Internacional

La ayuda humanitaria española, a años luz del compromiso de alcanzar el 0,7% del PIB en 2030

Mujeres transportan sus pertenencias tras una inundación en Sudán del Sur. Across Unity state people’s homes and livelihoods (crops and cattle), as well as health facilities, schools, and markets, are completely submerged by floodwaters. Sean Sutton/MSF

La acción humanitaria española se ha incrementado un 12,01% respecto a las cifras de 2020, con un total de 107,58 millones de euros, pero está «muy lejos» de las cifras que se alcanzaron a finales de la década de los 2000 y principios de la década de 2010, cuando el total de ayuda humanitaria española llegó a ser de 465 millones de euros, ha denunciado este jueves el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF).

En el informe “La acción humanitaria en 2021-2022: más allá de la guerra de Ucrania”, ambas organizaciones detallan esa falta de inversión en la Ayuda Oficial al Desarrollo. De estos 107,58 millones, 81,92 corresponden a fondos gestionados por la Administración pública central y 25,65 millones a fondos aportados por la cooperación descentralizada, principalmente por comunidades autónomas y ayuntamientos. De todos ellos, las ONG y las organizaciones de la sociedad civil canalizaron el 51,01%.

En cuanto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta española, en 2021 la cifra total ascendió a 3.072,34 millones de euros, lo que supone un aumento del 18% respecto al año anterior y la sitúa en un 0,25% del PIB, todavía a años luz del 0,7% con el que alguna vez se llegó a soñar. Y, por otro lado, el peso de la ayuda humanitaria respecto a la AOD en 2021 se situó en el 3,5%, un porcentaje netamente inferior a lo establecido en las recomendaciones a nivel internacional del 10%.

Sin embargo, subrayan ambas organizaciones, la reciente aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, sí incluye alcanzar en 2030 el 0,7% del PIB para la AOD y, que de ese 0,7%, el 10% como mínimo se destine a acción humanitaria.

En un 2022 marcado por la guerra en Ucrania, el informe advierte «cómo las desigualdades en la financiación y distribución de la ayuda se están incrementando año tras año, con el caso de Ucrania como mayor exponente del doble rasero que se aplica a la hora de destinar fondos y recursos a unas crisis u otras».

El caso de Ucrania, mayor exponente del doble rasero que se aplica a la hora de destinar fondos y recursos a unas crisis u otras

“El conflicto en Ucrania ha producido una inmensa reacción de solidaridad que no solo se explica por el efecto mediático o los factores geopolíticos, sino también por la percepción de proximidad geográfica, cultural y socioeconómica. Sin embargo, debemos priorizar los principios de imparcialidad e independencia en la acción humanitaria para llegar a las personas en situación de mayor necesidad”, reclama Raquel González Juárez, coordinadora de MSF España.

Los diferentes niveles de cobertura de las crisis reflejan una atención muy desigual entre las crisis «ruidosas» como la de Ucrania, y las crisis «olvidadas», como las de Afganistán, Siria, Yemen o los Territorios Palestinos Ocupados. Mientras que algunos contextos atraen la atención de los medios de comunicación y de los donantes, otros son ignorados o pronto se olvidan. Este efecto mediático contribuye, junto con las prioridades geopolíticas, a impulsar el destino de la ayuda en una u otra dirección, más que el número de personas afectadas por los conflictos o sus niveles de mortalidad.

La ayuda a Ucrania no está siendo adicional a la financiación actual, a lo que hay que añadir que, mientras que a los refugiados y refugiadas ucranianas se les ha concedido acceso temporal y protección en los países europeos, se han negado los mismos derechos a las víctimas de otras crisis humanitarias. Nuestro deber de cuidado hacia el pueblo de Ucrania no debe realizarse a expensas del apoyo y la protección adecuadas para las personas que sufren otras crisis”, afirma González Juárez. “Es imperativo que aboguemos de modo claro por una acción humanitaria merecedora de ese nombre y que esté basada en las ideas básicas de humanidad e imparcialidad”, concluye.

En la escena global, la financiación humanitaria internacional en 2021 ascendió a 31.300 millones de dólares, pero -subrayan las dos organizaciones- lo que verdaderamente destaca el informe es que, a pesar del continuo incremento de las necesidades humanitarias, esta financiación solo ha aumentado un 2,6% entre los años 2018 y 2021. El número de personas en situación de necesidad de asistencia humanitaria se incrementó en 2021, alcanzando los 306 millones de personas. Y según el Informe de tendencias presentado a mediados de noviembre por ACNUR, en junio de 2022 se superaron.

Campo de desplazados en el norte de Siria. Abdurzaq Alshami/MSF

Crisis climática y proliferación de armas

El acaparamiento de las vacunas contra el covid-19 por parte de los países desarrollados, en una clara señal de insolidaridad y ceguera aumentó aún más la fragilidad de quienes ya estaban en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, una vez superados los peores momentos de la pandemia, las principales amenazas para la seguridad humana que destaca el informe son, al menos a día de hoy, la emergencia climática y la proliferación de armas de destrucción masiva.

“El desarrollo de la guerra en Ucrania, ya en plena escalada rusa para evitar por todos los medios un resultado desfavorable a su aventura militarista, bien puede adentrarnos en un escenario absolutamente desconocido desde el fin de la II Guerra Mundial”, afirma Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del IECAH.

Dos grandes crisis olvidadas como las de Cabo Delgado, en Mozambique, y Tigray, en Etiopía, son un buen ejemplo de lo necesario que resulta seguir luchando para que el Derecho Internacional Humanitario sea respetado y pueda así seguir contribuyendo cada día, como efectivamente lo hace, a salvar vidas y a mejorar la situación de las personas afectadas por la violencia y los conflictos armados.

Por un lado, recientemente se han cumplido cinco años desde el inicio del conflicto en Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, cuya escalada en los dos últimos ha sido vertiginosa. Se calcula que ya hay alrededor de un millón de personas desplazadas y que más de 4.000 han perdido la vida, cuando en marzo de 2020 el número de personas afectadas por la violencia apenas sobrepasaba las 150.000.

“A pesar de que el conflicto es cada vez más complejo y del enorme impacto que está teniendo en la población, en algunos de los distritos donde trabaja MSF en el norte y centro de la provincia, a menudo no hay ninguna o muy pocas organizaciones con presencia regular”, afirma Aitor Zabalgoezakoa Llodio, responsable de la Unidad de Emergencias de MSF España.

Te puede interesar

Comentar ()