Estamos metidos de lleno en el campo embarrado de las mentiras. Embustes de toda clase y condición lanzados por tierra mar y aire para intentar confundir a la población y especialmente a los funcionarios policiales. Miente Junqueras con toda la boca cuando anuncia a los catalanes que el Tribunal Supremo ha admitido ya a trámite el recurso planteado por la Generalitat ante el Alto Tribunal y que eso significa que la orden emitida por el ministro de Hacienda, es decir, por el Gobierno, de hacer efectivo desde esta mañana el control de las finanzas catalanas ha quedado automáticamente suspendida.

Pero la verdad es otra y es ésta: La Generalitat ha recurrido efectivamente ante el TS esa decisión del Gobierno. Pero ha cometido el error de pedir que se apliquen «medidas cautelares» contra la orden del ministerio de Hacienda, lo cual significa no sólo que no se aplica la suspensión de la orden sino que se da traslado a la Abogacía del Estado para que presente sus alegaciones en contra de la suspensión solicitada. Y en las medidas cautelares el abogado del Estado tiene 10 días hábiles de plazo para alegar, plazo que probablemente agotará y que nos situaría directamente en el 1 de octubre. Por lo tanto, Junqueras, que lo sabe, miente consciente y deliberadamente. Su problema es que sus asesores jurídicos pidieron esas «cautelares» en lugar de haber pedido las»cautelarísimas», solicitud que habría otorgado al Tribunal Supremo un plazo de tan sólo 48 horas para contestar al recurso.

El problema de Junqueras es que sus asesores pidieron esas «cautelares» en lugar de las»cautelarísimas», solicitud que habría otorgado al Supremo sólo 48 horas para contestar al recurso

Todo esto, que ha aclarado el propio Tribunal y que ha sido confirmado por la vicepresidenta y por el ministro de Justicia, pone de manifiesto la necesidad que los secesionistas tienen de refugiarse en las mentiras para mantener de mala manera su discurso y el grado de nerviosismo y las prisas desmedidas de sus dirigentes, que ven desesperados cómo sus embustes se estrellan uno tras otro contra la tozudez de los hechos. En conclusión, las finanzas de la Generalitat seguirán en manos del Gobierno porque fue Junqueras quien comunicó oficialmente el jueves pasado que a partir de ese momento dejaba de informar de las partidas a que se destinaba el dinero público. Esta es la respuesta recibida a su irresponsable desafío y la realidad hoy es que el secesionismo no tiene escapatoria en este campo.

Pero ya es evidente para cualquiera Junqueras, que hasta el momento de estampar su firma en el decreto de convocatoria del referéndum se había visto exento de cualquier implicación judicial por actos delictivos pero que ya está metido de hoz y coz en el torbellino de la ilegalidad, se está envolviendo en una red de mentiras, a cual más desmontable, que lo coloca en el subsuelo de la respetabilidad política, a la altura de cualquier antisistema, como si fuera un miembro más de la CUP. Miente también cuando dice que el derecho internacional ampara la pretensión de los secesionistas de organizar un referéndum de autodeterminación en España, un país perfectamente democrático y garante de los derechos y las libertades públicas. Miente cuando asegura, él y todos los demás, que Cataluña seguiría formando parte de la Unión  Europea. Y miente consciente y descaradamente cuando intenta convencer a la ciudadanía de que estamos ante un problema de libertad de expresión.

Miente cuando asegura que Cataluña seguiría formando parte de la UE. Y miente descaradamente cuando intenta convencer de que estamos ante un problema de libertad de expresión

Claro que no es el único. En esta tarea, que constituye un auténtico escándalo ante el mundo entero porque se trata de la actuación de unos gobernantes que se suponía que eran servidores de un Estado de Derecho pero que está provocando ¡por fin! la reacción de numerosos grupos que hasta ahora mismo habían guardado un pusilánime y calculador silencio, en esta tarea, digo, vergonzosa y humillante que produce una inmensa vergüenza ajena, el  aspirante a ocupar la Generalitat tras unas más que probables elecciones viaja acompañado de los más conspicuos miembros de su gobierno y, cómo no, de sus socios de la CUP.

Están tan presionados todos ellos por la evidencia de que se van a estrellar de frente contra el muro de la ley y contra el fracaso inminente de su pretensión secesionista que cometen errores tan groseros como la impresión de falsos carteles de los partidos constitucionalistas llamando a la población a participar en ese pretendido referéndum para votar que No. «Por España, vota No», dice el cartel falso del PP. Quizá los jóvenes cuperos, los autores de la idea, han pensado que todo votante de esos partidos es un tonto de remate y que, una vez leído el pasquín, se va a precipitar a las urnas que ellos consigan poner en pie.

Pero, de nuevo, esos torpes movimientos evidencian lo cerca que se ven del fracaso y lo frágiles que se saben ante un proceso delirante en el que se han saltado todas las normas mínimas de obligado cumplimiento en un sistema democrático y en el que la autoridad política se identifica absolutamente con los agitadores y lidera además conjuntamente la insumisión, las coacciones y el chantaje. Víctimas de esa estrategia injustificable son millones de catalanes no independentistas, unos pocos cientos de alcaldes que están dispuestos a respetar y cumplir la ley y, sobre todo, la parte más frágil de la cadena: los miembros de las policías locales de los pequeños municipios.  A ellos también se les está coaccionando a base de mentiras como la transmitida ayer por la CUP instando a los agentes municipales a no obedecer las órdenes dadas por la Fiscalía porque, les dicen, sus instrucciones tanto a los Mossos d’Esquadra como a las policías locales son “manifiestamente ilegales” porque exceden los límites del Ministerio Fiscal. Eso también es mentira. El Fiscal General del Estado está sobradamente capacitado por la ley para disponer que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre las cuales se incluyen las policías locales, se pongan a sus órdenes para impedir la comisión de un delito.

En el preciso momento en que haya tumulto, lanzamiento de piedras o adoquines, y se produzcan heridos, esas «concentraciones populares» entrarían de lleno en el delito de sedición

Lo que pasa es que la CUP se refugia, tramposamente, como siempre, en el punto 2 del artículo 410 del Código Penal que dice que no incurrirán en responsabilidad criminal los funcionarios que no obedezcan un mandato que infrinja manifiesta, clara y terminantemente un precepto legal. Y lo que pretenden mentirosamente es que los agentes municipales se crean que las órdenes de la Fiscalía son ilegales, lo cual es una falsedad que no tiene discusión. En definitiva, que van dando trompicones, de embuste en embuste hasta la derrota final.

Mientras tanto, la tensión crece exponencialmente en las calles y ése es un peligro que no se puede dejar de señalar. Y aquí el peligro lo corren los secesionistas, que habrán de tener buen cuidado en no llevar demasiado lejos esas «concentraciones populares» que se están empezando a dar frente a los Mossos, la Guardia Civil y los policías municipales que registran, por ejemplo, los talleres de impresión y las empresas de mensajería porque en el preciso momento en que haya tumulto, lanzamiento de piedras o adoquines, o se produzcan heridos, entrarían de lleno en el delito de sedición, que lleva aparejada la pena de 10 a 15 años y la consiguiente inhabilitación para aquellas autoridades que hubieran sostenido, dirigido o inducido la sedición. Y es un hecho que los cuperos, convenientemente inducidos por Puigdemont, están a muy pocos pasos de provocar incidentes y caer así en su propia trampa. Esta es la situación de hoy, que no va más que a empeorar.