La jueza Tardón, pide al Gobierno que desclasifique de forma urgente más informes sobre la entrada masiva en Ceuta

La jueza María Tardón ha pedido al Gobierno que desclasifique con carácter urgente nuevos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026. La magistrada considera que la documentación es imprescindible para esclarecer los hechos, investigados en una causa en la que se indagan posibles delitos contra la paz e independencia del Estado, y reclama que la información se entregue en un plazo máximo de 15 días naturales.

En un auto fechado este martes, al que se refiere la petición, Tardón eleva una exposición razonada al Consejo de Ministros, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para que levante las restricciones derivadas del carácter secreto o reservado de los documentos. La instructora también solicita autorización para que dos funcionarios del CNI declaren como testigos sobre las comunicaciones que mantuvieron durante aquellos días con la Guardia Civil y otros interlocutores.

La decisión llega después de que la magistrada considere insuficiente la información remitida por el CNI el pasado 14 de octubre. El organismo no habría respondido de forma completa a tres cuestiones que la jueza considera esenciales: quién recibió las alertas sobre la situación en Ceuta y cuándo, qué información se intercambió con los servicios de inteligencia marroquíes y qué investigaciones e informes se elaboraron después de la fase más aguda de la crisis.

Uno de los puntos que Tardón quiere aclarar es qué autoridades tuvieron conocimiento de la información disponible antes de la entrada masiva y en qué momento la recibieron. El CNI identificó como destinatarios de algunas comunicaciones al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta y a un interlocutor de la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3) de la Guardia Civil, pero no facilitó la identidad de este último. La magistrada considera que esa omisión impide citar a declarar a funcionarios cuyo testimonio puede resultar esencial para la investigación.

El organismo tampoco habría concretado las fechas, horas y canales de comunicación empleados en distintos contactos con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil. Además, aunque aseguró que las notas estratégicas fueron difundidas a las autoridades y que después del 30 de julio se remitieron documentos actualizados, no identificó a sus destinatarios ni aportó esos informes.

La jueza reclama también el contenido íntegro de una nota remitida por el CNI a los servicios de inteligencia marroquíes DGED y DGST, que continúa parcialmente censurada. Tardón pide, además, todas las notas y comunicaciones intercambiadas entre ambos servicios durante julio y hasta la recepción de la solicitud que contengan avisos o alertas sobre posibles movimientos de presión migratoria hacia la frontera española.

El CNI reconoció en su respuesta que mantiene un flujo frecuente de intercambio de información con los servicios de inteligencia de Marruecos, incluida la relativa a la inmigración irregular. Sin embargo, la instructora considera que esa explicación resulta insuficiente para determinar si existieron alertas concretas, qué información se compartió y qué actuaciones pudieron derivarse de ella.

La petición de desclasificación afecta asimismo a un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), fechado el 4 de agosto y titulado Evolución de la crisis en Ceuta. El Gabinete Técnico del jefe del Estado Mayor de la Defensa comunicó a la jueza que no podía remitirlo porque está clasificado como reservado.

El Gobierno ya desclasificó el pasado 8 de septiembre 40 documentos y comunicaciones relacionados con la situación de Ceuta, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio. Entre ellos figuraban notas del CNI, comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil, un informe de inteligencia militar y mensajes relativos a la crisis migratoria. Sin embargo, parte de la información permaneció censurada.

Qué autoridades estaban al tanto de la entrada masiva

Tardón sostiene que la documentación ahora reclamada guarda una relación directa con los hechos investigados y que no existen otras vías para obtenerla. A su juicio, resulta necesario conocer qué autoridades estaban al tanto de la convocatoria de la entrada masiva, qué decisiones adoptaron o dejaron de adoptar a la vista de las alertas y cuál fue la actuación de las autoridades marroquíes.

La magistrada subraya que el carácter reservado de los documentos no impide solicitar su desclasificación cuando son necesarios para una investigación penal. Recuerda que la documentación y las declaraciones que se incorporen a la causa quedarán bajo secreto en una pieza separada de diligencias de investigación reservadas, con las cautelas necesarias para proteger la información ajena al procedimiento.

La urgencia responde también al tiempo transcurrido desde los primeros requerimientos judiciales. La jueza señala que han pasado siete semanas desde el auto del 11 de septiembre y que, pese a un nuevo requerimiento formulado el 9 de octubre con un plazo improrrogable de tres días, el CNI sigue sin contestar íntegramente a las preguntas planteadas.

Sin esos documentos, advierte, no pueden practicarse diligencias posteriores, en particular las declaraciones de los agentes del CNI y de los destinatarios de sus comunicaciones. Por ello, reclama al Consejo de Ministros que resuelva la desclasificación en un máximo de 15 días naturales.