La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La asociación a la que pertenece el fiscal del alto tribunal Salvador Viada (que estuvo este martes en la junta en la que se trató el asunto de 'Tsunami Democràtic' y el terrorismo) considera que el Gobierno no debería haberlo revalidado en el cargo cuando una sentencia lo acusaba de "desviación de poder".

En una nota de prensa difundida por la asociación este viernes, los fiscales señalan que después del informe que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "extenso y fundado" que consideraba al candidato inidóneo, a juicio de los asociados "el Gobierno debía haber dado una explicación muy razonable y convincente para mantener la propuesta del candidato elegido". Ahora, creen que lo conveniente es que la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal decida si ese nombramiento estuvo bien hecho.

"La APIF considera que el estado de derecho en España ha de mantenerse sobre el Ministerio Fiscal independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley. En este sentido, respetando la designación hecha por ele Ejecutivo consideramos que el presente fiscal general no tiene el talante, ni la actitud, ni el carácter ni la convicción para ser un fiscal general del Estado y no del Gobierno", exponen.

Para la asociación, García Ortiz no debe permanecer en el cargo después de que la Sala de lo Contencioso del Supremo anulara la elección que él hizo de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Además le afean "su actuación, una vez nombrado fiscal general del Estado, estrenándose en el cargo con la decisión de privar al Consejo de Fiscales de la posibilidad de emitir el dictamen solicitado por el Senado de España respecto a la proposición de ley de Amnistía".

Precedentes: Dolores Delgado y Eligio Hernández

El Tribunal Supremo tiene ya jurisprudencia sobre la mesa sobre recursos contra jefes del Ministerio Público. La última data de octubre de 2021 cuando avaló el designio de Delgado tras haber llegado sin solución de continuidad desde el Ministerio de Justicia.

La Sala decidió no admitir los recursos presentados por PP y Vox contra ella, aunque no entró en el fondo de la cuestión, sino que consideró que no tienen "legitimación activa" un filtro que deben pasar los recurrentes para ver si son aptos y si tienen intereses en lo que están recurriendo.

Esta vez la situación es algo distinta porque quien recurre es una asociación de fiscales por lo que algunas fuentes jurídicas señalan que esta legitimación está salvada. Hay otro precedente en este sentido, que fue el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general.

El alto tribunal lo declaró ilegal en 1994 tras un recurso de la Unión Judicial Independiente, de la Asociación Profesional de la Magistratura y de la Asociación de Fiscales. "Extendiendo el concepto estricto de interés profesional [...], podemos y debemos entender que también está comprometido cuando el tema litigioso versa sobre el marco o estatuto jurídico básico que regula la función profesional que ejercitan los asociados", sostuvo el tribunal sobre la legitimación entonces.