Exeurodiputados de Ciudadanos piden a Von Der Leyen que lidere la gestión de la crisis de Ceuta

Exeurodiputados españoles de Ciudadanos han remitido una carta oficial a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para exigir la intervención directa de las instituciones comunitarias en la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa Ceuta. Los exeurodiputados Maite Pagazaurtundúa, Soraya Rodríguez, Jordi Cañas, Javier Nart y José Ramón Bauzá denuncian que se ha producido una "grave quiebra de la seguridad" en la frontera sur "del espacio común europeo", lo que justificaría la intervención directa de las autoridades comunitarias.

En la misiva, apoyándose en informes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) remitidos a la Audiencia Nacional, recuerdan que el asalto masivo de los días 30 y 31 de julio -en el que entraron más de 80.000 personas de forma irregular- no fue un hecho espontáneo, sino "una operación de guerra híbrida" que habría estado "planificada y ejecutada" por agentes de paisano y gendarmes marroquíes. Una operación que buscaría, señalan, "agredir la integridad territorial de España, que lo es de la Unión Europea".

Asimismo, critican duramente al Gobierno de España por su "parálisis diplomática" e inacción, acusándolo de intentar ocultar la implicación de Marruecos. Subrayan que más de un mes después, miles de personas permanecen "en condiciones de hacinamiento, sin servicios mínimos de saneamiento" y en una situación de "extrema vulnerabilidad en el caso de los menores no acompañados". Aseguran que se ha producido un alarmante incremento de "agresiones sexuales, prostitución y explotación de menores en la zona".

Batería de medidas

Los firmantes solicitan a la Comisión Europea que asuma el liderazgo y adopte un paquete de medidas urgentes. Entre estas destacan la activación de los mecanismos frente a amenazas híbridas. Solicitan medidas similares a las implantadas en el "flanco oriental de la Unión frente a Rusia o Bielorrusia".

También reclaman la declaración de situación de crisis bajo el nuevo marco legislativo europeo de asilo, el despliegue de 500 funcionarios de la Agencia de Asilo de la UE y de efectivos permanentes de Frontex, además de la suspensión del Estatuto Avanzado de Marruecos y la congelación de los fondos de cooperación migratoria destinados a Rabat.