¿Se imaginan al máximo responsable de la Policía o de la Guardia Civil imputado por sedición, sin pasaporte por decisión judicial, y, al mismo tiempo, manteniendo su cargo como si nada? Pues eso es lo que va a ocurrir con el major Josep Lluís Trapero, el jefe de los Mossos, que seguirá ocupando su puesto con el respaldo expreso del conseller de Seguridad, Joaquim Forn, y de su amigo Carles Puigdemont, a la sazón presidente de la Generalitat.

El apoyo político al máximo responsable del cuerpo policial de la Generalitat es nítido y público. Prueba de ello ha sido la carta de Puigdemont a Mariano Rajoy en la que le pide expresamente que ponga freno («revierta la represión», dice) a las posibles medidas judiciales contra él y contra los responsables de la ANC (Jordi Sánchez) y de Òmnium (Jordi Cuixart). Así es como entiende el presidente de la Generalitat el Estado de derecho: cree que el presidente del gobierno puede levantar el teléfono y pedirle a la juez Carmen Lamela que archive la causa por sedición. Imagínense cómo funcionaría la Justicia en Cataluña si el poder judicial dependiera del Govern.

Trapero es uno de los máximos responsables de que la situación se haya deteriorado en Cataluña hasta extremos insostenibles. Rechazó la colaboración con la Policía y la Guardia Civil para preservar el orden público y se puso a las órdenes del poder político catalán sin disimulo.

El jefe de los Mossos ha permitido que se instrumentalice políticamente un cuerpo policial que ahora ha perdido todo su prestigio. Y no sólo porque su alto mando esté incurso en un procedimiento penal que podría costarle 10 años de cárcel, sino porque ha contribuido de manera burda a que, en estos momentos, al menos la mitad de la población de Cataluña no considere a los Mossos como «su policía». Y a que la otra mitad la considere «su policía» no precisamente por su efectividad, sino por su militancia política.

De los Mossos ya no sólo desconfían los catalanes no independentistas, sino los jueces y los fiscales. ¿Hay mayor insulto para un cuerpo policial que el Tribunal Superior de Justicia tenga que recurrir a la Policía Nacional porque tiene dudas sobre el cuerpo policial del que depende la seguridad ciudadana en su comunidad autónoma?

El major de los Mossos ha perdido la confianza de la mitad de los catalanes, de jueces, fiscales y de gran parte de su equipo. Pero cuenta con el sólido apoyo de Forn y Puigdemont

Trapero podría haber puesto de su parte para que los guardias civiles y la secretaria judicial, sitiados en la sede de la Consellería de Economía, salieran de allí con dignidad y sin miedo a ser agredidos. Y también pudo hacer mucho más de lo que hizo para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

De ello no son sólo conscientes el Ministerio del Interior y la mayoría de los ciudadanos, sino también algunos mandos de los Mossos que, según fuentes solventes, se muestran «indignados» con su jefe, al que culpan de haberse cargado al cuerpo.

Trapero no es un independentista. O, al menos, no lo era hasta hace unas semanas. Así lo atestiguan diversos policías que han trabajado con él. Incluso reconocen que, al margen de su mal genio, es un buen policía, un hombre inteligente y trabajador.

Entonces, ¿cómo se ha producido esa transformación? Los que mejor le conocen señalan el punto de inflexión en el papel protagonista que la Generalitat le atribuyó tras el atentado del día 17 de agosto en Barcelona «De repente, Trapero se convirtió en un héroe», afirman las fuentes. Había que mimarle porque Puigdemont sabía que no podía continuar con su desafío sin su complicidad.

Su carácter soberbio y los halagos que le han dedicado tanto su responsable político (Forn), como el presidente de la Generalitat, han ayudado a crear un personaje que ha terminado por creerse su papel histórico. Sin su colaboración y entusiasmo, Puigdemont nunca hubiera llegado tan lejos.

La mitad de los catalanes puede dormir tranquila: el major Trapero va a seguir siendo el responsable de la seguridad en su comunidad autónoma. Al menos, hasta que el gobierno decida aplicar el artículo 155 de la Constitución.