Cataluña

La otra historia detrás del niño de Canet

Varias personas con carteles participan en una manifestación contra el establecimiento de un 25% de castellano en las escuelas catalanas. Europa Press

No había habido ninguna polémica ni ruido mediático durante semanas, pero de repente todo estalló.

Oficialmente, todo empezó el cuatro de noviembre de este año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó a la escuela pública Turó del Drac, en el municipio de Canet de Mar (Barcelona), a ofrecer, a partir del 8 de diciembre, el 25% de las clases en castellano en una de sus clases de P5. La decisión venía motivada por la denuncia de los padres de un alumno de ese curso, los cuales querían que su hijo estudiara tanto en castellano como en catalán, una opción que la escuela no les ofrecía. Hasta primero de primaria, todas las clases del colegio eran en catalán.

En aquel momento, no hubo ningún revuelo. Tampoco lo hubo el 22 del mismo mes, cuando la dirección del centro contestó al TSJC detallando cómo iba a aplicar este 25% de horas en castellano o, lo que es lo mismo, 6,25 horas semanales. Según informó el centro, se distribuirían en tres tardes y dos horas más por las mañanas. Básicamente, las asignaturas de plástica, artes visuales y psicomotricidad pasarían a darse en castellano.

Hasta aquí todo tranquilo. La polémica surgió a principios de diciembre, justo después de que, el día dos, el centro informara a las familias de alumnos de P5 de estos cambios. Fue en una reunión por la tarde que acabó sobre las ocho más o menos. A las pocas horas, algunos padres y madres críticos con la decisión ya estaban organizados a través de un grupo de whatsapp y, sobre todo, de una cuenta de Twitter, llamada El Turó, en català!, “Esta resolución”, escribían en un twit en catalán, “replantea el modelo de escuela catalana con el proyecto de inmersión lingüística en el grupo de P5A y abre la posibilidad a futuras situaciones similares en el resto de cursos y de escuelas”.

Prácticamente nadie en aquel momento pudo intuir el revuelo que el caso iba a provocar. A los pocos minutos, ya había un debate intenso en twitter. Al día siguiente, la noticia estaba en prácticamente todos los diarios y televisiones catalanas. En las redes sociales comenzaron a verterse amenazas explícitas contra la familia. Se habló de hacer el vacío al niño en la clase.  “M’apunto a anar a apedregar la casa d’aquest nen”, Me apunto a ir a apedrear a la casa de este niño, twiteó Jaume Fàbrega, un destacado independentista y antiguo profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona que, en el año 2018, tuvo que dimitir por llamar en un twit “cáncer de Cataluña” a “taberneses y Ciudadanos”. Días después, el propio Fàbrega pidió disculpas por el twit sobre el apedreamiento y dijo que no había querido incitar a la violencia física (también pidió disculpas en su día sobre el desafortunado twit sobre Ciudadanos).

Tanto VOX como la plataforma Hablamos Español presentaron denuncias a la Fiscalía de Barcelona por estos comentarios, pero el acoso a la familia en Internet siguió y llegó a tal punto que, el viernes 10 de diciembre por la tarde, la plataforma digital Llibertat.cat, el “portal de información y opinión de la izquierda independentista” según ellos mismos se definen, publicó el nombre de los padres. “El padre de Canet de Mar que no quiere que su hijo haga catalán iba en las listas de Ciudadanos del municipio”, rezaba el titular. En una imagen salía la lista electoral con su nombre redondeado. En el artículo se destacaba también el nombre de su mujer y el negocio que regenta en la localidad. La imagen de la lista corrió como la espuma por Twitter. El sábado día 11 al mediodía, el tweet con la foto de la lista continuaba en el timeline de la cuenta @llibertatcat y también en su página web.

Esta información, que muchos en Twitter pusieron a conocimiento de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional, supuso un cambio de escala. Hasta ese momento, el hermetismo sobre el nombre de los padres y, sobre todo, del niño, era total. El grupo de padres y madres de la escuela críticos con la decisión del TSJC dieron nunca el nombre o pistas que pudieran apuntar a una determinada familia. Además, desde la dirección de la escuela siempre se insistió en que era fundamental preservar la seguridad del menor y asegurar la pacífica convivencia. El viernes por la mañana se supo que el TSJC había dictado una providencia que ordenaba al Conseller de Educación, Josep González-Cambray, y a la directora de la escuela del Turó del Drac que “adopten las medidas necesarias para preservar la protección y la identidad del menor”.

Algunas asociaciones que conocían los datos, como la AEB, la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, también se han negado tajantemente a facilitar cualquier información al respecto a pesar de la insistencia de los periodistas. Tan sólo reconocían que la “familia estaba calmada”, que seguía “firme en su decisión” y que estaba “alucinada por la escalada de odio”.

