El Tribunal Constitucional está destinado a ser un actor muy importante en la situación límite en que los dirigentes independentistas catalanes han colocado a la vida democrática y constitucional de España. Pero sería muy recomendable que el Gobierno asumiera que al TC no le corresponde el papel de actor principal y, lo que es más importante, que tuviera claro que los magistrados del Alto Tribunal podrían con bastante probabilidad declinar la asunción de ese papel, que fue diseñado hace ahora dos años en vista del cariz que tomaban los acontecimientos políticos en Cataluña.

En octubre de 2015, cuando el PP disfrutaba de una aplastante mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, se aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que le dotaba de facultades ejecutivas sancionadoras. También abría la posibilidad de que el Tribunal pudiera acordar que sus resoluciones se notificaran a cualquier autoridad o empleado público.

La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en 2015 le dotaba de facultades ejecutivas sancionadoras

La reforma, que fue muy criticada por los grupos de la oposición y por reputados constitucionalistas, tenía por objeto crear una vía rápida de intervención y actuación ante los intentos secesionistas de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña que permitiera saltarse parcialmente la lenta vía judicial y fue avalada por el propio TC un mes más tarde.

Pero aquí vienen los problemas. Según fuentes jurídicas de toda solvencia, “la reforma de la L.O. del T.C. concedía determinadas capacidades de actuación. Esto fue declarado por el propio Tribunal no inconstitucional, lo cual no quiere decir que el TC se considere obligado a cumplir todas las funciones que se le han adjudicado”. La advertencia es clara: el TC está dispuesto a llegar hasta un punto manteniendo la unanimidad de sus componentes, un aspecto de enorme valor en las actuales circunstancias. Pero más allá de ese punto, aparecerían los problemas: “La sentencia”, recuerdan estas fuentes, “contó con tres votos particulares de otros tantos magistrados que consideraban que la reforma aprobada por el Parlamento era directamente anticonstitucional”.

Algunos de esos magistrados siguen siendo miembros del Alto Tribunal y es seguro que si el Gobierno tuviera la pretensión de que el Constitucional aplique en su totalidad su nueva facultad sancionadora más allá de lo que ya la ha aplicado la unanimidad saltaría por los aires, lo cual supondría un serio golpe a la fortaleza que el Gobierno necesita exhibir para impedir el asalto del independentismo.

Desde el TC se reconoce que hasta el momento “el Gobierno ha pedido que determinadas normas aprobadas por el Parlament sean suspendidas y el TC las ha suspendido. Eso es lo que ha ocurrido con mayor frecuencia. Y si el Gobierno invoca la suspensión de otras normas, se suspenderán. También pidió que se hicieran unos requerimientos a  determinados cargos públicos que pueden ser sancionados si aplican determinadas normas que han sido suspendidas, y en agosto se notificó”.

Los magistrados del TC están  “a la espera, a ver qué hace el Parlamento y a ver qué hace el Gobierno en relación con lo que haga el Parlament”

En fuentes próximas al Alto Tribunal se reconoce que “el Gobierno está habilitado por ley para solicitar unas actuaciones sancionadoras, aunque primero tiene que pedir que las aplique”, pero se advierte con claridad: “En ese caso se rompería la unanimidad del Tribunal”. Y se hacen a continuación unas cuantas consideraciones que convendría no echar en saco roto: “Aquí se han hecho muchos esfuerzos para conseguir la unanimidad  en las resoluciones. Nos estamos esforzando mucho por la unanimidad, incluso forzando a veces las situaciones. Lo adecuado sería que el Gobierno asumiera sus propias responsabilidades” porque llevar al TC a considerar la posibilidad de ejercer hasta el final las facultades sancionadoras  que le han sido conferidas “sería hurgar en una triste herida que existe en el seno del TC”, se asegura.

Ése es el límite con el que podría encontrarse el Gobierno. Porque no todas las facultades contempladas en la reforma han sido todavía contrastadas en la práctica. Y en estos momentos los magistrados del Tribunal Constitucional están  “a la espera, a ver qué hace el Parlamento y a ver qué hace el Gobierno en relación con lo que haga el Parlament”.

El TC es un tribunal de garantías, no es el guardia de la porra. Eso es de sentido común”

Pero si el Gobierno se excede en su pretensión de que el TC asuma plenamente la capacidad sancionadora que le ha sido adjudicada en octubre de 2015 en el Congreso por la vía de urgencia “se puede encontrar con que el TC le dice que eso no es oportuno”. Y eso por una razón que sus señorías tienen muy presente, que es ésta: “El TC es un tribunal de garantías, no es el guardia de la porra. Eso es de sentido común”.

El Gobierno sabe, pues, que hay un límite que no debe traspasar y es el de pretender que el Tribunal Constitucional se convierta en el brazo ejecutor de su estrategia política y desplazar hacia él la responsabilidad de la ejecución de la decisión de inhabilitación de determinadas autoridades independentistas catalanas. Porque se podría encontrar con que sus señorías declinan su petición con sólo tres palabras que, juntas, acumularían un poder demoledor para el Ejecutivo: “No es oportuno”. Y no habría más que hablar.