El Gobierno ha respondido casi de forma instantánea a la carta de Carles Puigdemont en la que éste se niega a responder de forma clara al requerimiento hecho por Mariano Rajoy el pasado día 11 y en la que, además, amenaza con llevar al Parlament la votación formal de la declaración unilateral de independencia (DUI) si el gobierno insiste en lo que califica como sus «medidas represivas».

«El Gobierno -reza la nota difundida pasadas las 10.15- pondrá todas las medidas a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional» en Cataluña.

A esa misma hora, Soraya Sáenz de Santamaría se reunía con la cúpula del PSOE (Pedro Sánchez no pudo asistir porque se encuentra fuera de España) para pactar las medidas a adoptar en aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuya puesta en marcha será acordada en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el próximo sábado.

El presidente del Gobierno no tenía otra opción que hacer lo que ha hecho. Era su obligación, como le recordó de forma explícita Felipe VI en su discurso del pasado 5 de octubre: «Es responsabilidad de los poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones». No es casual que la nota oficial de Moncloa reproduzca casi exactamente ese párrafo.

Rajoy no podía hacer otra cosa que aplicar el 155, sobre todo tras el discurso del Rey, uno de cuyos párrafos reproduce la nota del Gobierno

Desde que el Parlament aprobó, durante las tormentosas sesiones del 6 y 7 de septiembre, la ley de referéndum (declarada inconstitucional por el TC esta misma semana) y la ley de Transitoriedad (sobre la que el Constitucional aún no ha emitido sentencia), en Cataluña no se respeta el orden constitucional y tampoco se respeta el normal funcionamiento de las instituciones. Eso es una obviedad. Y lo que ha pretendido Puigdemont ha sido situar al Gobierno entre la espada y la pared: o se daba vía libre a la independencia emanada de un referéndum llevado a cabo sin ninguna garantía; o se abría una negociación con mediación internacional para proclamar la independencia en un futuro inmediato bajo las condiciones pactadas.

El presidente de la Generalitat es el principal responsable de lo que ocurra a partir de ahora. Es verdad que apenas tenía margen de maniobra, toda vez que las organizaciones de masas ANC y Òmnium (cuyos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se encuentran en prisión acusados de un delito de sedición) y la CUP no aceptan ya otra cosa que no sea la proclamación de una República independiente (como afirma hoy en una entrevista a Elnacional.cat el sustituto de Sánchez al frente de la ANC, Agustí Alcoberro). Pero ha sido él y también el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, quienes han dado alas a esos movimientos y quienes les han financiado y transferido un poder de decisión casi tan importante como el del propio Govern.

El Gobierno tiene 12 días de plazo antes de la aplicación efectiva de las medidas, para las que cuenta con el respaldo del PSOE y de Ciudadanos

El Estado no podía permitirse la prolongación de este juego del rigodón en el que uno, Puigdemont, no decía lo que había sucedido, y el otro, Rajoy, daba largas para evitar el choque de trenes.

El presidente del gobierno está obligado a actuar porque, en su caso, no hacerlo, supondría una flagrante prevaricación. Tampoco podía hacer otra cosa después del rotundo mensaje del Rey; y, menos aún, tras la enorme movilización que se ha producido en Cataluña a favor de la unidad de España.

Digamos que no actuar para Rajoy, al margen de ser una irresponsabilidad, le acarrearía graves perjuicios políticos. El presidente cuenta para ello con un activo valiosísimo: el acuerdo con el PSOE y Ciudadanos, que le proporciona más del 70% del apoyo en el Congreso.

Los ciudadanos deben valorar en justa medida el esfuerzo de Albert Rivera, pero, sobre todo, de Pedro Sánchez por estar al lado del Gobierno en esta difícil e histórica situación en la que, lo que está en juego, es la preservación de la democracia.

Para Rajoy, no actuar, al margen de ser una irresponsabilidad, le acarrearía graves perjuicios políticos

Sean cuales sean las medidas a adoptar (que afectarán, sin duda, al propio Govern y a la dirección de los Mossos), la situación en Cataluña va a atravesar por momentos difíciles. Si no se preserva la unidad, el independentismo puede ganar la batalla de la imagen, en la que es experto, basada en la explotación del victimismo.

El proceso de aplicación del artículo 155 de la Constitución -las medidas tienen que ir al Senado, cuya Comisión General de Comunidades Autónomas debe estudiar y proponer después al pleno de dicha cámara-, permite aún 12 días de plazo antes de que se lleven a efecto. Por tanto, Puigdemont tiene plazo suficiente como para dar marcha atrás en su alocada carrera hacia el precipicio, como hoy le pide el editorial de La Vanguardia.

Lo mejor sería que el presidente de la Generalitat volviera al cauce de la legalidad y que el Gobierno no tuviera que poner en marcha medidas extraordinarias que supondrán la limitación de la autonomía de Cataluña. Pero, ¿podemos tener esperanzas de que ello ocurrirá?

Me temo que no. Ya ha ido demasiado lejos. Y, a pesar de la sangría económica (más de 800 empresas han decidido trasladar sus sedes fuera de Cataluña), Puigdemont está atado por sus propios compromisos y por la presión de la calle, en la que acabarán mandando los más radicales.

Nunca nadie ha hecho tanto daño a Cataluña como Puigdemont. Ese será su triste activo cuando, más pronto que tarde, se vea obligado a dejar el cargo.