“Se ha llegado a decir que los padres habían pedido una educación solo en castellano, lo cual es totalmente falso. En ningún momento se pidió abolir el catalán, al contrario. Hay que subrayar que no fue una decisión en contra del catalán”, explica a El Independiente Rafael Arenas, miembro de la AEB, en una entrevista por teléfono. “Los padres sólo pidieron poder escolarizar a su hijo tanto en catalán como en castellano, en las dos lenguas”. Al ser preguntado si había una motivación política detrás de esta decisión, Arenas contesta tajante: “En absoluto. Lo único que querían era lo mejor para sus hijos desde el punto de vista pedagógico. Querían que su hijo pueda dominar las dos lenguas. Ese fue el único criterio”.

A Arenas le consta que “la actitud de los profesores del colegio tras la sentencia ha sido correcta”, pero reconoce que la familia “no se ha sentido acompañada por las autoridades públicas, las cuales tendrían que haberlos defendido”. Y cita expresamente la rueda de prensa que dio el martes día 7 la portavoz del gobierno de la Generalitat, Patrícia Plaja, en donde ésta indicó que la decisión del TSJC le parecía “una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro”. “Que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto es, por lo menos, sorprendente”, concluyó la portavoz. Al ser preguntada por las amenazas que estaba recibiendo la familia, Plaja se limitó a decir que “este caso concreto lo desconozco”, aunque también apuntó que el Govern rechazaba siempre cualquier tipo de amenaza, más si había menores de por medio.

Los otros “niños de Canet”

Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado, vicepresidente de Impulso Ciudadano y miembro de la AEB, insistió a El Independiente que era fundamental que no surgiesen los nombres por miedo a posibles represalias sociales. En la mente de muchos están casos de familias que han pasado por lo mismo y que han sufrido consecuencias nefastas.

Es el caso, por ejemplo, de Ana Moreno, una madre de Balaguer (Lérida) que, en el 2015, pidió más castellano en la escuela pública Gaspar de Portolà, donde iban sus hijos, y después de que el TSJC le diera la razón, sufrió un inmediato aislamiento social. Según ella misma explicó, le hicieron boicot al parque de bolas infantiles que dirigía y dejaron de invitar a sus hijos a los cumpleaños. También le hicieron una campaña en contra en redes sociales y se llegaron a organizar manifestaciones en la puerta del colegio de sus hijos. El padre de otro alumno le llegó a chillar: “Que pasen vergüenza los que piden castellano”. Al final no tuvo más remedio que cambiar a sus hijos de centro. Tampoco les daban horas en castellano, pero Ana Moreno dejó de insistir. Estaba cansada y no quería volver a hacer pasar a sus hijos por lo mismo.

“Muchas familias no dan el paso de pedir horas de castellano en el colegio de sus hijos por miedo a las repercusiones”, explica Rafael Arenas. “Yo mismo no di el paso”, reconoce. “Iniciar ese camino es un calvario: primero has de ir al director del centro, pedir una entrevista, explicar que quieres que se den las clases, normalmente intentan disuadirte, luego has de ir al Departamento de Educación, de nuevo más trámites, hasta que no te queda más remedio que acudir a los tribunales. Es un proceso largo, costoso, pero lo peor, sin duda, es el miedo al señalamiento, el acoso”.

Uno de los principales argumentos que esgrimen los grupos de defensa de la lengua catalana para justificar la defensa de la inmersión lingüística en las escuelas es, precisamente, que tan sólo unas ochenta familias han solicitado clases en castellano desde el 2005. Una auténtica minoría, insisten. A Arenas, sin embargo, este argumento no le parece válido. “Demasiadas son teniendo en cuenta todo a lo que te has de enfrentar”, esgrime. También apunta que en los próximos meses veremos más casos como el de Canet. “Ante el TSJC hay ahora mismo unos trece casos pendiente de resolución, algunos de los cuales se resolverán ya pronto, en cuestión de pocos meses”, explica. Desde la AEB también se ha desvelado que en tan sólo una semana han recibido más peticiones de ayuda para solicitar medidas similares “que en todo un mes”. Desde la asociación tienen la sensación de que el caso de Canet está sirviendo para que otras muchas familias se hayan decidido a solicitarlo.

¿Por qué ha estallado la polémica esta vez?

Al comprobar las cifras, surge una pregunta clave. Si hay, oficialmente, ochenta casos anteriores de familias que solicitaron ante el TSJC que sus hijos tuvieran horas de castellano (Arenas explica que, en realidad, son más, unas cien), ¿por qué no ha saltado la polémica hasta ahora? ¿Qué tiene de especial el caso de Canet de Mar para que haya abierto todos los telediarios cuando de los demás casos apenas se dijo nada?

