El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha añadido al orden del día del pleno que se celebra este lunes un asunto que ha incomodado a un sector del órgano: cambiar la Comisión Permanente. En su propuesta, Guilarte quiere incluir en este consejo asesor, que forma el núcleo duro, al vocal progresista Enrique Lucas, según avanzan fuentes internas a El Independiente. Los conservadores pretenderán arrancar de la reunión un comunicado contundente sobre las declaraciones de los políticos contra los jueces en plena tramitación de la ley de amnistía en el Congreso.

La petición partió de los nueve vocales conservadores el día después del debate en la Cámara Baja cuando la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, volvió a arremeter contra nombres propios de la judicatura como Manuel García Castellón o Joaquín Aguirre. Los firmantes pedían un pleno extraordinario para volver a abordar un texto de rechazo a las palabras de los líderes parlamentarios y el presidente Guilarte agendó el encuentro para este lunes.

Pero en lugar de haber un único punto del día como se había requerido -- "pronunciamiento sobre las declaraciones vertidas ayer, 30 de enero, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, por oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta de las cortes"--, Guilarte introdujo otro más: modificar la Comisión que decide, por ejemplo, sobre las sanciones a los jueces.

Este grupo está formado actualmente por el presidente, tres vocales progresistas (Pilar Sepúlveda, Mar Cabrejas y Roser Bach) y tres vocales conservadores (Carmen Llombart, José Antonio Ballestero y Mª Ángeles Carmona). Una composición que eligió el propio Guilarte en julio cuando tomó posesión de su cargo tras la jubilación de Rafael Mozo y que supuso cambiar la Comisión Permanente por primera vez desde que había dimitido el ahora expresidente Carlos Lesmes.

Por eso, este repentino interés del jefe del CGPJ en cambiar su Corte ha escamado en parte de sus integrantes que ven intereses políticos detrás de modificar la correlación de fuerzas del sector progresistas.

Según las fuentes consultadas, Guilarte busca sacar del núcleo duro a Pilar Sepúlveda para introducir a Enrique Lucas, el vocal hermano de Pablo Lucas que es magistrado y encargado del control judicial del CNI en el Tribunal Supremo. A pocos se les escapa los intereses que la ministra de Defensa, Margarita Robles, pueda tener detrás de este movimiento.

Distintas fuentes señalan que dentro de los vocales progresistas hay distintas corrientes y que Lucas entre en la Comisión Permanente evidenciaría cambios en este sentido. Lo cierto es que el presidente interino ya introdujo este asunto en el pleno que se celebró a finales del pasado mes si bien se terminó retirándolo del orden del día y ni siquiera se debatió.

Las voces consultadas dudan que el presidente consiga los votos suficientes para volver a modificar la Comisión Permanente y, además, se muestran incómodos porque haya vuelto a poner este marcador en el calendario cuando el pleno que se había convocado era exclusivamente para hablar de las críticas del Gobierno a los jueces.

Algunos aseguran no entender qué dirección está tomando el jefe del CGPJ que ya ha dejado caer públicamente que si PSOE y PP no alcanzan un acuerdo para renovar el órgano tiene intención de dimitir como hizo uno de sus antecesores. Desde que Lesmes renunció, la presidencia del Poder Judicial ha pasado, primero por las manos de Mozo hasta su jubilación y, después, por las de Guilarte que, en principio, no podría jubilarse porque forma parte del turno de los juristas.

Mención al presidente del Gobierno

Por otro lado, la reunión de este lunes se espera ardua porque los conservadores reclaman un pronunciamiento oficial en el que, incluso, pretenden introducir una mención expresa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Eso supondría ir un paso más en la escalada de desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Judicial cuya relación viene desgastándose en los últimos años, aunque el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, esté dando pasos claros para restablecerlas.

Los nueve vocales que firmaron la petición de pronunciamiento (José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Wenceslao Olea, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart, Nuria Abad y María Ángeles Carmona) buscarán realizar una alusión explícita a Sánchez después de que éste dijera que los hechos sucedidos en 'Tsunami Democràtic' no fueron terrorismo.

Para ellos, se trata de una injerencia del Gobierno en el trabajo de los jueces y en investigaciones que están todavía en curso. En la última declaración emitida por unanimidad el pasado 19 de enero, la Comisión Permanente expresó su "rechazo rotundo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, a García Castellón, al considerar que son "contrarias" al "deber de respeto a la independencia judicial", al tiempo que pidió "responsabilidad institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia".