El gobierno ha quedado tocado tras el 1-O. Las imágenes de la represión en los colegios electorales, que han sido portada de todos los medios de referencia internacionales; la advertencia de la Comisión Europea sobre la inconveniencia de resolver problemas políticos mediante la violencia; el rechazo de Pedro Sánchez a las «cargas policiales»… han dejado en un segundo plano lo fundamental: el reto a la legalidad lanzado desde la Generalitat.

Interior era consciente del peligro que suponía evitar la votación de cientos de miles de ciudadanos, pero con lo que no contaba Juan Ignacio Zoido era con la absoluta deslealtad del major de los Mossos, Josep Lluís Trapero. El cuerpo policial autonómico incumplió su obligación de retirar las urnas antes de las 6 de la mañana del domingo y dejó en manos de la Policía y la Guardia Civil la desagradable labor de entrar en los colegios cuando ya estaban llenos de gente votando.

Aunque nadie discute que el referéndum ha sido un fraude, el consenso político es que Carles Puigdemont ha logrado un éxito momentáneo con la imagen que él quería del Estado español: palos y retirada de urnas.

En el gobierno, al margen de esa sensación de cierto fracaso, existe la convicción de que el presidente de la Generalitat llevará esta semana al Parlament la propuesta de declaración de independencia, en función de una consulta que, según sus propios datos, sólo cuenta con el aval del 37% de los ciudadanos con derecho a voto.

Una mayoría de ministros cree que unas elecciones legitimarían las decisiones sobre Cataluña porque los ciudadanos ven en riesgo la unidad de España

De producirse esa eventualidad, Moncloa tiene ya sobre la mesa la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que implicaría la destitución del Govern y la limitación de poderes del Parlament, además de poner a los Mossos bajo el mando del delegado del gobierno en Cataluña.

La posición de Ciudadanos sería de apoyo sin fisuras a esa decisión. De hecho, Albert Rivera ha propuesto su aplicación como medida preventiva a la declaración unilateral de independencia. El PSOE está dividido sobre el 155. Sánchez no quiere verse ante esa tesitura y le ha comunicado a Mariano Rajoy que no cuente con él para eso sin antes explorar todas las vías de diálogo, incluyendo, por supuesto, una reunión sin condiciones previas con Puigdemont.

La cuestión es que ahora ya no hay tiempo. El presidente de la Generalitat sabe que debe aprovechar la ventana de oportunidad que se le ha abierto tras los incidentes del 1-O. Puigdemont nunca se ha fiado de Rajoy -como dijo sin ambages en la entrevista con Jordi Évole– y ayer declaró que la única opción de dialogo con él sería la propiciada por un mediador de la UE. Es decir, llevando el problema de Cataluña a la escena europea, algo que Rajoy no se puede permitir.

¿Qué hacer? La posición mayoritaria ahora en el gobierno es la de convocar elecciones anticipadas como única forma de legitimar las decisiones adoptadas respecto a Cataluña y allanar una legislatura que se prevé complicada.

Un ejemplo de las dificultades que esperan al gobierno -al margen de la cuestión catalana- ha sido la negativa del PNV a apoyar los presupuestos, después de haber negociado con diversos interlocutores su aprobación. El único respaldo fiable del PP está en Ciudadanos, pero esa alianza no garantiza sacar adelante las leyes más importantes.

Aunque la sensación de disgusto con lo ocurrido el domingo es generalizada en el gobierno, sin embargo se piensa que la mayoría de los ciudadanos comparten la posición de Rajoy de no ceder ante las reclamaciones que se plantean desde Cataluña. Las movilizaciones espontáneas en ciudades de toda la península del pasado sábado suponen -según esa opinión mayoritaria- que muchos ciudadanos ven en peligro la unidad de España, para la que el PP se percibe como el principal garante.