoz, Maribel Vaquero, han cuestionado varias veces, frente a votaciones clave de decretos leyes, o por la falta de mayorías del Gobierno y en un declive de decadencia por las investigaciones por presunta corrupción en los entornos del PSOE, el uso abusivo del decreto-leyes. "Tiende a abusar", dijo a principios de año el lider vasco. La senadora del PNV Nerea Beltrán de Heredia apreció en mayo en el Senado que "el Gobierno ha ido convirtiendo la excepcionalidad que da soporte al uso del real decreto en un recurso habitual, convirtiendo en ordinario lo que debiera ser extraordinario. Gobernar a golpe de decreto, como está haciendo este Gobierno, afecta a la seguridad jurídica".
La cuestión de la inseguridad vuelve a estar presente con ese segundo decreto que no saldrá convalidado pero que estará en vigor durante este viernes hasta que la decisión sea publicada en el Boletín Oficial de las Cortes.
En el PP, Alberto Núñez Feijóo viene acusando a Sánchez de mantenerse en el poder sin capacidad legislativa y "sin contar con el Parlamento, sin Presupuestos Generales del Estado y abusando del real decreto-leyes". Entre agosto y septiembre lo ha vuelto a recordar, a raíz de la crisis de Ceuta. Ya en junio la bancada popular contabilizaba 184 decretos leyes en la etapa Sánchez. Para algunos populares, la práctica de decretos evoca un modelo presidencialista que sobrepasa a la labor del legislativo, tanto el Congreso y el Senado. Una especie de actitud trumpista, de recurrente firma de leyes desde el Despacho Oval. Desde Vox, a mediados de septiembre, el diputado Emilio del Valle definió el mecanismo como "un atajo frente a un Congreso que no le da los votos". Incluso la misión de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo que visitó nuestro país en febrero señaló en un informe posterior que hay un deterioro del clima institucional y un abuso de la figura del decreto.
El abuso de contenidos plurales
Otro dato polémico es el uso de los contenidos 'omnibus' en buena parte de esos textos, como el de pensiones del año pasado, o la inclusión de medidas ajenas o indirectas en los mismos, en la letra pequeña, para desbloquear cuestiones que están atascadas o no podrían entrar en el debate parlamentario ordinario. Es algo que no ha quedado ajeno en esta nueva remesa de decretos leyes. El Gobierno aprovechó el decreto principal de vivienda para introducir materia financiera ajena. En concreto, crea la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa (CAIFE), un nuevo producto destinado a canalizar el ahorro hacia acciones y fondos europeos. Para ello, modifica la legislación de mercados de valores, establece qué entidades pueden comercializar estas cuentas, qué activos pueden incluir y fija su régimen de aportaciones, además de introducir cambios fiscales en el IRPF y obligaciones de información tributaria.
La conexión con la vivienda aparece únicamente en una modalidad específica, la CAIFE Reinversión, vinculada a las cantidades obtenidas por la venta de determinadas viviendas. Sin embargo, la CAIFE ordinaria tiene un objeto mucho más amplio: crear un vehículo de inversión y ahorro con incentivos fiscales, una materia que corresponde al ámbito financiero y no directamente a la política de vivienda. De hecho, el propio decreto justifica este bloque por las competencias estatales sobre crédito, banca y seguros, lo que permite señalarlo como uno de los contenidos más claramente ajenos a la materia de vivienda introducidos en el decreto.
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