El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha convocado un pleno para el próximo lunes para debatir una declaración institucional en contra de la amnistía. Fuentes jurídicas explican que la reunión se producirá ese día a partir de las 19:00 horas, después de que ayer ocho vocales del sector conservador solicitaran emitir un comunicado en el que recalcan que la amnistía supone la "abolición del Estado de derecho en España".

La solicitud partió de los ocho vocales elegidos por el PP ( Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz y Mª Ángeles Carmona) que en una carta dirigida al presidente pedían que en un plazo máximo de tres días se convocara un pleno extraordinario con un único punto del día: "Debate y adopción de la declaración institucional".

Si finalmente el Gobierno y los partidos independentistas registran a través del Congreso la proposición de ley de amnistía, ésta no tendrá que pasar los informes consultivos pertinentes de los distintos órganos como el propio CGPJ. Es por ello, que los vocales mencionados lamentan que se salten estos controles democráticos en una medida tan crucial. Pero no sólo, en una durísima carta que pretenden debatir con el resto de mimebros se colocan en contra de la amnistía sin paliativos.

"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés de España", reza el comunicado.

Guilarte y el resto de los vocales del Consejo (16 en total) tendrán que debatir si este texto sale adelante o si en su caso se pronuncian en otros términos. Los vocales conservadores aspiran a que el Pleno del CGPJ deje clara la inconstitucionalidad de la amnistía, porque dicen que iría en contra del principio básico del pluralismo político. "La aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de Derecho en el que se quiso constituir España y efectivamente se constituyó... al menos hasta ahora", expresaron.