Tenían a casi todos en contra y vencieron, incluida a la maquinaria burocrática de Bruselas y las presiones ejercidas por Marruecos o Estados miembros como Francia o España. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligan a los Veintisiete a pasar página tras declarar nulos los acuerdos comerciales suscritos entre la UE y Marruecos en materia de pesca y productos agrícolas. La principal incógnita ahora es dilucidar las opciones que se abren tras el varapalo judicial contra la Comisión Europea y el Consejo.
“Estamos estudiando todavía al detalle las decisiones, las estamos comparando con las antiguas, volviendo también a los escritos que se han enviado de nuestra parte y de las otras partes para llegar a las conclusiones pertinentes”, explica a El Independiente Oubi Bachir, delegado del Frente Polisario en Ginebra y uno de los principales arquitectos de la batalla judicial ahora completada. “Ahora las cosas están muy claras: tanto la Unión Europea como las empresas europeas se tienen que retirar del territorio del Sáhara Occidental. La UE debería tener la valentía de sentarse con el Frente Polisario para negociar, como lo hicieron en su día con la Organización para la Liberación de Palestina”, desliza el diplomático.
El acuerdo de pesca expiró en julio del pasado año y, pese a las declaraciones favorables de ministros como el español Luis Planas, no fue prorrogado. En lo relativo al de productos agrícolas, la corte introduce doce meses de período de prórroga. Desde el Polisario insisten en que existen fórmulas para negociar con la UE a pesar del hecho de que el 80% del territorio de la ex colonia española se halla ocupado ilegalmente por Marruecos así como sus aguas. “Hay que buscarlas en un proceso de negociación. La primera condición es la voluntad política por parte de la Comisión de hablar con el Polisario y hallar fórmulas que sean beneficiosas tanto para Europa como para el pueblo del Sáhara Occidental”, comenta Oubi. “Nos duele mucho que muchísimos pescadores españoles con familias detrás estén sufriendo. Como Polisario, realmente nos gustaría encontrar una fórmula para facilitar la vida tanto de los pescadores como sus familias y al mismo tiempo de nuestra población bajo ocupación que vive en una situación de pobreza y exclusión social”, agrega.
Nos gustaría encontrar una fórmula para facilitar la vida tanto de los pescadores como sus familias y al mismo tiempo de nuestra población bajo ocupación
Para expertos en Derecho Internacional como Alejandro del Valle, la sentencia deja pocas dudas. “Tiene una acogida impresionante del derecho internacional. Pocas veces lo ha hecho así el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con los principios básicos y normas. Hay que recordar que la sentencia es un acto jurídico obligatorio y con primacía sobre el derecho de los Estados miembros. Por lo tanto, la interpretación que se hace de este tema es obligatoria para todos los estados en el ámbito del Tratado de la Unión Europea. Es un punto de referencia impresionante para el futuro, para todas las actuaciones jurídicas que podrían deducirse y que obligan a los Estados, no solo jurídicas, sino que atan también, políticamente, a los estados en su futura relación jurídica con Marruecos. Entonces, es mucho más importante de lo que se piensa, porque ya resuelven definitivamente en casación y tienen un contenido muy claro, explícito, sobre la condición de territorio separado, el principio de soberanía permanente de los pueblos, el derecho del pueblo a tener a sus recursos naturales, la necesidad de contar con el consentimiento del pueblo, la diferencia pueblo-población...”, detalla Del Valle, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz.
Reclamaciones a empresas y la UE
Una base sobre la que construir posibles reclamaciones. “En relación a medidas concretas, depende de una estrategia. No se puede atacar en todos los frentes con base en la sentencia, pero sí es verdad que se puede pedir responsabilidades o el fin de determinadas actuaciones comerciales a cadenas de supermercados, aparte de a los Estados mismos o a determinadas empresas. Lo que sí es cierto es que España está obligada a no tomar medidas que vayan en contra explícita o, implícitamente, del contenido de la sentencia”, recalca Del Valle.
Desde hace una semana la UE, los Estados miembro y Marruecos como los actores concernidos por las sentencias han tratado de mantener a resguardo sus relaciones. Al otro lado del Estrecho, algunos partidos han desempolvado el término “lawfare” para tratar de socavar la credibilidad del tribunal. Su ministro de Exteriores Naser Burita tildó las resoluciones de "un golpe de espada en el agua" y sin efectos en la ONU. En Bruselas, funcionarios del Servicio Exterior subrayaron la relación histórica con Marruecos. En Francia, Exteriores reafirmó “su compromiso inquebrantable con la asociación excepcional que le une a Marruecos y reitera su voluntad de seguir profundizándola”. “La relación entre la Unión Europea y Marruecos tiene, en este sentido, un carácter estratégico, y Francia seguirá trabajando con sus socios europeos para reforzar sus intercambios, en particular económicos, y preservar lo logrado gracias a la asociación, dentro del respeto del derecho internacional”, arguyó.
Tentación de firmar un nuevo acuerdo
Las sentencias introducen el término del “consentimiento implícito”. “Entiende que el consentimiento del pueblo saharaui puede otorgarse de manera implícita si se cumplen tres requisitos que igualmente inventa: 1) que no cree obligaciones para dicho pueblo, 2) que prevea una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable de la explotación de los recursos naturales para ese pueblo, y 3) que prevea también un mecanismo de control que permita verificar que esa ventaja es real”, detalla Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). A su juicio, “la Comisión y el Consejo van a tratar de hacer un nuevo acuerdo y lograr ese consentimiento implícito, que va a ser imposible de conseguir, porque, entre otras cosas, tendría que incluir a los saharauis de los campamentos”. Este escenario, el de la firma de un nuevo acuerdo, llevaría -pronostica Soroeta- a “un nuevo recurso y a que se alargue otra vez el asunto”. “Sería la forma de nunca acabar”.
