La comparecencia de Mariano Rajoy para declarar como testigo en la causa que investiga las actividades de Gürtel entre 1999 y 2005, como era de esperar, no aclaró nada esencial sobre los hechos. El presidente del gobierno se limitó a decir que él no se ocupaba de los asuntos económicos del partido, que en aquella época estaban gestionados por Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Sí admitió que en la reunión que mantuvo en su despacho en 2010 con el ya dimitido tesorero y a la que asistieron la esposa de este (Rosalía Iglesias) y Javier Arenas (se supone que en calidad de amigo), se acordó que Bárcenas siguiera teniendo despacho en Génova y que mantuviera el coche que le proporcionaba el partido. Es de suponer que allí también se fijó su remuneración, aquella que luego se convirtió en “indemnización de despido en diferido”, en creativa definición de la secretaria general María Dolores de Cospedal.

Hasta ahora, nadie ha explicado por qué se dio un trato tan especial a una persona imputada y enfrentada abiertamente con la secretaria general, que tuvo que soportar sus desplantes y chulerías durante la época en que convivieron en la sede central del PP.

También aludió el testigo a una reunión mantenida con Bárcenas en 2004 en la que éste le dijo que Francisco Correa estaba utilizando el nombre del partido para sus negocios y en la que se decide prescindir de sus servicios. Hizo bien Virgilio Latorre (abogado de la acusación en nombre del PSPV) en recordarle que fue a partir de entonces cuando la empresa Orange Market trasladó sus actividades a Valencia, comunidad en la que Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, se convirtieron en asesores áulicos -al margen de organizadores de actos del partido- del entonces presidente Francisco Camps. Era vox populi en esos años la existencia de esa estrecha relación y por ello es extraño que Rajoy la desconociera.

Otro encuentro importante es el que mantuvo, también en 2004, con Álvaro Lapuerta y Esperanza Aguirre, en la que el entonces tesorero hizo referencia a unos asuntos turbios en Majadahonda y Arganda. En ambas localidades se produjeron sonoros escándalos que tuvieron como protagonista a Correa y su grupo. Pero, según dijo Rajoy, él no se ocupó más de esas cuestiones, que delegó en la gestión de Aguirre.

El presidente negó que recibiera sobresueldos en 2000, pero dos altos dirigentes del PP y un par de ministros me han confesado en privado que existían

Rajoy, según su testimonio, sólo se ocupaba de las cuestiones políticas. Su actitud recuerda a la del emperador Adriano (si no ha leído el libro de Marguerite de Yourcenar, se lo recomiendo) sobre los hechos acaecidos en los días previos a la muerte de su antecesor Trajano: “La consigna (de mis amigos) consistía en callar; la mía consistió en no hacer preguntas peligrosas”.

No, nunca, en ningún momento, Rajoy hizo preguntas peligrosas sobre la financiación de su partido. De los escándalos se enteraba por la prensa, pero él se conformaba con enviar los estados financieros del PP al Tribunal de Cuentas.

El hecho que puede tener mayor trascendencia penal y, desde luego, política, de la declaración del presidente del gobierno fue su negativa rotunda a aceptar como verdadero uno de los apuntes de Bárcenas en su “contabilidad extracontable”, que es el que se corresponde con pagos realizados por el PP a él y a los otros tres vicesecretarios del partido (Jaime Mayor, Rodrigo Rato y PC) durante el primer trimestre del año 2000.

Como testigo Rajoy está obligado a decir la verdad. No puede mentir, ya que cometería un delito de falso testimonio tipificado en el artículo 458 del código penal y castigado con hasta 3 años de prisión.

La existencia de esos sobresueldos -para compensar la pérdida de ingresos por la incorporación al gobierno de altos cargos del partido- ha sido reconocida en privado por altos dirigentes del PP. Al menos dos miembros de la máxima responsabilidad del PP y dos ministros lo han confesado al que suscribe. Por tanto, bastaría con que uno de ellos, o alguien que estuviera en disposición de saberlo, como el propio Bárcenas, lo ratificara, para dejar a Rajoy como mentiroso. Estaríamos claramente ante un motivo justificado de dimisión, ya que nuestra legislación no recoge la figura del impeachment.

Por lo demás, la comparecencia de Rajoy ha tenido mucha más trascendencia política que jurídica. Algunos ya tenían la sentencia hecha antes de oírle hablar. Cuando todavía no había concluido su declaración, Pablo Iglesias lanzó un tweet de agitación y propaganda: “España no se merece esta vergüenza. Hay que sacarlos del gobierno”.

Por su parte, el número tres del PP, Fernández-Maillo, sentenció en la misma red social: “Muy convincente, claro, contestando a todo y con tranquilidad”.

En fin, esto es lo que hay.