El Tribunal Constitucional ha sido siempre objeto de deseo de los partidos políticos. El sistema de reparto en cuotas de sus miembros no ha ayudado a crear la imagen de independencia necesaria para consolidar a la institución como un pilar básico de la democracia. Si a esto añadimos las campañas de descrédito que se han hecho contra algunas de sus resoluciones (por ejemplo, la que se refiere al Estatuto de Cataluña), el resultado es que el intérprete supremo de la Constitución carece de la credibilidad necesaria como para que sus dictámenes sean aceptados como incuestionables por la mayoría de los ciudadanos.

Aunque la llegada a la presidencia de Francisco Pérez de los Cobos no estuvo falta de polémica, durante su gestión el Constitucional ha dejado de ser un foco de problemas para convertirse en un tribunal con un alto grado de autonomía. Lograr resoluciones por unanimidad sobre Cataluña, por ejemplo, era algo impensable hace tan sólo tres años. La clave de ese cambio cualitativo ha sido la despolitización, aunque evidentemente, cada magistrado tiene sus propias inclinaciones.

La renovación que se debería que producir en las próximas semanas (probablemente antes del 17 de marzo) afecta precisamente a Pérez de los Cobos. Lo habitual es que el presidente sea designado entre los miembros que se encuentran en el último tercio de su mandato, lo que, en este caso, circunscribía la elección a cuatro candidatos: Andrés Ollero, Juan José González Rivas, Encarnación Roca y Fernando Valdés.

Como hay una mayoría conservadora, las conversaciones mantenidas entre los magistrados apuntaban a Ollero como favorito a ocupar la presidencia. Ollero fue durante 17 años diputado por el PP (fue portavoz de Justicia) y ése es su gran pecado.

Su nombramiento no estaba cerrado, pero se estaba construyendo un cierto consenso en torno a él. Fue entonces cuando se filtró que el PP y el PSOE habían decidido apartarle de la carrera para colocar en su lugar a otro magistrado (Juan José González Rivas) que, aunque de perfil igualmente conservador -mucho más que Ollero-, no tenía el estigma de la militancia activa.

Con la excusa de eliminar a Ollero por su pertenencia al PP, los dos grandes partidos vuelven a utilizar a los magistrados como moneda de cambio en sus negociaciones.

Para la mayoría de los miembros del TC, la irrupción del PP y del PSOE en la designación de su presidente ha sido “perturbadora”y “carente de respeto institucional”. “Se ha vuelto a las viejas formas: los partidos han asumido una función que no les corresponde”, señalan las irritadas fuentes.

La negociación por parte del PSOE ha sido liderada por Mario Jiménez (mano derecha de Susana Díaz), un hombre clave en la gestora. Da la impresión de que el gobierno, en su política de intercambio de cromos y sustento por respiración artificial del principal partido de la oposición, no ha tenido inconveniente en poner el nombramiento del presidente del TC en almoneda.

La imagen que dan los grandes partidos al tratar como a subordinados a los miembros del TC hace mucho más daño a la institución que el hecho de que su presidente haya sido o no militante de uno de ellos “¿Es que acaso no puede defender la Constitución alguien que ha sido elegido por los ciudadanos?”, se pregunta uno de los magistrados.

Miremos lo que ocurre en otros países para darnos cuenta de que ese supuesto purismo no es lo habitual en los altos tribunales. Lo mejor que ha sucedido en el último periodo del TC es que sus miembros han votado con criterios estrictamente profesionales. Para comprobarlo no hay nada más que ver cual ha sido la actuación de cada uno de ellos en los recursos presentados por el gobierno.

Borrar a Ollero de la candidatura a la presidencia del TC no obedece al objetivo de lograr una mayor independencia del tribunal, sino que es una excusa para volver a utilizar al TC en función de intereses inconfesables.

Los magistrados harían bien en actuar con independencia y votar en conciencia. No sería la primera vez que sus miembros le dan un revolcón a los apaños de los partidos.