La 'ley de lobbies' fracasa en el Congreso por el rechazo de PP, Vox y Junts

El rechazo del bloque de la derecha incluido Junts impidió que este miércoles saliese convalidado el real decreto de regulación de la actividad de los grupos de interés en el ámbito político. La acción de los coloquialmente denominados como lobbies. Frente a las normativas que diversos países europeos como Alemania, Francia, Estados Unidos o Canadá, incluida la propia Unión Europa, España seguirá aún sin saldar una de sus cuentas pendientes. La ley llega a pleno para su convalidación al tratarse de un Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto y en vista a que la ley fija un plazo de un mes para su validación definitiva en la Cámara Baja.

Publicado desde hace semanas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sus medidas estaban en vigor desde entonces hasta hoy. Entre ellas, había dos principales. En primer lugar, la instauración de un registro de lobbies público y en constante actualización en el que deben registrarse todos los grupos de interés que quieran ejercer influencia ante la Administración General del Estado (AGE) y que depende del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se activó hace una semana y ya contaba con casi 300 inscripciones de inscripción. El fracaso de la norma no significa una supresión automática, pero sí su validez formal para el ejercicio de la presión empresarial.

En segundo lugar, se establecía la obligatoriedad de publicitar los documentos, las comunicaciones por escrito o los procedimientos realizados en la actividad frente a la Administración y ese entorno político. Esos grupos de interés también deberán especificar qué miembros proceden recientemente de la actividad política, en un margen de cinco años. El incumplimiento podía acarrear sanciones como el bloqueo para inscribirse en ese registro o multas de hasta 40.000 euros, entre otras.

El voto en contra de PP (137), Vox (32), Junts (7) y UPN (1), que ha sumado 179 votos, además, supone la práctica pérdida de casi mil millones de euros de fondos europeos condicionados a la aplicación de esta medida de regeneración democrática y transparencia en la función pública. Los populares, que no adelantan nunca su sentido del voto, si bien no han destacado por una crítica profunda, no quieren dar apoyo al Gobierno en un momento de crisis migratoria y territorial en Ceuta, en la que Génova no deja de presionar por la gestión del Ejecutivo y de resaltar una situación de abandono. En la oposición frontar a todo lo que presente el Gobierno se ubica tradicionalmente Vox. Pero en el caso de Junts, la negativa viene de considerar que el texto no permite matices y trata por igual a las grandes entidades y empresas que a la acción que puedan desarrollar pequeñas sociedades o agrupaciones.

Giro de la posición de Sumar: del 'no' al 'sí'

Esta legislación era una de las principales reclamaciones de Sumar desde 2025, tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán ya con investigaciones por presunta corrupción en el entorno del PSOE en marcha, como el 'caso mascarillas', que se saldó con la condena de 24 y 19 años de prisión para José Luis Ábalos y Koldo García. Los socios minoritarios del Gobierno hicieron un listado de demandas para regenerar y dar sentido a continuar en el Ejecutivo, pero además para reflotar la coalición. La insestabilidad parlamentaria, la falta de mayorías sólidas y también una falta de implicación de los socialistas para algunas de las medidas, atrasaron esa y otras cuestiones. Hubo intentos para crear una Oficina Anticorrupción, sin éxito, y también posteriormente se empezó a trabajar con otros grupos en esa 'ley de lobbies' que finalmente, por el bloqueo en el Congreso, el Ministerio de Función Pública decidió sacar adelante vía real decreto-ley.

Esa ausencia de negociación más allá de Sumar tampoco ha gustado a los socios en general. Ni si quiera a los sindicatos como UGT o CCOO, que mientras que en ese diálogo anterior se había conseguido que fuesen considerado como excepciones en esa consideración de grupos de presión, así como la CEOE, y grupos y asociaciones de ese corte, sin motivaciones económicas como fin último. Esto, ahora, no se ha tenido en cuenta, generando descontento en dichos ámbitos. Los magentas venían amagando durante todo el pleno con votar en contra de un decreto del Gobierno por primera vez en la legislatura, tras el descontento por la limitación del decreto, pero también por la votación de este martes, en la que el PSOE se abstuvo en su proposición de ley en vivienda para prohibir la compra por parte de fondos.

El compromiso inicial era el de votar en contra, de ahí que dentro del Grupo Sumar se hayan producido errores en aquellos diputados que han votado telemáticamente, como Enrique Santiago. Agustín Santos Maraver se ha abstenido, al igual que Podemos y el PNV. Adelante sí salió la Ley de Dependencia tras su vuelta del Senado o el real decreto-ley del Gobierno de ayudas económicas a la crisis de Ceuta.