La intervención este sábado de Carles Puigdemont da la medida de su fracaso, del que él es muy consciente. Realizado desde Gerona, no desde el palacio de la Generalitat ni desde el Parlament catalán, la televisión autonómica ha emitido las palabras del ya ex presidente catalán mientras él almorzaba en un  restaurante de esa ciudad. Todo un síntoma. En su brevísimo discurso, de apenas tres minutos de duración, sí dice que únicamente el parlamento tiene la potestad de nombrar y destituir al presidente, pero no dice en ningún momento que su gobierno se mantiene intocado y que continuará ejerciendo sus funciones en abierta desobediencia frente a la destitución decretada el viernes por el Gobierno. No reta a Mariano Rajoy aunque pasa por alto que también el presidente del Gobierno está capacitado, en situaciones de extrema gravedad como la que estamos viviendo, para destituirle y asumir, no su cargo pero sí las funciones que se derivan de él.

Puigdemont se ha limitado a apelar a la resistencia en la calle de los ciudadanos que el viernes celebraban alborozados la llegada de su soñada república y a quienes nadie, absolutamente nadie, se había dirigido después de conocer que Mariano Rajoy había disuelto el parlamento catalán y convocado elecciones autonómicas. La república había nacido y había muerto en el plazo de apenas cinco horas y no era la primera, sino la segunda vez que eso ocurría, porque ya sucedió el día 10 de este mes de octubre cuando el todavía president asumió “el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en una república independiente” y a continuación anunció que suspendía esa declaración por un tiempo. No puede extrañar a nadie que la frustración esté ocupando el espacio que hasta ahora tenía el entusiasmo y la esperanza en el ánimo de los independentistas.

Pero la situación de hoy es mucho más clara. Carles Puigdemont no quiso, o no se atrevió, el viernes a detener la carrera hacia su desastre de la opción secesionista y se encontró de cara, él y todos sus consejeros, con  la destitución por parte de quien tenía la potestad de hacerlo de acuerdo con la Constitución.  Por eso la celebración, muy bien orquestada como siempre, dentro del Parlament con cientos de alcaldes, vara de mando en ristre, fue un bautizo cuyo final inexorable iba a ser un funeral. Y algunos de los presentes lo sabían, por eso no fueron capaces de mostrar ni un mínimo esbozo de sonrisa: eran conscientes de que el festejo bautismal quedaría abruptamente interrumpido al caer la noche. Su éxito al culminar por procedimientos de radical ilegalidad trufados de trampas y de mentiras la apuesta de romper España fue al mismo tiempo la constatación de su fracaso. Llegaron al final de la meta y ante la mayoría de ellos se abrió la nada. Ante unos pocos se abrió también la acción de los tribunales.

La población independentista está muy movilizada pero los contrarios a la independencia también lo están

Por eso no ha habido movimiento alguno de resistencia ni de oposición en el seno de lo que hasta ayer por la noche fue el gobierno catalán. Y, por eso, la única noticia que tenemos este sábado de la respuesta de los consejeros es que van a ir, no inmediatamente, ni hoy, ni mañana sino ¡el lunes! a sus puestos de trabajo, a ver si les permiten ocupar de nuevo sus despachos. El lunes. Mientras tanto, lo que esperan Puigdemont y sus consejeros es que sea la calle la que les dé apoyo e intente impedir con resistencia pacífica -en eso ha insistido mucho el ex presidente en su alocución desde Gerona emitida, hay que repetirlo porque es significativo, al tiempo que él almorzaba tranquilamente- que el Parlament no se disuelva, que la convocatoria de elecciones autonómicas no se materialice en el Boletín Oficial del Estado y que los consejeros no sólo ocupen el próximo lunes sus despachos como si nada hubiera ocurrido sino que su firma tenga el mismo valor ejecutivo que  tenía el viernes pasado.

Su problema es que agitando la calle cuando no se tiene otro argumento ni otra capacidad de convicción se pueden conseguir algunas cosas pero no todas. Y lo que las masas pacíficas no pueden conseguir es darle la vuelta a la realidad, ni que “su” gobierno siga en el poder ni que las elecciones no se celebren. Pueden, eso sí, los líderes  independentistas no concurrir a los comicios y constituirse en un movimiento extraparlamentario, pero saben perfectamente que el quedar radicalmente alejados del poder y de los centros de decisión destruiría su fortaleza. No lo harán, por más que los de la CUP hayan avanzado esa propuesta.

La convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre ha sido una decisión acertadísima de Mariano Rajoy, con el acuerdo de Pedro Sánchez y de Albert Rivera, mucho más partidarios que el presidente de la opción elegida. Es verdad que no se van a celebrar en el clima social y político más deseable pero tampoco eso se iba a producir dentro de seis meses, así que mejor cuanto antes. La población independentista catalana está muy movilizada pero los contrarios a la independencia de Cataluña también lo están y probablemente sientan ahora la esperanza de la que han estado huérfanos durante décadas. Con el añadido de que acaban de comprobar a lo que se enfrentan si no consiguen apartar al secesionismo del poder. Con todo  esto, es muy improbable que no acudan masivamente a las urnas. Si el Gobierno actúa con prudencia y con mesura en estos casi dos meses que faltan para las elecciones, estaremos ante la mayor oportunidad de medir exactamente donde están realmente las preferencias de la mayoría de ese pueblo catalán del que hasta ahora se han venido apropiando quienes ignoraron, despreciaron y silenciaron durante años y años, ante la indiferencia de todos los gobiernos de España y también de todos los demás españoles, a más de la mitad de la población. Ha llegado el momento. De ellos depende.