La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tuvo que borrar cuatro discos duros que contenían copia de todo lo que se había incautado en la entrada y registro a la vivienda y oficinas de Juan Carlos Barrabés, el empresario al que Begoña Gómez le firmó una carta de recomendación para conseguir un contrato público y el primero, junto con la esposa del presidente del Gobierno, en estar imputado por corrupción en los negocios privados en este procedimiento. Un error del juez instructor Juan Carlos Peinado al no motivar suficiente dicho registro ha provocado que todo ese material se haya perdido.

"En relación con el contenido de estos cuatro discos duros en los que se contenía copia de trabajo de todo lo intervenido durante las entradas y registros objeto de nulidad, en virtud de lo ordenado, se ha procedido a la destrucción", indicó la UCO en un informe que consta en el sumario. Los agentes realizaron un eliminado forense a través de un software llamado Paladín.

En total borraron 7 terabyte, o lo que es lo mismo lo equivalente al almacenamiento de 56 móviles de 128 gigabytes cada uno. "El proceso realizado consiste en la limpieza total de cualquier contenido previo de los soportes sometidos al mismo, consiguiendo la eliminación completa mediante sobre-escritura en toda la capacidad de contenido estéril", reza dicho oficio, al que ha tenido acceso El Independiente.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ordenó en pleno mes de agosto de 2024, la mañana del 23, que los agentes se personaran tanto en la casa, como en las oficinas de Barrabés, así como en el hospital donde él estaba ingresado por una enfermedad. El Instituto Armado se llevó una tablet, dos portátiles, un pendrive, toda la información de sus tres cuentas de correo electrónico e hicieron un clonado del teléfono móvil que tenía Barrabés en el Hospital 12 de octubre de Madrid.

En su despacho había tanta información que no terminaron en un día. "En relación con este registro se recuerda que, debido al volumen de descarga de información, se prorrogó durante el día siguiente". La UCO había realizado copias de trabajo de todo el material para ir analizándolo a lo largo de estos meses y recopilar todas aquellas evidencias que apuntalar un posible tráfico de influencias por parte de Gómez para beneficiar a las empresas del hombre que también impartía clases en su máster en la Universidad Complutense.

Pero todo el trabajo se fue al traste a finales de este mes de enero. La Audiencia Provincial de Madrid anuló el registro al domicilio en una sentencia que contenía alguna frase que retumbó en los pasillos de los Juzgados de Plaza de Castilla: "No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley".

Los magistrados afearon al juez que enviara a la guardia Civil a todos los inmuebles de Barrabés "sin justificar la urgencia para practicarse cuando el investigado se encontraba ingresado en el hospital constando los informes médicos en la causa". Así las cosas, todo este material no podrá incorporarse jamás en el procedimiento y algunas fuentes jurídicas temen que la Audiencia Provincial siga tumbando decisiones del juez Peinado.

Existen, al menos, dos recursos importantes a la espera. El primero, sobre la imputación de Juan José Güemes, el que fuera consejero del PP y actual presidente del Instituto de Empresa (IE) que contó con los servicios de Begoña Gómez. Güemes acudió como testigo y terminó siendo imputado porque, según el magistrado, había incurrido en una contradicción con una subordinada suya al ser preguntado si había contratado a la mujer del presidente del Gobierno, precisamente, por ser la mujer del presidente del Gobierno. La defensa del imputado, en cambio, alega que tal contradicción no existe en el sumario y que ni siquiera tiene claro qué delitos se le imputan.

Por otro lado, la imputación de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez, quien también ha presentado un duro recurso a la instancia superior porque el instructor le cambió la condición de testigo a imputada en apenas unas semanas a través de un auto de pocas líneas. Álvarez alega que no existen indicios para investigarla, que el juez se ha saltado toda la jurisprudencia que prohíbe que alguien pase de testigo a imputado y que, además, no ha motivado mínimamente su resolución.

El magistrado sumó ayer un investigado más a la lista de los seis que ya acompañan a Begoña Gómez en una causa en la que se indagan: delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida e intrusismo. Se trata del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien anteriormente fue secretario general de Presidencia y se encargó de la contratación de la mencionada asesora. "Quiero mostrar mi total voluntad de colaborar con la justicia. Confío plenamente en el sistema judicial y en las instituciones de este país. Somos un estado social y de derecho y estoy convencido de que todo este ruido terminará en nada", expresó ayer a última hora de la tarde.