La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a cargar contra el juez Manuel García Castellón, instructor del caso 'Tsunami Democràtic', por sus evidentes diferencias sobre los delitos de terrorismo en la investigación. El Ministerio Público dice que el magistrado confunde las protestas que sucedieron en 2019 tras el procés con la causa de los CDR.

La respuesta del fiscal Miguel Ángel Carballo, a la que ha tenido acceso El Independiente, se hace para contestar dos recursos de apelación interpuestos por Marta Molina (miembro de ERC) y Josep Lluís Alay (mano derecha de Carles Puigdemont). Ambos impugnaban que el juez hubiera decidido enviar el asunto al Tribunal Supremo y el fiscal está de acuerdo con ellos.

"Ciertamente el testimonio ya ha sido remitido y se encuentra en manos del Supremo quien decidirá sobre su competencia para conocer los hechos", asume el fiscal. Sin embargo, añade que le resulta "sorprendente la contradicción" entre sus resoluciones próximas en el tiempo y su celeridad por enviar la causa al alto tribunal.

El fiscal lo acusa de "prolongaciones artificiosas" para no dar a los imputados y a los afectados que están personados en la causa algunos de las respuestas del Ministerio Público. Y señala que no había ningún indicio nuevo que pudiera provocar que la causa terminara en otro órgano.

"Resulta del todo incongruente acordar una serie de diligencias en el auto de inculpación de 6 de noviembre y sin esperar a su resultado precipitar la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo", revela. Carballo indica que las diligencias que ha hecho ahora el juez "no han incidido en absoluto ni han aportado dato nuevo alguno sobre la inculpación de los dos aforados" y, por tanto, no tiene sentido haber remitido la causa de forma prematura.

García Castellón consideró a finales del pasado año que debía entregar la investigación a los jueces del alto tribunal porque en las diligencias habían aparecido el expresidente Carles Puigdemont (eurodiputado y, por tanto, aforado) y el diputado de ERC Rubén Wagensberg.

Confunde a los CDR

"Hemos de coincidir también con los apelantes en que, al menos en apariencia, el instructor en los fundamentos de algunas de sus resoluciones llega a confundir el fenómeno de 'Tsunami Democràtic' con los CDR cuando se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes", indica Carballo.

Cabe recordar que los Comités para la Defensa de la República, como se denominaron los CDR, también fueron investigados en la Audiencia Nacional y 12 de ellos que pertenecían a un grupo más violento fueron procesados por terrorismo. En ese caso, el fiscal sí estuvo de acuerdo y formuló escrito de acusación para pedir penas de hasta 28 años en aquellos casos en los que los independentistas tenían explosivos.