El Partido Socialista está jugando con fuego con este afán de derogar del Código Penal los artículos relativos a la prisión permanente revisable (PPR). Primero, porque se ha lanzado a asegurar que la PPR es inconstitucional y lo afirma el partido que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para que despeje definitivamente una duda que, a lo que se ve, ya ha despejado por su cuenta el mismo partido.  Esa posición evidencia un grado de inconsistencia, por no decir de frivolidad, que en nada beneficia al prestigio socialista y mucho menos al de su cúpula dirigente.

Sería escandaloso que el PSOE consiguiera con sus votos derogar la prisión permanente revisable y que a continuación el TC declare plenamente constitucionales esos artículos del Código Penal.  El ridículo y el descrédito serían una factura muy alta para Pedro Sánchez y los suyos, que no ignoran en absoluto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado el visto bueno y ha considerado conforme al Convenio de Derechos Humanos esa modalidad de la pena de prisión. Y tampoco ignoran que el Consejo de Estado ya ha dictaminado que la PPR no es contraria a la Constitución.

Con sólo eso ya estaría justificada la afirmación de que el PSOE está jugando con fuego en este asunto. Pero el riesgo de quemarse aumenta de manera extraordinaria cuando entran en la consideración las cuestiones políticas y sus consecuencias electorales. No es sólo que una parte muy importante de los votantes socialistas apoyen claramente el mantenimiento del Código Penal tal y como está ahora mismo. Es que el partido se juega su supervivencia y sus perspectivas de alcanzar el poder, es decir, de ganar las elecciones generales y formar gobierno, precisamente en la comunidad más golpeada últimamente por casos sangrantes de asesinatos de niños a manos de desalmados para algunos de los cuales sería aplicable la PPR. Sin los votos de los andaluces  -y, en menor medida, pero también decisiva, de los catalanes- Pedro Sánchez no pisará nunca la Moncloa. Y sucede que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, está barajando la posibilidad de adelantar sus elecciones autonómicas antes de que acabe este año.

Sería escandaloso que el PSOE lograra derogar la PPR: el ridículo y el descrédito serían una factura muy alta para Pedro Sánchez y los suyos

Y, dados los plazos, pudiera ser que la campaña electoral del PSOE-A coincida con la tramitación final de esa derogación -con los votos favorables del Partido Socialista- de la prisión permanente revisable, algo que los andaluces rechazan mayoritariamente. Peor campaña no podría temer la señora Díaz. Es de suponer que en algún momento la presidenta de la Junta hablará con su secretario general y le hará ver lo sumamente equivocado de su estrategia política. Porque, además, los padres de algunos de los niños asesinados brutalmente han anunciado que tienen intención de intervenir en las próximas campañas electorales para que los ciudadanos tengan bien presente cuáles de los partidos que compiten por ganarse sus votos han provocado que los asesinos de sus hijos y otros delincuentes especialmente inicuos y susceptibles de ser sometidos a control penitenciario para poder acceder a la libertad, van a eludir esos controles y van a salir a la calle sin limitaciones por obra y gracia de tales y tales partidos.

Eso es algo que le puede hacer mucho daño al PSOE no sólo en los comicios autonómicos andaluces, sino en los municipales de mayo del año que viene. Porque de lo que no puede caber ninguna duda es de que estos padres tienen ahora un objetivo que da un sentido añadido a sus vidas tan trágicamente golpeadas. Ellos, más que ninguna otra persona, son unos activistas defensores del mantenimiento de la PPR y no van a abandonar su lucha hasta no conseguir que el Código Penal mantenga, o vuelva a incluir si se derogan, los artículos que garanticen que determinados delincuentes no salen en libertad sin que se haya constatado que están en condiciones de reintegrarse en la sociedad. Por eso perseguirán al PSOE donde quiera que se presente a unas elecciones. A Podemos también, pero probablemente el daño que sufra el partido de Iglesias sea menos devastador.

Se mire por donde se mire, a Pedro Sánchez no le sale a cuenta esta apuesta precipitada que adelanta una conclusión de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional no ha establecido y quién sabe si establecerá. Pero no parece que vaya a variar su rumbo de colisión con sus propios electores.