El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha declarado ante el Supremo que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue un acto "simbólico", "cosmético", "sin efectos reales".

En esos términos también se manifestaron anteriormente Jordi Cuixart, Joaquím Forn, Raül Romeva, Carles Mundó, Josep Rull, Jordi Turull, Maritxell Borras,  Oriol Junqueras y, finalmente, Marta Rovira. Aunque la autora de la primicia, la primera persona que utilizó el término "simbólico" en sede judicial, fue la ex presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, quien casi entre lágrimas solicitó al magistrado Pablo Llarena que no decretara su ingreso en prisión, ya que no podría soportar estar alejada de su familia y, en especial, de sus nietos. Con ello, se abrió la "vía Forcadell" y por allí han ido pasando todos.

Rompe esa imagen, casi de happening , de lo que fueron los días álgidos del procés el hecho de que su máximo promotor, Carles Puigdemont, siga en Bélgica empeñado en reafirmar su calidad de primer presidente de la República Independiente de Catalunya.

Por mucho que se empeñen en hacernos creer que todo fue una broma, el 27 de octubre de 2017 el Parlamento catalán aprobó en votación secreta (82 de los 135 diputados) que Cataluña se convertía en un "estado independiente en forma de república".

La declaración fue tan real que el gobierno se vio obligado a llevar al Senado la aplicación por primera vez del artículo 155 de la Constitución y a suspender de facto la autonomía de Cataluña.

Todo fue real, aunque algunos de los implicados en el procés reconocieran en privado -y de ello hay constancia en las conversaciones grabadas por la Guardia Civil- que la Generalitat no tenía listas las estructuras de estado necesarias como para que la independencia se llevara a cabo con todas las garantías.

Cualquier persona en su sano juicio sabía entonces que el paso que se iba a dar, continuación y culminación de otros que ya se habían dado, tan sólidos y concretos como el referéndum del 1 de octubre, la creación de una agencia tributaria o una red de embajadas y, sobre todo, la puesta al servicio del procés de los Mossos, iba a tener consecuencias penales.

Sería ingenuo pensar que todos los que declaran ante el Supremo se arrepienten y que los únicos consecuentes con sus actos son Puigdemont y Anna Gabriel

Tal vez pensaron que el Estado de derecho no se iba a atrever, que, ante la política de hechos consumados que se ponía en marcha, el gobierno de Mariano Rajoy no tendría más remedio que aceptar una negociación bilateral para facilitar la independencia, tal y como ha declarado Puigdemont. Y que la Justicia, en esa concepción tan poco democrática que comparten los cabecillas de la rebelión, pasaría por el aro de aceptar la ruptura del orden constitucional sin inmutarse.

Los únicos que han sido consecuentes con sus actos de rebeldía han sido Puigdemont y los dirigentes de la CUP. La huida a Suiza de Anna Gabriel tiene la misma lógica que la del ex presidente de la Generalitat a Bélgica: negar que en España funcione el Estado de derecho y que puedan tener un juicio justo.

¿Es que acaso el resto de sus compañeros de viaje piensan lo contrario? ¿Cuando declaran que la DUI fue sólo una declaración de intenciones y que respetan la Constitución y acatan el 155 están rompiendo su unidad de acción con un huido al que quieren convertir en presidente simbólico de la Generalitat?

Aunque este doble lenguaje resulte vergonzoso, para el electorado independentista apenas si tiene coste: se trata de engañar al enemigo

No, ni mucho menos. El arrepentimiento mostrado ante el Supremo tan sólo obedece a una estrategia judicial para eludir su ingreso en prisión. Lo que dicen todos ellos cuando vuelven a Barcelona es que mantienen sus posiciones tan firmes como el 27 de octubre y que, cuando se constituya el próximo gobierno su objetivo volverá a ser el mismo: la independencia de Cataluña.

Aunque este doble lenguaje resulte vergonzoso, y a veces casi humillante, para el electorado independentista apenas si tiene coste: se trata de engañar al enemigo. La Justicia tiene elementos sobre la mesa suficientemente sólidos como para que el proceso concluya con severas condenas. Lo preocupante es que el gobierno caiga en la trampa de creerse que, tras la formación de un nuevo gobierno independentista en Cataluña, las aguas volverán a su cauce, como si nada hubiera pasado en los últimos seis meses.

Rajoy está deseando retirar el 155 -entre otras cosas porque ello permitirá que el PNV retire su veto al Presupuesto-, pero la realidad sigue siendo la misma que reflejaron las elecciones del 21 de diciembre. Más de dos millones de catalanes ha votado por opciones independentistas con un programa que no tiene nada de "simbólico". Esas personas que votaron a ERC, JxC y la CUP para que Cataluña rompiera con España les van a presionar para cumplan su palabra. Lo único verdaderamente simbólico son sus declaraciones ante el Supremo.