No fue hasta el 21 de octubre cuando el Consejo de Ministros acordó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ante el desafío independentista, pero muy posiblemente la decisión que se consumó aquel sábado -festividad de Santa Úrsula y compañeras mártires- en torno a una mesa de madera noble del Palacio de la Moncloa empezó a tomar forma irremediablemente en las calles de Barcelona casi dos meses antes. El destino empezaba a escribirse mucho antes de que las hojas de almanaque dieran la bienvenida al otoño.

Mariano Rajoy tomó plena conciencia de que el soberanismo iba definitivamente en serio y de que los secesionistas no levantarían el pie del acelerador hasta proclamar la independencia el pasado 26 de agosto, cuando acudió a la capital catalana para asistir a la manifestación convocada en repulsa por el doble atentado yihadista que nueve días antes había segado la vida de 14 personas -muchos extranjeros- en la primera acción consumada por el Estado Islámico en suelo español. Aquel día, Rajoy y sus ministros -acudió todo el gabinete excepto Cristóbal Montoro, que no pudo desplazarse por razones familiares inaplazables- sacaron dos conclusiones claras: la hostilidad que existía contra la Jefatura del Estado y el Gobierno de la nación, manifestada con constantes abucheos y pitidos a pesar de la cercanía en el tiempo de la masacre provocada por la célula terrorista liderada por el imán Abdelbaki es Satty, y el poder de movilización que tenían los partidos y las asociaciones soberanistas. El devenir de los días ha permitido confirmar aquellas sensaciones de finales de agosto.

Diversas fuentes gubernamentales consultadas por El Independiente coinciden en que, frente a las dudas con que el Ejecutivo meditaba hasta entonces la respuesta al órdago secesionista, la humillación que sintieron muchos ministros marcó definitivamente el devenir de los acontecimientos. Aquel día marcó un antes y un después. Aquel día quedó claro que tanto el Govern como la mayoría independentista que controlaba el Parlament estaban dispuestos a consumar esa hoja de ruta que se detallaba en el documento -titulado EnfoCATs, reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso- intervenido semanas después al número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía y Hacienda, Josep María Jové, durante el registro de su domicilio tras ser detenido por su participación en los preparativos del 1-0.

Rajoy tomó plena conciencia de que el soberanismo iba en serio cuando comprobó el recibimiento hostil al Rey y al Gobierno en manifestación de repulsa por el atentado yihadista

Y el movimiento soberanista no desaprovechó la ocasión aquel día para enarbolar la bandera independentista. Así, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) hizo un llamamiento para que los ciudadanos acudieran a la manifestación portando esteladas con crespón negro, mientras que la CUP centró su objetivo en las críticas al Rey Felipe VI, recibido con silbidos y abucheos. Ni el respeto al recuerdo de las víctimas, que tan sólo nueve días antes yacían en el suelo de la Rambla tras ser arrolladas por la furgoneta suicida que conducía Younes Abouyaaqoub, impidió que los separatistas hicieran un uso político de aquella jornada. “La sensación es que aquello no fue espontáneo, sino que estaba organizado”, comenta una fuente.

Aquella multitudinaria concentración ciudadana contra la barbarie del yihadismo convocada bajo el lema No tinc por (No tengo miedo) se producía cuando faltaban aún dos semanas para que la mayoría secesionista del Parlament adoptara una decisión trascendental en la hoja de ruta del procés -la aprobación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica, con las que trataban de dar apariencia de cobertura jurídica al proceso de desconexión de España- y cuando otras alternativas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución iban ganando peso.

En concreto, la opción más valorada por Moncloa en aquellos tristes días de agosto era recurrir a la Ley de Seguridad Nacional, norma que está en vigor desde el 30 de septiembre de 2015 y que regula -entre otras cuestiones- la situación de interés para la seguridad nacional, entendida como “la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”. Como efecto práctico conllevaba que las competencias en materia de seguridad pública pasaban a la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Hasta finales de agosto, la opción más valorada en el seno del Ejecutivo era la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, con efectos mucho más restringidos que el 155

Desde luego, no eran excesivamente numerosas las voces que ya en agosto apostaban claramente para restituir la legalidad en Cataluña por la vía del artículo 155, un precepto que los redactores de la Carta Magna ya previeron en 1978 ante la posibilidad de que una autonomía pudiera rebelarse contra la Constitución y atentar contra el interés general del país. Era territorio desconocido, por cuanto nunca se había tenido que recurrir a este artículo en los casi 40 años de vigencia de la Carta Magna. Los asesores de Rajoy analizaban todos los escenarios y las consecuencias antes de que el Parlament -merced a la mayoría que sumaban los grupos de Junts pel Sí y la CUP- acordara consumar el desafío al Estado de Derecho aprobando las leyes de desconexión y convocando para el 1-O el referéndum de autodeterminación, paso previo a la proclamación de una hipotética república catalana.

En vísperas de aquella trascendental sesión plenaria de la Cámara autonómica de los días 6 y 7 de septiembre, el presidente de Gobierno no contaba aún con alianzas para responder al órdago secesionista a través del artículo 155. Un repaso a la prensa de aquellos días permite rescatar declaraciones que hoy, visto lo que ha sucedido, pueden resultar chirriantes. “Nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos”, decían fuentes socialistas. Desde Ciudadanos, la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, sostenía que la aplicación de medidas al amparo de este precepto constitucional “no es la solución”. “Existen muchos mecanismos para hacerlo. Estamos convencidos de que eso no va a suceder”, auguró.

“Quiebra unilateral”

Ese pronóstico resultó fallido. Celebrado el referéndum ilegal el 1-O y antes de que Puigdemont diera por proclamada república por unas horas, tanto el PSOE como Ciudadanos apoyaron la decisión de aplicar el artículo 155 ante la negativa del Ejecutivo catalán a desistir en su empeño de la independencia. “La mejor forma de defender la Constitución es poner freno a cualquier quiebra unilateral”, proclamó el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Éste expresaba así su respaldo expreso al Gobierno a la hora de aplicar las medidas que permitieran restituir el orden constitucional en Cataluña.

Más incisivo se había mostrado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que desde hacía semanas venía insistiendo en la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el convencimiento de que el entonces jefe del Ejecutivo catalán no se desviaría ni un milímetro de la hoja de ruta hasta llegar a la estación término: la declaración de la independencia. “Después de que el Rey nos pidiera a todos que actuáramos y de que el Consejo Europeo advirtiera a Puigdemont de que no dejara a un lado a los catalanes, sólo faltaba el presidente del Gobierno por actuar y me alegro de que lo haya hecho”, se felicitó Rivera el mismo día que el Gobierno envió una carta al entonces presidente de la Generalitat dándole cinco días para que aclarara si había declarado la independencia en Cataluña como paso previo al envío al Senado de un paquete de medidas para su aplicación al amparo del artículo 155.

Fue lo que sucedió, tras pactarlo el Gobierno con PSOE y C’s. A las 16 horas del 27 de octubre, poco después de que el Parlament proclamara la constitución como una república catalana, el pleno de la Cámara Alta dio luz verde a Rajoy para destituir a los miembros del Govern, disolver la Cámara autonómica y convocar elecciones para el día anterior al sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Con el número 00155 agotado en todas las administraciones de España desde hace semanas, la aplicación de ese artículo constitucional que empezó a acariciarse con las últimas calores de agosto ha traído la normalidad a la espera de que hablen las urnas y de que los tribunales juzguen lo ocurrido desde que la mayoría separatista del Parlamento catalán dejó claro con la aprobación de las leyes de desconexión que no renunciaba al sueño de una Cataluña independiente.