Conde-Pumpido: “Aquí no se borra ni se avala nada. Mi única ideología es la Constitución”

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido con firmeza la legitimidad del órgano de garantías y su papel como intérprete supremo de los derechos fundamentales tras la aprobación de la sentencia que obliga al Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía al delito de malversación en la causa del procés. En declaraciones a El País, el magistrado ha lanzado una clara advertencia ante las críticas políticas e institucionales recibidas: "Quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución, y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia".

Conde-Pumpido ha rechazado que el tribunal haya "avalado" o "borrado" actuaciones políticas de forma partidista. "Aquí no se borra ni se avala nada", ha aseverado, subrayando que la labor de la corte se limita a dictaminar si las decisiones del legislador tienen cabida en el marco constitucional.

El alcance de la amnistía a la malversación

El fallo elaborado por el propio Conde-Pumpido ha resuelto el debate sobre la malversación cometida por los líderes independentistas, abriendo la puerta al regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont. Según el presidente del TC, el Tribunal Supremo incurrió en un error al trasladar los requisitos penales ordinarios de la malversación a una norma autónoma como la ley de amnistía.

En su conversación con los periodistas de El País Mónica Ceberio y Braulio García Jaén, el magistrado precisa que la ley solo contempla excepcionar el perdón cuando existe un "aprovechamiento particular" o enriquecimiento personal mediante la sustracción de fondos. En el caso del procés, al destinar el dinero a la financiación de un referéndum, la mayoría del tribunal concluyó de forma tajante que ese lucro no existió: "Es un supuesto que aquí no ocurre".

Frente a los votos particulares de la minoría conservadora, que acusan a la corte de extralimitarse y suplantar al Supremo, Conde-Pumpido ha delimitado las competencias jurisdiccionales. Aunque remarca su "máximo respeto" hacia la Sala Segunda del Supremo, defiende que "en materia de derechos fundamentales la competencia corresponde de manera exclusiva al Tribunal Constitucional". Asimismo, ha valorado la rapidez con la que el alto tribunal ha comenzado a tramitar la ejecución de la doctrina tras la notificación de la sentencia.

"No hay lawfare"

Conde-Pumpido ha recordado que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) supuso un "espaldarazo muy importante" para la resolución de los recursos de amparo, al respaldar que la norma es conforme con el Estado de derecho europeo y constatar que la amnistía es un instrumento legal común en la mayoría de países miembros.

En su análisis de la actualidad judicial, el presidente del Constitucional ha negado tajantemente la existencia de persecución judicial orquestada contra cargos públicos. "No, no creo que exista lawfare en España", ha afirmado. A su juicio, el país padece un problema estructural de "judicialización de la política" derivado de una arquitectura procesal obsoleta.

Para atajar esta anomalía, propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de prohibir que las formaciones políticas puedan ejercer la acusación popular en las causas penales ."Ese tipo de organizaciones no existen en el resto del mundo, y ningún país europeo admite que los partidos políticos puedan participar directamente en los procesos penales".

Devoluciones en frontera y fin de mandato

En el ámbito migratorio, Conde-Pumpido ha revalidado la constitucionalidad de los rechazos en frontera en la divisoria sur de España, argumentando la situación "absolutamente excepcional y singular" que viven Ceuta y Melilla como única frontera terrestre europea con el continente africano. Apoyándose en la doctrina previa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del propio Constitucional, sostiene que la devolución inmediata de quienes cruzan ilícitamente la frontera es un procedimiento ajustado a la Carta Magna.

Respecto a la situación institucional del tribunal, cuyo mandato de cuatro magistrados caducó en diciembre del pasado año, Conde-Pumpido ha expresado su deseo de que el Senado complete el proceso de renovación a la mayor brevedad. Tras repasar su trayectoria como magistrado del Supremo, fiscal general del Estado y presidente del TC, Conde-Pumpido, de 77 años, manifiesta en la entrevista su intención de retirarse y "descansar" una vez culminado el relevo en el órgano de garantías.