“Probablemente ha habido una coincidencia política”, explica Rafael Arenas.

El año 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estableció que se debía impartir el 25% del horario en castellano si las familias así lo solicitaban. Era una cuestión puntual, que sólo afectaba al colegio —de hecho, a la clase en concreto— donde iban los hijos de las familias demandantes. Es el caso, por ejemplo, del niño de P5 en Canet de Mar. Sin embargo, en el año 2015, el ministerio de Educación, a la cabeza del cual entonces estaba Íñigo Méndez de Vigo, del PP, denunció ante el TSJC que la Generalitat no estaba cumpliendo su deber de fijar el uso del castellano en las aulas. Se señaló que, de media, el uso del castellano en los colegios catalanes era del 18% en primaria, 19% en secundaria y 26% en bachillerato. El TSJC le dio la razón, pero la Generalitat reclamó ante el Supremo, el cual no admitió el recurso. El 23 de noviembre del 2021 se conocía este rechazo del Alto Tribunal, una decisión que, en la práctica, obliga a que un mínimo del 25% del castellano se imparta en todos los colegios de Cataluña, tanto públicos como concertados.

Cómo y cuándo se aplicará formalmente esta sentencia es la gran pregunta que muchos se formulan. En principio, tiene que ser el TSJC quien decida cómo se ejecuta, pero el tema no es sencillo y la respuesta del tribunal, seguramente, no será rápida.

A la espera de los detalles, sin embargo, las valoraciones políticas no se hicieron esperar. La decisión, por supuesto, generó un gran revuelo entre las filas catalanistas, que vieron en la decisión “un ataque grave” a la escuela catalana. El fin de la inmersión lingüística. Un nuevo insulto a la lengua. El presidente de Generalitat, Pere Aragonès, declaró que “el catalán en el colegio no se toca” y que la inmersión era una “garantía de cohesión social e igualdad de oportunidades”. El conseller de Educación, Josep González-Cambray, llegó a hablar de que el Tribunal Supremo es “desconocedor de la realidad de los centros educativos catalanes”. Enseguida se dejó claro que “no habría ningún cambio” en los proyectos lingüísticos de los centros. “Seguid trabajando como hasta ahora”, apremió a los colegios. Para la Plataforma per la Llengua, la decisión era “contraria a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ratificada por el Estado, que se comprometió a hacer posible una educación en las lenguas regionales y minoritarias”. Òmnium Cultural hizo un llamamiento para “si hace falta, desobedecer” lo que a su juicio era “una nueva intromisión intolerable que rompe el consenso en torno a un modelo de éxito como es la escuela en catalán”.

“En medio de este revuelo”, explica Rafael Arenas, “el caso el niño de Canet de Mar ha sido un símbolo, porque era el primer caso de aplicación del 25% después de conocerse la decisión del Supremo”. Es decir, el debate ya estaba en la mente de muchos, los ánimos estaban muy caldeados y este caso sirvió como detonante para que explotara la polémica en su máxima expresión. Que el propio Conseller de Educación fuera en persona a la escuela para arropar al equipo directivo también ayudó a poner el foco en esta localidad.

Una lengua “en riesgo”

Uno de los principales argumentos de la Conselleria y de muchos analistas en Cataluña para oponerse al 25% de las clases en castellano es que el catalán “está en riesgo” y que se necesitan medidas intensivas para protegerlo, como, entre otras, la inmersión lingüística en las escuelas. En un informe de este año de la Plataforma per la Llengua se aseguraba que se vive “una situación de emergencia lingüística” porque, entre otros muchos indicadores, tan sólo el 36,1% de la población de Cataluña habla habitualmente el catalán (datos del 2018). En la Encuesta de usos lingüísticos de la población de Cataluña del 2018 se constató que, en la ciudad de Barcelona, el 53,1% de la población habla “poco o nada el catalán” y que sólo el “10,9% lo habla mucho”. El porcentaje de personas que no hablaban nunca el catalán llegaba en algunos municipios, como Hospitalet de Llobregat, al 71,5%.

La situación en los colegios es especialmente alarmante para muchos. Según datos facilitados por el Consejo Superior de Evaluación de Cataluña, desde el año 2006 se ha visto una caída en picado del catalán en las escuelas por parte de los alumnos. El porcentaje de alumnos que decían usarlo “siempre o casi siempre” ha pasado del 68% en el año 2006 al 21,4% actual. El porcentaje de alumnos que “jamás lo usan” es ahora del 49%.

