El juicio oral a Jordi Pujol y su familia comenzará en noviembre de 2026. Diez años después de que el ex president reconociera públicamente la existencia de cuentas ocultas de la familia en Andorra, que él siempre ha atribuido a una herencia de su padre, Florenci Pujol. Una década en la que Cataluña ha vivido un procés independentista que ha roto confianzas, desprestigiado instituciones y bloqueado cualquier iniciativa no asociada a la secesión.

Ese procés que echó a rodar con fuerza de la mano de Artur Mas, heredero de Pujol, quien vio en la promesa de la independencia una vía para atajar tanto las consecuencias políticas de los recortes posteriores a la crisis financiera como la herencia de corrupción aparejada a Convergencia Democràtica de Catalunya. Por eso, Mas relegó a Pujol al ostracismo y renunció a las siglas de CDC, el partido fundado por Pujol que durante casi cinco lustros se convirtió en una máquina perfectamente engrasada para la ocupación de todo el poder en Cataluña.

Paradójicamente, ha sido el primer president no independentista en una década, Salvador Illa, quien ha completado la rehabilitación política de Pujol. Fue este septiembre, cuando el socialista recibió a Pujol en el Palau de la Generalitat que durante dos décadas gobernó con mano de hierro. "Pujol es una de las figuras más relevantes de la historia política de Cataluña", señaló Illa tras recibir a su antecesor. Mes y medio después, la Audiencia Nacional anuncia que juzgará al expresidente de la Generalitat y a sus siete hijos del 10 de noviembre de 2025 al 23 de abril de 2026.

Red clientelar

Porque esa figura primordial de la historia política española del último medio siglo sigue teniendo una causa abierta por corrupción, y el juicio oral previsto para el próximo año volverá a exponer ante el público la trama de presunta corrupción creada en torno a Pujol. Un entramado en el que la familia tiene un papel central, pero que no se explica sin una densa red de connivencias, que Pujol ha tardado una década en volver a meter bajo la alfombra.

Según el relato de la Fiscalía, los Pujol Ferrusola ocultaron "una cantidad ingente de dinero" en Andorra al menos desde 1991. Un dinero fruto de las comisiones de determinados empresarios, a cambio de verse favorecidos por los concursos públicos de la Generalitat. De hecho, el fiscal del caso Pujol apunta que el ex president aprovechó su presidencia de 23 años para crear una red clientelar de empresarios afines a CDC.

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Él era, según el relato del fiscal, el encargado de gestionar los fondos procedentes de esa red clientelar y de distribuirlos entre el resto de los hermanos. Así parecía apuntarlo la denuncia que inició el proceso, cuando su ex amante, Victoria Álvarez, le acusó de llevar maletas llenas de dinero a Andorra, cuando compartían fines de semana de amor en el país de los Pirineos.

El precedente de Banca Catalana

No es la primera vez que Jordi Pujol afronta un juicio por delitos económicos. En mayo de 1984 el Fiscal General del Estado incluía al president de la Generalitat entre los querellados por la quiebra de Banca Catalana. Un proceso que el ex president supo presentar ante sus votantes como un ejemplo de agresión orquestada por los socialistas para descabalgarlo de la Generalitat.

Todavía no se había acuñado el término lawfare, ni había compol en los gabinetes de presidencia decidiendo cual debía ser el 'relato'. Pero Pujol dio una lección de cómo fijar el relato a su antojo y, cuando se impuso por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas, supo que se había acabado, para él, el 'caso Banca Catalana'.

El Gobierno central ha hecho una jugada indigna" pero "en adelante de ética y moral hablaremos nosotros. No ellos". 

El día que fue investido de nuevo president, miles de personas siguieron en procesión al coche oficial que lo conducía desde el Parlament al Palau de la Generalitat, donde salió al balcón para advertir ante los manifestantes congregados en la Plaza Sant Jaume: "El Gobierno central ha hecho una jugada indigna" pero "en adelante de ética y moral hablaremos nosotros. No ellos". 

Víctima de la represión

Cuarenta años después, la defensa tanto jurídica como política de la familia Pujol intenta recuperar esa fórmula de éxito. Los Pujol han denunciado que el proceso judicial contra ellos forma parte de una estrategia orquestada por el Gobierno de Mariano Rajoy contra el independentismo catalán. Una tesis avalada por la conexión entre Victoria Álvarez y el ex comisario José Manuel Villarejo, que ha llevado a los Pujol a reclamar que se les permita actuar como acusación en el juicio relacionado con la "Operación Cataluña".

Esa línea de defensa no ha conseguido sus objetivos en el ámbito jurídico. La estrategia tampoco ha tenido éxito en la Audiencia Nacional, que La Audiencia Nacional también ha rechazado la citación de la ex presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que aparecía en las grabaciones de Villarejo comentando con Victoria Álvarez los presuntos delitos cometidos por los Pujol. La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional no quiere que el juicio del caso Pujol se le escape de las manos.

En el ámbito político, sin embargo, la rehabilitación de Pujol por parte del independentismo, singularmente desde Junts, pasa fundamentalmente por presentar el 'caso Pujol' como un ejemplo más de la guerra sucia del Estado contra el secesionismo. Una tesis según la cual los Pujol, como Laura Borràs, son "víctimas de la represión del Estado" y no de su gestión presuntamente fraudulenta al frente de las instituciones.