La constitución del Parlament tras las elecciones del 21-D da comienzo a una legislatura en la que los independentistas (JxC, ERC y CUP) han demostrado que, pese a sus diferencias, cuando llega el momento, actúan como un bloque. No hubo sorpresa en la elección del presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, ni en la composición de la Mesa, en la que el soberanismo contará con cuatro de sus siete miembros.

Sorprendió, sí, el duro discurso de Ernest Maragall, un ex PSC reconvertido a republicano, que cargó contra el Estado porque, en su opinión, "no sabe dialogar sino derrotar". Torrent, por su parte, fue más suave que su compañero al hacer votos por la reconstrucción de un clima menos tenso que el que se ha vivido en la política catalana durante la última legislatura. Algo que no se compadece bien con su elogios a su antecesora Forcadell.

Los diputados presos (Junqueras, Forn y Sánchez) votaron por delegación, en decisión de la Mesa de edad coherente con el auto del juez del Supremo Pablo Llarena, que proponía esta fórmula para salvaguardar los derechos políticos de los investigados. El gobierno no recurrirá esa decisión y tampoco lo hará ninguno de los partidos constitucionalistas.

La sesión de investidura se celebrará el próximo día 31 y en ella los soberanistas van a intentar sacar adelante la "opción Puigdemont". Pero tanto JxC como ERC saben que ello no será posible.

JxC, ERC y la CUP intentarán hasta el último momento la investidura de Puigdemont, a sabiendas de que no será posible. Al final, se optará por un diputado no investigado por la Justicia

La cuestión es si estamos ante la repetición de lo ocurrido a partir del mes de septiembre de 2017 o bien ante una maniobra de distracción de los independentistas para quedar bien ante su parroquia y, al mismo tiempo, hacerse las víctimas.

La aplicación del 155 (con la demostración del consenso entre los grandes partidos sobre esta cuestión); la actuación de la Justicia y el propio resultado de las elecciones del 21-D, han llevado a los protagonistas del procés a una reflexión interna que les ha llevado a una rectificación de sus planteamientos sobre la DUI, que sólo tiene como nota discordante a la patética figura del ex president Puigdemont.

Las declaraciones ante el Supremo de los independentistas presos (aceptando la Constitución y rechazando la vía unilateal); el rechazo de Forcadell a aceptar el puesto que tuvo en la anterior legislatura por estar inmersa en un proceso penal; la designación de un diputado no investigado judicialmente, e incluso su discurso, en el que en ningún momento mencionó la "república independiente de Cataluña", son signos evidentes de ese cambio de rumbo hacia planteamientos más realistas.

JxC, ERC y la CUP forzarán hasta el límite la posibilidad de que Puigdemont vuelva a ser presidente de la Generalitat. Pero, en el último minuto, se sacarán de la manga el nombre de un diputado libre de causas judiciales para ocupar el cargo de Molt Honorable. Y si la CUP se descuelga, no importa; los comunes de Xavi Domènech saldarán al rescate como han hecho con su voto en blanco para la presidencia del Parlament.

La sociedad catalana quiere la vuelta a la normalidad y así se los han hecho saber a los dirigentes nacionalistas representantes de la sociedad civil, entre los que destaca la clase empresarial, harta del procés. El riesgo del independentismo a partir de ahora es el aislamiento que pueden sufrir si no se vislumbra un gobierno estable que abandone el desacato a la legalidad por sistema.

Sólo sobre esa base se desactivará el 155 y se desbloquearán las cuentas de la Generalitat. Otra cosa es lo que ocurrirá cuando, antes de finales de este año, se conozca la sentencia del Supremo que afecta a 18 electos al Parlament, entre ellos Junqueras y Puigdemont. Pero, hasta que llegue ese momento, quedan aún muchas batallas por librar. Cataluña seguirá marcando la agenda política española, por lo menos, durante toda la legislatura.