Los ocho vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentarán este jueves una solicitud para convocar un pleno extraordinario en el que se reúna todo el órgano y se acuerde una declaración institucional para oponerse a la amnistía. Este movimiento llega después de que el presidente Pedro Sánchez haya anunciado un pacto con ERC y la medida de gracia esté a punto de ser presentada en el Congreso de los Diputados.
La solicitud, a la que ha tenido acceso El Independiente, la firman Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz y Mª Ángeles Carmona y piden que en el plazo de tres días se agende este pleno extraordinario con un único punto del día: "Debate y adopción de la declaración institucional". El presidente del órgano Vicente Guilarte está obligado a celebrarlo si la petición viene de ocho integrantes.
En dicha declaración explican que hasta ahora han sido meros observadores de las negociaciones de la amnistía, de lo que se estaba cociendo entre el Gobierno y "algunos partidos políticos minoritarios" en los que incluyen "algunos de ellos con responsabilidades de gobierno" refiriéndose a Sumar. En todo este tiempo, dicen, el presidente del Gobierno no había explicitado cuál era su plan y en la medida en la que todo eran rumores y frases sueltas el CGPJ "ha preferido mantenerse en una actitud de prudente expectativa".
Pero el silencio roto por Pedro Sánchez el pasado sábado 28 de octubre en el Comité Federal lo ha precipitado todo. El presidente reconoció entonces que habían pactado la amnistía "por el interés general" y que estará dirigida a, entre otros, Carles Puigdemont que lleva prófugo de la justicia más de cinco años.
Los vocales se quejan en primer lugar de que pese a que el Gobierno de España se presenta como promotor de la futura ley de amnistía "se tramitará como proposición de ley, con lo que eludirá una vez más, la función consultiva de este Consejo". Haciéndolo mediante este procedimiento, el Ejecutivo se libre de los informes que suelen aportar los órganos consultivos.
"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés de España", reza el comunicado.
Los vocales señalan que la Constitución es un valor superior al ordenamiento jurídico y que impedir el curso de los tribunales, la acción de los jueces y convertir "en papel mojado" las sentencias es algo "rotundamente incompable con el principio del Estado de derecho" que se promueve en el artículo 1 de la Carta Magna.
Que la amnistía se pacte "para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político" convierte el marco del Estado "en un objeto de mercadeo al servicio del interés personal de quienes puedan presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el 'interés de España'".
Los firmantes añaden que el hecho de que los responsables del 'procés' puedan queda impunes "supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley". "La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera".
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hace 11 meses
¿HASTA CUÁNDO , PEDRO SÁNCHEZ, VAS A SEGUIR ABUSANDO DE NUESTRA PACIENCIA?¿QUÉ TE HABRÁ PROMETIDO SOROS , P.SÁNCHEZ?
«ROMA NO PAGA A TRAIDORES».
Bismarck: “Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido”
hace 11 meses
Creo que los periodistas independientes deberían dejar de usar los conceptos de «progresistas» y «conservadores» para catalogar a los jueces y magistrados. Esa nomenclatura politiza la justicia. Quizás deberían utilizar gubernamentales y profesionales.
hace 11 meses
Ahora que disponemos de pinganillos, gracias a los rompedores de las Españas, escuchen Li diu el mort al degollat, ¿ qui t’ha fet eixe forat?.
Es decir, ¿ como se atreve el sector»conservador» es decir de derecha/extrema derecha, que lleva cinco años caducado e incumpliendo la Constitución, a pedir nada?
Si tuvieran un poquito de vergüenza se irían a su casa.
Hasta las leyes, si no las han hecho ellos son Bolivarianas!.
Por cierto este señor hizo algunas que no estaban nada mal ( un repasito de Historia, porfa)
hace 11 meses
Lo denominamos ‘sector conservador’ ó mejor…sector profesional. Quién no quiera defender la Constitución actual ni el Estado de Derecho…debería irse a su casa ó a la Moncloa si prefiere.
hace 11 meses
Igual los que se tienen que aplicar la norma que quieren hacer esta gentuza es aplicable a ellos que llevan cinco años de gratis en el cgpj
hace 11 meses
Nada más que añadir. Claro, conciso y poniendo el dedo en la llaga.
Para empezar la tramitación que se hará que eludirá cualquier consulta sea vinculante o no a órganos como el Consejo de Estado o el CGPJ, ya da idea de opacidad y no querer escuchar informes de gente con la categoría y experiencia suficiente para ser órganos consultivos
Me gustaría saber la categoría y experiencia de aquellos que esté redactando esta ley. ( da pavor la verdad estar en manos de gente sin la capacidad necesaria)
Además que una ley de este tipo para aprobarse únicamente por mayoría simple, y vísta la necesidad de que cada diputado cuenta, esto es, que cualquier error en el voto da al traste con leyes con la suficiente trascendencia para que se requiriera una mayoría cualificada, demuestra el alambre en el que se quieren ,ver, y ya sabemos que del alambre uno se cae.
Además, cuando se habla de la convivencia, solo va en una dirección. Y que sucede con la otra mayoría social ( no se si la mitad o menos o más) que no acepta o no entiende esto? Se está legislando para mejorar la convivencia con una minoría ( creó recordar que el PP sacó más votos que los partidos independentistas en la propia Cataluña) que sucede con esa otra mitad?
Desgraciadamente tengo la repuesta y es que no son adversarios, son (somos) enemigos, a los que se quiere arrinconar, despreciar e imponer, así como limitar nuestra libertad, y si puede ser ( como así ha sucedido) expulsar.
A la vista ese respeto con las instituciones y ese ánimo de convivir en fraternidad que demuestra día sí y día también los partidos independentistas y comunistas.