El Consejo de Ministros tiene previsto este martes ratificar los nombramientos que la pasada semana realizó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre ellos el de Dolores Delgado como responsable de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Estas designaciones provocaron una cascada de bajas en la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenecían tanto Delgado como García Ortiz- por el malestar interno en la carrera tanto por otorgar este cargo a la exfiscal general como por haber entregado los puestos con el calendario electoral en marcha. Mientras unos hablan de que se han "rebasado líneas rojas", otros cierran filas y realzan la "buena salud" de la asociación reduciendo lo ocurrido a actos "personalísimos". "Nadie es imprescindible aquí", expresan.

"En la UPF se está por principios, no por aspiraciones profesionales", comenta una de las voces de la decena de miembros y exmiembros de la asociación consultados por este periódico. Sólo en la última semana han abandonado el colectivo, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, el que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional y actual fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carlos Castresana, y la fiscal de Madrid Lorena Álvarez.

Pero la salida, según los datos recabados por El Independiente, es aún mayor desde que llegó Delgado a la jefatura del Ministerio Público hace tres años. El fiscal del Tribunal Supremo Manuel Jesús Dolz -que fue secretario de Estado de Justicia precisamente con Delgado-, el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota o el fiscal de Madrid Carlos Ruiz de Alegría también han salido de la UPF tras distintas polémicas en los últimos meses.

"Una asociación de fiscales no es monolítica. Si por algo nos caracterizamos es por tener puntos de vista distintos", explica un fiscal de Sala. Muchos defienden que las bajas han sido a consecuencia de "enfados" por no haber conseguido plazas a la que aspiraban. "Todos cuando pedían y se les daban hacían alarde de militancia histórica. Ahora, les hemos traicionado...", cuestiona un fiscal. "Mucha gente está posicionándose para la llegada de un fiscal general de la derecha y por eso tienen que escenificar. Que se vea que ya no soy", aclara.

El movimiento asociativo en el Ministerio Público surgió en 1980 y, unos cinco años después, surgió la escisión de la Asociación de Fiscales - AF (mayoritaria en la carrera que pervive hasta hoy) con la formación la Unión Progresista de Fiscales (UPF) por discrepar del modelo de Fiscalía que defendía la AF. Según las cifras de cada una, actualmente la primera cuenta con unos 610 afiliados y la segunda con unos 250. "Yo me di de alta hace más años que Matusalén", comenta Ruiz de Alegría, que ha accedido a hablar en su nombre. Para él, la UPF estaba marcada por valores como la lucha social y la búsqueda de la igualdad de la mujer, pero "la deriva del último año ha sido muy penosa", explica. Por eso, se ha asociado al tercero de los colectivos, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) que en los últimos años ha cogido peso, ha centralizado parte del descontento de la carrera, ha entrado en el Consejo fiscal y ya cuenta con 50 afiliados.

También muy pronto se afilió Almudena Lastra que ingresó en la carrera fiscal en 1991 y desde 1992 ya era de la UPF. En su carta de salida la pasada semana, la fiscal jefa de Madrid se preguntaba cómo se podía haber llegado hasta este punto. El impulso para cursar su baja, para ella, fue "la falta de respeto a las posturas de los representantes de otras asociaciones", revela a este periódico. "La anticipación de un Consejo Fiscal programado para el 19 de junio, justo en el momento en el que se anuncia por el Presidente de Gobierno la celebración de elecciones generales, lo que ponía de manifiesto cierta prisa para hacer precisamente esa propuesta, cuando desde que fuera Fiscal Jesús Cardenal, todos los Fiscales Generales han respetado el periodo desde la disolución de las Cortes Generales para hacer nombramientos de fiscales de Sala, máxima categoría de la carrera fiscal, salvo en los casos en que se ha consensuado entre todos los integrantes del Consejo por haber, por ejemplo, un único peticionario de la plaza en cuestión", aclara la fiscal jefa.

Algunos echan de menos que la comunicación de estas salidas la semana pasada no se hiciera primero en la propia asociación para tratar de llegar a un punto en común. "Cuando uno se va del sitio donde está por unas razones concretas habría que explicar las cosas para en un futuro intentar aprender. A mí me gustaría que nos sentáramos y habláramos. Un comunicado o una carta no tiene nada que ver con sentarnos e iniciar un diálogo", contempla un alto cargo del Ministerio Público.

Algunas voces califican lo sucedido de "vergüenza descomunal" o hablan de "un conflicto de intereses que roza la ilegalidad" el hecho de que la Fiscalía General se utilice para aupar sólo a los afines, dicen. Otros afiliados, en cambio, defienden que en la UPF "se acepta que se promueva el pluralismo, a diferencia de otras [asociaciones]" y que no son "nada sectarios". Por eso, explican que las discrepancias son normales y esto son "polémicas artificiosas". "A pesar del ruido, la asociación goza de una estupenda salud", recalca una fiscal.

Sobre hacer autocrítica, unos no son muy partidarios ("la crítica ya la hacen ellos"), aunque otros confirman que, sin duda, estas bajas y, especialmente, los malos resultados de las elecciones al Consejo Fiscal -la UPF pasó de cuatro representantes a dos, su mínimo histórico- se debatirán en el congreso que se celebrará el próximo mes de octubre en Fuerteventura donde se elegirá un nuevo secretariado. "Discutiremos mucho", dice uno. "Es una asociación muy viva", indica otro.

Cierre de filas

Por el momento, muchos cierran filas con la actual dirección. "Inés Herreros salió avaladísima por la mayoría del Congreso", realza una compañera. En octubre de 2021, la fiscal canaria fue elegida presidenta de la UPF para sustituir a Teresa Peramato en el Congreso de Granada. Algunos consultados subrayan que salió cuando era consejera del órgano de Dolores Delgado así que señalan que en ese momento no supuso un problema el pertencer al Consejo Fiscal de la exfiscal general. "Ganó por una mayoría histórica", recuerdan.

Así las cosas, ponen en valor el papel las distintas actuaciones de la UPF en el último tiempo como la negociación con el Ministerio de Justicia sobre la subida salarial de jueces y fiscales y, recuerdan, que la asociación tiene dos almas una más reivindicativa de los derechos laborales y otra defensora de los derechos humanos.

Sobre la segunda, hablan los afiliados: "La UPF lleva en el ADN una concepción de la justicia como herramienta para mejorar la vida de las personas". Recuerdan que con este secretariado se ha producido un viaje a Pakistán a finales del año pasado para revisar las condiciones en las que viven las fiscales salidas de Afganistán huyendo de los talibanes o una visita al Sáhara Occidental acompañada de una carta muy dura dirigida al presidente del Gobierno para reproechar la nueva postura política sobre Marruecos. .

Si bien, parte de las críticas a la UPF llega por la deriva de la asociación hacia posturas más sindicalistas y alejadas de las políticas más vanguardistas del Ministerio Público. Así lo ejemplifica Almudena Lastra: "Desde mi punto de vista los fiscales no somos funcionarios, pertenecemos a un órgano de relevancia constitucional incardinado con autonomía funcional en el poder judicial. En los últimos años la principal preocupación parece haber sido la defensa de los derechos 'funcionariales' de los fiscales, abandonando lo que siempre fue el norte de esta asociación que era conseguir un modelo procesal acorde con un Ministerio Fiscal Constitucional", expresa. Este malestar lo comparten otras de las fuentes consultadas que señalan que la vía de la asociación escogida en "las dos últimas presidencias" se ha alejado de la histórica lucha de la UPF.