Los datos son incuestionables, pero Rafael Arenas, de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, considera que también hay que tener en cuenta “que nunca antes había habido tantas personas que conozcan el catalán y que puedan hablarlo. Estamos hablando de unos diez millones de personas que lo entienden y que lo conocen”, por lo que, a su juicio, hablar de emergencias lingüísticas “es una falacia”. En referencia a que el uso corriente ha descendido drásticamente, Arenas considera “que hablar un idioma o no es una decisión personal”. Además, para fomentar su uso, más que hablar de escuela, deberíamos estar hablando de otros elementos. “En mi experiencia, por las personas que tengo cerca, diría que los que crecieron viendo dibujos animados en catalán hablan mejor el idioma que gente más joven que no ha pasado por esa experiencia”, considera. Muchos expertos están de acuerdo que, más que el modelo de inmersión lingüística, lo que realmente promocionó el uso del catalán fue el éxito de series como Bola de Drac o Plats Bruts, auténticos fenómenos masivos de audiencia en su momento.

En referencia a si el modelo de inmersión lingüística ha sido un éxito, tal como aseguran muchos defensores del sistema, y que los alumnos salen con un muy buen conocimiento de ambas lenguas —otro de los grandes argumentos de la inmersión—, Arenas considera que no es verdad y cita multitud de estudios que demuestran que los resultados educativos no están siendo buenos en Cataluña. “Tan sólo hay que ver los resultados de PISA, una encuesta internacional, para darse cuenta de que Cataluña está por debajo de otras comunidades autónomas con menos renta por cápita”.

Un municipio que quiere volver a la normalidad

Para muchos en Canet de Mar, sin embargo, las estadísticas internacionales les dicen muy poco y sólo desean que las aguas vuelvan a su cauce cuanto antes. Los alumnos del Turó del Drac de Canet llegan bastantes días con periodistas y cámaras de televisión apostados en sus puertas. Padres y madres de alumnos, tanto los detractores como los defensores del 25%, están ya claramente hartos del revuelo y sólo desean volver a la normalidad.

Hay que decir que el municipio costero de Canet de Mar, a media hora en coche de Barcelona y con unos 14.500 habitantes, siempre ha tenido fama de reivindicativo. Aunque ahora sólo sea conocido por el turismo y acoger muchas segundas residencias de barceloneses, en la década de los setenta albergaba los conciertos conocidos como “Sis hores de cançó”, seis horas de canción, uno de los actos de mayor movilización popular durante las postrimerías del franquismo y un evento donde, además de música de Lluís Llach o Maria del Mar Bonet, se distribuían panfletos políticos. A partir de 1975, se celebró el festival Canet Rock, inspirado en el Woodstock, que duró cinco ediciones y que se recuperó décadas más tarde, en el 2014.

Muchos habitantes del municipio son claramente independentistas. En el año 2009, un grupo de entidades conocida como Canet Decideix!, Canet decide, se propuso organizar su propia consulta popular por la independencia siguiendo el ejemplo de Arenys de Munt, un municipio que organizó su propio referéndum. En las últimas elecciones catalanas (el 14 de febrero de este año), Junts per Catalunya ganó con el 26,45% de los votos. ERC fue la segunda fuerza más votada (25,25%), seguido del PSC (16,74%) y las CUP (8,17%). Tan sólo 338 personas votaron a VOX, 338 a EnComúPodem, 209 a Ciudadanos y 163 al PP. En las últimas elecciones municipales, en el 2019, el partido más votado fue ERC.

Blanca Arbell (ERC) es la alcaldesa de Canet desde el 2015. Se define como una mujer dialogante que sufre mucho con la excesiva crispación política. Estos días, desde luego, no lo ha debido tener fácil, aunque sus declaraciones tampoco han ayudado a calmar los ánimos. La alcaldesa ha asegurado públicamente que las amenazas que ha sufrido la familia han sido exclusivamente en redes sociales. “Han sido dos tuits y de personas que no son de Canet”, ha asegurado. También ha dicho que tanto el Ayuntamiento de Canet como la escuela Turó del Drac han recibido amenazas. Incluso han puesto una grabadora para captar la voz de personas que llaman “con tono amenazante”.

La alcaldesa también participó en la manifestación que, el viernes 11 de diciembre, se organizó en Canet para protestar contra la decisión del TSJC. La manifestación había sido convocada por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) y la Intersindical Csc y, originariamente, estaba prevista que se celebrase a las 16:30 delante del recinto de la escuela. Es decir, justo en el momento en que salían los alumnos del centro. Finalmente, y tras algunas protestas, la manifestación se ha iniciado a unos cuantos metros del colegio y se ha dirigido hasta el centro del municipio. Durante unos momentos, algunos manifestantes cortaron la N-II (no provocaron afectaciones de tráfico porque la policía local ya había cortado la circulación).

La manifestación congregó a quinientas personas, aunque en último momento, algunos que habían pensado ir decidieron no hacerlo. “Se ha politizado todo demasiado”, explicaban algunos.

Es en lo único en lo que, probablemente, todos los bandos estén de acuerdo.

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