Esto puede ser una bomba de relojería. Me refiero a lo que ha sucedido entre el jueves y el viernes en el barrio madrileño de Lavapiés, que obliga a hacer unas cuantas consideraciones.

La primera tiene que ver con la muerte del joven mantero senegalés. La policía, dos testigos distintos y ¡por fin! el concejal de Seguridad del Ayuntamiento, han explicado que Mmame Mbage no huía de la Policía cuando murió por un fallo del corazón. Pero aunque no hubiera sido así, aunque el mantero hubiera caído fulminado cuando corría delante de la Policía, no habrían existido razones para culpar a los agentes de lo sucedido porque, hasta donde se sabe, correr perseguido por la fuerza pública nunca ha matado a nadie. Tendrían que haber caído sobre él y haberle propinado una paliza monumental que lo llevara a la muerte para que se pudiera responsabilizar a la Policía de los hechos.

Pero es que no sucedió en absoluto así, según acreditan los atestado policiales y los testimonios de esas dos personas, un amigo del fallecido y de una vecina. Lo que parece que le ha sucedido al senegalés es lo que hemos visto a veces en deportistas jóvenes, y es que una lesión cardíaca desconocida por la víctima acaba abruptamente con su vida. Y, sin embargo, una noticia, que a todas luces era falsa -que la Policía ha empujado a Mmame Mbage hasta la muerte- sirvió para que agitadores profesionales vieran el cielo abierto y la oportunidad de asaltar vandálicamente el barrio de Lavapiés.  Y de ahí hemos pasado a abordar el problema de la política municipal hacia los inmigrantes, lo cual ha dado pie a una protesta en la cual determinados portavoces de ese colectivo afirmaban megáfono en mano que “esto ha sido un asesinato, la Policía miente”.

Lo sucedido el jueves por la noche en Lavapiés fue ajeno por completo a los problemas que puedan padecer los inmigrantes sin papeles

Estamos, pues, ante la construcción de un serio conflicto montado sobre una desgracia encima de la que se ha construido una mentira. Un conflicto que ha sido aprovechado por Ganemos, un sector crítico con la alcaldesa, para organizar un problema político destinado a Manuela Carmena. Hasta a Barcelona, Valencia y Zaragoza y muchas otras ciudades españolas ha llegado también  la reacción del sindicato de vendedores ambulantes que protestan por el racismo no sólo de la Policía sino del Ayuntamiento de Madrid y, por extensión, de la sociedad española entera.

Pero no sólo ha ocurrido eso: lo sucedido el jueves por la noche en ese barrio fue ajeno por completo a los problemas que puedan padecer los inmigrantes sin papeles y fue un ataque bárbaro a las  instalaciones urbanas, a los comercios, a los coches de los vecinos y a los vecinos mismos que intentaban apagar desde sus balcones los contenedores a los que los vándalos pegaban una y otra vez, sistemáticamente, fuego. En este momento, el Consistorio ha anunciado su propósito de investigar las circunstancias de la muerte del joven mantero, 14 años en España sin estar legalizado, pero estoy a la espera de que el concejal de Seguridad anuncie una investigación y dé unas explicaciones sobre ese feroz ataque perpetrado por unos bárbaros y sufrido por los vecinos de Lavapiés.  Y esos agresores no eran en absoluto inmigrantes sin papeles. La prueba es que, de los seis detenidos, todos eran españoles. Lo cual evidencia el aprovechamiento por parte de las organizaciones antisistema de cualquier suceso que, sea accidental o no, sirva para provocar tensión en la sociedad española.

El problema de la integración en el mercado laboral de los inmigrantes es morrocotudo. Y las reclamaciones de los defensores de los manteros, que tienen derecho, como cualquier ser humano, a ganarse la vida, choca en la práctica frontalmente con las quejas y reclamaciones de los pequeños comerciantes que ven peligrar dramáticamente su modesta forma de vida porque les resulta imposible competir con quienes venden en plena calle y mucho más baratos los objetos que ellos no pueden vender a esos precios porque subir cada día la persiana de su local y pagar a un empleado les cuesta un dinero que necesariamente han de repercutir en el precio de los productos que tienen puestos a la venta. Ése es el problema dramático que está detrás de las manifestaciones de este viernes por la tarde en tantas ciudades de España, y nadie ha encontrado hasta el momento la solución.

Pero de ahí a sostener que la “Policía asesina”, a la que se ha apedreado sin piedad en Madrid con adoquines, ha matado al joven senegalés hay un largo trecho. Y eludir el examen de la acción salvaje de los agresores del barrio madrileño es una irresponsabilidad culpable que debe ser inmediatamente corregida por los responsables municipales si no quieren que se acabe generando un problema mucho más grave aún que aquél al que hemos asistido en las últimas horas.

Si se permite que se hostigue de modo sistemático a los vecinos, surgirá la proliferación de guetos y el auge de partidos xenófobos

Porque, si en determinados barrios de las ciudades españolas se permite que se hostigue de modo sistemático a sus vecinos, como sucedió el jueves por la noche en Lavapiés, lo que va a ocurrir es que los nacionales acabarán abandonando el lugar para instalarse en espacios más tranquilos. Y en ese caso, se produciría un fenómeno que es todavía muy escaso en España pero extraordinariamente frecuente en la mayor parte de las ciudades europeas: la proliferación de guetos. De ahí a la conflictividad social constante no habría más que un paso cuya consecuencia inmediata es la aparición en nuestro país de algo que todavía no existe entre nosotros: el nacimiento  y el auge de partidos xenófobos como los que vemos en Francia, Alemania, Bélgica, Austria y tantos otros socios de la UE.

Por lo tanto, mucha atención a lo que hemos presenciado en estos últimos dos días y que va mucho más allá de la desgraciada y fortuita muerte de un joven inmigrante que o saltó la valla o llegó en patera 14 años atrás y se ganaba la vida vendiendo artículos en la calle.