La Proposición de Ley que registró este viernes el PSOE en el Congreso y que limita la figura de la acusación popular conseguiría librar al expresident catalán Carles Puigdemont de la cárcel si es detenido, según explican fuentes jurídicas a El Independiente. A pesar de que Junts anunció a última hora de ayer que presentaría una enmienda a la totalidad con un texto alternativo porque la propuesta socialista es "insuficiente", citadas fuentes explican que con la redacción actual la causa por la que el Tribunal Supremo persigue a Puigdemont desde 2017 podría desvanecerse.

El asunto del procés que dirige el magistrado de la Sala de lo Penal Pablo Llarena en el alto tribunal sólo cuenta con Vox como acusación popular personada. Hasta el momento, la formación de Santiago Abascal ha sido la que ha llevado el peso de la acusación más dura, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la amnistía.

Vox participó en el juicio de los líderes independentistas en 2019 y ha seguido siendo parte activa de la instrucción que se mantiene viva contra Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, fugados de la Justicia española. A lo largo de todos estos años siempre ha pretendido las condenas más severas, empezando por el delito de rebelión, que el propio Tribunal desestimó, y siguiendo por la sedición o la malversación en sus cotas más duras.

La Abogacía del Estado, también parte del proceso, fue la que pidió una pena más leve y no fue partícipe de la rebelión durante el juicio. La Fiscalía -- representada hasta el pasado año por los cuatro fiscales de la Sala de lo Oenal Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- sí mantuvo una postura rígida acusando por rebelión, mostrándose en contra de los indultos cuando el Gobierno los otorgó y, finalmente, tratando de posicionarse en contra de la amnistía.

Fue en este último punto cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no estuvo de acuerdo con su criterio. Decidió relevarlos del caso y entregárselo a su 'número dos' en el Ministerio fiscal para que se mostrara favorable a aplicar la ley del perdón como pretendía el Ejecutivo.

Con este panorama, sólo Vox considera que la amnistía no debe aplicarse a Puigdemont y es la postura que comparte el propio Tribunal Supremo que ha señalado que los delitos de desviación de fondos públicos por los que los cabecillas independentistas están acusados y condenados no pueden ser amnistiados. "La orden de detención y prisión tienen que pedirla las acusaciones", especifica una fuente del alto tribunal a este medio.

En el Supremo dan por hecho que ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía van a pedir una orden de detención para Puigdemont ni el ingreso en prisión cuando ambas acusaciones creen que ya no hay caso y todo debería estar amnistiado por lo que toda la causa contra el líder de Junts pendía, básicamente, de la acción de Vox. La norma que regula las órdenes de detención y entrega europeas lo dice claramente: "Sólo si el Ministerio Fiscal o, en su caso, la acusación particular interesa la emisión de la orden europea de detención y entrega para el ejercicio de acciones penales, podrá acordarlo el juez, por auto motivado".

En resumen, sin Vox la persecusión de los delitos de Puigdemont se termina. Fuentes del órgano creen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no da puntada si hilo, ha rematado el tapiz de la despenalización del procés. Primero se derogó el delito de sedición del Código Penal, luego se reformó la malversación, después se indultó, se aprobó la Ley de Amnistía y este último retoque modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para menguar las acciones populares. "Todo se modifica a petición de Puigdemont", dicen.

Sin Vox acusando, nadie acusa así que la Fiscalía podrá pedir el archivo del procedimiento. Un archivo, eso sí, que no decidirá Llarena, sino que debe pasar por la Sala de enjuicimiento porque se trata de un sumario con delitos graves.

El partido independentista, en cambio, no parece estar satisfecho del todo con cómo ha quedado la Ley, si bien todavía no ha especificado por qué. "Desde Junts consideramos que la iniciativa del PSOE es insuficiente, limitada y no aborda el problema de fondo. No soluciona el problema estructural del Estado español y se aleja de la verdadera regeneración democrática. El lawfare y la politización de la Justicia han afectado a los independentistas durante años. Si los socialistas hubieran acutado antes y no hubiesen mirado hacia otro lado la dictadura de las togas no seguiría actuando impunemente", expresaron fuentes del partido este viernes.

Algunas voces ven tras este movimiento una contrapartida para que Junts apoye los presupuestos del Estado del Gobierno "hasta que se posiciones el Tribunal Constitucional", pero de nuevo para el partido de Puigdemont el paso no es suficiente.

La norma establece de forma específica que debe entrar en vigor en el mismo momento en el que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que debe aplicarse en los "procesos en curso", por lo tanto, dependerá de cuánto se enrede la norma en el Congreso de los Diputados.