La Comisión y el Consejo van a tratar de hacer un nuevo acuerdo y lograr ese consentimiento implícito, que va a ser imposible de conseguir
En esta coyuntura, advierte su representante, el Polisario regresará a los tribunales. “Si la Comisión, empujada por Francia y otros países, se empeña en esta deriva no nos sorprendería, pero será un desprecio a la justicia y encontrará enfrente al Polisario, con un acceso a la justicia europea ya garantizado”. “Un nuevo acuerdo de estas características no ayuda a la solución política del conflicto ni a la imagen de la Unión Europea”, aduce.
Aviso para quienes busquen invertir en los territorios ocupados
Más allá del posible intento de forzar un nuevo acuerdo, Soroeta subraya que el primer escenario “es reclamar indemnizaciones por los años que la UE lleva explotando ilegalmente los recursos naturales de los saharauis”. “Los acuerdos son nulos desde que se firmaron, conforme al derecho internacional, por lo que hay unos cuantos años en los que se puede reclamar. Es un tema que tienen que estudiar a fondo los abogados franceses, porque según como lo planteas, te cierras la puerta por hacerlo mal. Hay que estudiar bien qué tipo de recursos”, agrega.
Las resoluciones propinan un golpe al modelo que ha diseñado Marruecos en la explotación de los recursos del Sáhara en un momento en el que trata de atraer nuevas inversiones extranjeras a los territorios ocupados mientras margina a la población autóctona. “La economía de la ocupación ahora se ve seriamente afectada, porque Marruecos ha llegado a financiar la ocupación gracias a los acuerdos económicos; a promover toda su colonización demográfica del territorio e incentivar a los colonos para que se instalen allí, sobre todo a lo largo de la costa, gracias a los acuerdos. Esto ahora ya no existe, ya no está. Es un golpe duro para la ocupación, pero también para los países europeos, sobre todo Francia y España, que han estado promoviendo la causa de Marruecos dentro del contexto europeo”, comenta Bachir.
“La economía de la ocupación ahora se ve seriamente afectada, porque Marruecos ha llegado a financiar la ocupación gracias a los acuerdos económicos
Precisamente, Del Valle recalca que las sentencias limitan el margen de actuación de quienes busquen invertir en los territorios ocupados. “Si un tribunal internacional te está diciendo que el territorio del Sáhara Occidental es distinto ya definitivamente del reino de Marruecos, no puedes negociar ni acordar con él determinadas cuestiones relativas a espacios, explotación de recursos o jurisdicción marítima o jurisdicción aérea. Esto limita mucho a los estados de cara al futuro, aparte de las estrategias que los equipos de abogados de la RASD puedan emprender en una u otra dirección, como atacar la explotación de recursos o empresas de Estados miembro de la UE que colaboren en la explotación de recursos”, explica.
Impulso al proceso político
Otra posibilidad es que las sentencias permitan avanzar en una resolución negociada del conflicto, camino del medio siglo y con años de parálisis en el proceso político que debe liderar la ONU. Que el escenario de reclamaciones millonarios fuerce a los actores en liza a la mesa de negociaciones. “Marruecos se ha embarcado junto a sus aliados en el intento de cambiar la naturaleza tanto del conflicto como el territorio. La corte dice ahora que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sahara occidental, puesto que Marruecos y el Sahara occidental son dos territorios distintos y separados y también reafirma el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui como un derecho inalienable y que se tiene que aplicar para resolver un conflicto de esta naturaleza”, apunta Bachir.
Para este diplomático que durante años fue el rostro de la República Árabe Saharaui Democrática, las sentencias del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea ofrecen un triunfo repleto de simbolismo. “Que un pequeño pueblo y un pequeño movimiento de liberación nacional, con un gabinete de abogados muy pequeño y recursos limitados, haya ganado realmente la batalla a toda la UE, con la Comisión, que es un aparato gigantesco, el Consejo, siete países que han intervenido en favor de Marruecos, y luego toda la maquinaria de Marruecos a través de sus instrumentos de sindicatos de agricultura y de pesca. Todo esto realmente restaura un poco la confianza en lo que es la justicia y y de que a través de la vía legal se puede conseguir algo. Creo que este mensaje es muy importante en nuestros tiempos”, concluye.
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hace 3 semanas
El Sáhara occidental está ocupado ilegalmente por marruecos, la unión europea si tiene que negociar algo es con los saharauis y no con el invasor marroquí
hace 3 semanas
Pues sí, la sentencia devuelve la confianza en la justicia, pues me imagino las presiones de todo tipo que habrán tenido que soportar -por parte de Francia, España y Marruecos principalmente- los miembros del tribunal.
Enfrente han tenido a un grupo de abogados y a un pequeño pueblo con un inmenso convencimiento de que están en posesión de la verdad y de que el Derecho Internacional está de su parte.
Importante ha sido también el apoyo de miles de personas que, a través de distintas asociaciones y entidades públicas -gran parte de ellas españolas- hemos aportado recursos y medios para que este gran pueblo no desapareciera por inanición.
Pero las sentencias, lejos de ser una meta conseguida, deben ser un estímulo para obtener de ellas el mayor rendimiento económico y político posible.
De ahí que haya comenzado ya por los expertos, como se informa en el artículo, el desmenuzamiento de cada renglón escrito por los valientes jueces y juezas del TJUE.
¡Adelante! ¡Por un Sáhara Libre, propiedad del pueblo saharaui (del PUEBLO, no de las POBLACIONES que ocupan ilegalmente el Sáhara Occidental!).