Que la Policía, los distintos cuerpos policiales, se manifieste en reclamación del respeto a su actuación por parte de la ciudadanía y que tengan que explicar en sus pancartas cosas como «Servimos y protegemos a los ciudadanos» es una prueba de la extraordinaria anomalía que se está viviendo desde hace demasiados meses en la capital catalana. Porque lo que está ocurriendo en Barcelona es que los grupos de la extrema izquierda han tomado el control de la vida política y urbana en la ciudad. Y una de las características de esos grupos es su convicción de que están aquí para subvertir el orden constituido y sustituirlo por el suyo, un «orden» que nace del cultivo del dominio del desorden y la prevalencia de lo que ellos consideran deseable, entre lo que se cuenta el rechazo de raíz a todo lo que suponga control de los daños que sus modo de actuar pueden provocar en una sociedad a la que pretenden imponer sus modales. Por lo tanto, todo policía, sea autonómico, y aún peor si pertenece a los cuerpos nacionales, pertenece a sus ojos a lo que durante el franquismo los manifestantes llamaban «cuerpos represivos». En aquellos lejanísimos tiempos  era constante este grito de guerra coreado por la oposición política: «¡Cuerpos represivos, disolución!» Pero de eso hace ya una eternidad. Ahora éstos les llaman «matones».

Sin embargo, en Barcelona el tiempo parece haber retrocedido más de medio siglo porque asistimos a escenas que recuerdan aquellos tiempos que algunos quieren revivir ahora, pero con una diferencia esencial: la de que los españoles vivimos desde hace muchos años en un país en el que se respetan las libertades y en el que las fuerzas del orden dedican su actividad a lo que, lamentablemente, los propios policías que se manifestaban en las calles de Barcelona pidiendo respeto a su dignidad recordaban: que están para servir y para proteger a los ciudadanos. Pero es que la vida política está allí dominada por un grupo minoritario, la CUP, que resulta imprescindible al gobierno de Puigdemont para poder mantenerse en la Generalitat y para aprobar unos Presupuestos que en estos momentos penden del hilo de lo que los 10 diputados de esa formación decidan en el último momento.

Y es a esa dependencia patológica de los antisistema a lo que hay que atribuir el vergonzoso silencio del consejero de Interior del gobierno catalán ante el acoso y el hostigamiento a los que estos ultraizquierdistas tienen sometidos a Mossos, Policía Nacional, Guardia Urbana y Guardia Civil sin que ni el conseller Jordi Jané ni la alcaldesa Ada Colau hayan movido un dedo en su defensa y en la defensa del papel irreemplazable que las  Fuerzas de Seguridad cumplen en toda democracia. La alcaldesa de Barcelona comparte en el fondo los planteamientos de los radicales de izquierda que se agrupan en torno a la CUP  y por eso calla o hace declaraciones de injustificable equidistancia entre quienes garantizan la seguridad ciudadana y quienes pretenden que la ley de los sin ley domine en las calles. Pero que un profesor de Derecho Constitucional y diputado en las Cortes españolas durante cuatro legislaturas asuma el indigno papel de no abrir la boca cuando los grupos marginales hostigan y amenazan a una policía democrática constituye un espectáculo indecoroso que cubre de deshonor a él, al departamento que dirige y a la Generalitat al completo.

Este es un retrato fiel de lo que se está viviendo en esa «Cataluña preindependiente» que tan ufanamente anuncia Puigdemont. Una Cataluña en la que los gobernantes han perdido no sólo su poder sino también su autoridad moral y en la que se muestran silenciosamente sometidos a los peores de sus gobernados. No puede resultar más humillante ni más pernicioso.