Esto no ha terminado todavía, aún  queda mucha tela que cortar. Con el transcurso del tiempo las cosas se le van a complicar al Gobierno y también, pero aún más, al bloque independentista en materia judicial. Todos sabemos, y el que no lo sabe lo supone, que a Mariano Rajoy y a su gobierno no le han gustado nada las querellas planteadas en su día por el fallecido Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, contra todos los miembros del gobierno catalán y contra los componentes de la Mesa del Parlamento de Cataluña. No les convenía porque tensaba la situación política hasta límites difíciles de administrar a pesar de que luego la aplicación del artículo 155 se ha llevado a cabo sin sobresalto alguno y en un clima de sorprendente tranquilidad habida cuenta de los antecedentes.

Pero lo de la acción de la Justicia es otra cosa. Primero, porque, en contra de lo que suponen los independentistas, que tenían programado para su república independiente de fantasía un poder judicial sometido y controlado por el poder político, en la democracia española los jueces son efectivamente independientes y por eso el Fiscal General, actuando exclusivamente conforme a su criterio jurídico, presentó sendas querellas por rebelión, sedición y malversación contra los implicados porque consideró que «con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, con total desprecio a nuestra Constitución, el pasado 27 de octubre».

Eso ha acabado de momento con una parte de los miembros del govern en la cárcel, la otra parte fugada a Bruselas; con los miembros de la Mesa en prisión preventiva y puestos luego en libertad con medidas cautelares una vez que hicieron profesión de fe en la legalidad del 155 y se comprometieron a actuar en el futuro dentro de los cauces constitucionales; con los presidentes de las dos organizaciones callejeras en prisión provisional y con el ex mayor de los Mossos en libertad pero con medidas cautelares.

Todo lo cual quiere decir que las elecciones se van a celebrar en medio de un clima complicado porque, aunque algunos ex consellers, como  Jordi TurullJosep Rull estén ya dispuestos a pasar bajo los arcos de la legalidad, habrá otros que permanezcan en la cárcel o que entren en ella en cuanto pisen territorio español, como podría suceder con Carles Puigdemont y sus acompañantes en la huida a Bélgica.

Ahora el independentismo no reivindica ya la nonata república sino la libertad de los que ellos llaman»presos políticos»

Nada de esto le conviene ni al Gobierno ni a los partidos constitucionalistas porque esa situación da argumentos al independentismo y le ayuda a cerrar unas filas que habían quedado muy maltrechas tras el fiasco de la «declaración de independencia, pero no». Ahora -se está viendo en sus manifestaciones públicas- el independentismo no reivindica ya la nonata república sino la libertad de los que ellos llaman»presos políticos». Ése es su punto de encuentro o, más bien, su punto de fuga a través del cual eluden examinar de frente su estrepitoso fracaso y la victoria del Estado de Derecho. Si no hubiera presos, los movimientos secesionistas estarían frustrados, desorientados y debilitados y, en esas circunstancias, la campaña electoral de los partidos constitucionalistas sería mucho más fácil y más rentable en votos de lo que va a resultarles ahora.

Pero es lo que tiene una democracia de verdad: que la Justicia actúa de manera independiente y no tiene más objetivo que el cumplimiento de las leyes. «Fiat Iustitia pereat mundus» , hágase Justicia aunque perezca el mundo, dijo un emperador húngaro, frase a la que un filósofo alemán dio la vuelta: «Fiat Iustitia ne pereat mundus», es decir, hágase Justicia para que no perezca el mundo.  Y eso es lo que está pasando en España, que se va a hacer justicia aunque haya elecciones, que los jueces van a tomar sus decisiones atendiendo al cumplimiento de Código Penal aunque la campaña se le ponga más cuesta arriba al PP, PSC y Ciudadanos. Que se va a hacer justicia precisamente para que no perezca el Estado de Derecho y, con él, nuestra democracia.

Es más, como cuenta hoy en este periódico Antonio Salvador, los procesos judiciales no han terminado aquí. El Tribunal Supremo puede todavía encausar a más personas de las que ahora mismo están bajo su mirada. Es el caso de la diputada de las CUP Anna Gabriel, que ha tenido efectivamente un papel determinante en todos los actos ilegales producidos recientemente en Cataluña. Y no sólo tiene sentido que fuera encausada por ellos sino que respondería a un estricto criterio de justicia porque han sido los dirigentes de las CUP los que han llevado del ronzal a Puigdemont y a todo su gobierno a tomar todas y cada una de  las decisiones destinadas a violar el Reglamento de la Cámara, el Estatuto y la Constitución.

Los jueces van a tomar sus decisiones atendiendo al Código Penal aunque la campaña se le ponga más cuesta arriba al PP, PSC y Ciudadanos

Detrás de todas las tropelías cometidas por los responsables de Juntos por el Sí han estado empujando a cometerlas, bajo amenaza de retirarles el apoyo parlamentario y privarles por lo tanto de la mayoría necesaria para seguir gobernando -o lo que sea que hayan hecho durante los últimos dos años- los diputados del partido antisistema, que han actuado como lo guardianes del desafío al Estado.

Y, sin embargo, ninguno de ellos ha tenido que asumir hasta el momento ninguna responsabilidad, y menos aún penal. Sólo quienes ocupaban las primeras filas de la acción  política están empezando a pagar por ello.

Existe una imagen muy representativa del papel jugado por las CUP en este desatino. Es la foto del 27 de octubre: asomado a la escalinata de la Cámara, el presidente de la Generalitat asiste con gesto tenso y preocupado a la celebración de la república por parte de los alcaldes, vara de mando en mano. Pero detrás de él, en segundo plano, haciendo de forillo al gobierno, todos los diputados cuperos que, puño en alto, se comportan como lo que han sido,  los garantes de la brutal ilegalidad que se acaba de perpetrar. Y eso es así.

La señora Gabriel ha estado presente y ha participado muy intensamente en la toma de decisiones por parte del presidente de la Generalitat y estuvo presente, junto a los señores Sánchez, de la ANC; Cuixart, de Ómnium; Turull, Junqueras, Puigdemont y otros, en las reuniones de ese sucedáneo de comité supragubernamental donde se abordaron  las cuestiones más decisivas en lo que atañe al quebrantamiento de las leyes. Sería, por lo tanto, de justicia que la señora Gabriel fuera llamada ante un juez para dar cuenta de sus actos y pagar, como todos los demás, por ellos.

Sería de justicia que la señora Gabriel fuera llamada ante un juez para dar cuenta de sus actos y pagar, como todos los demás, por ellos

Por eso digo que la cosa no ha terminado aquí y que, le guste o no al Gobierno, les convenga o no a los constitucionalistas, les irrite o no a los secesionistas, los jueces españoles van a seguir adelante y van a encausar, si hay razones para ello,  a otros tantos como los que ahora están ya sometidos a la lupa de los tribunales.

Lo asombroso, lo que provoca verdadera estupefacción, es que quienes se han levantado contra las leyes no supieran con absoluta claridad que esto iba a suceder. Me refiero a lo que ya ha ocurrido y a lo que queda por ocurrir, que no será poco.