Nadie podrá acusar ahora el instructor del ‘procés’ Pablo Llarena de actuar bajo los designios del Gobierno. El juez ha decidido este miércoles pedirle explicaciones el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro por las declaraciones que hizo en el diario El Mundo sosteniendo que para el referéndum ilegal del 1 de Octubre no se destinaron fondos públicos. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, dijo el titular de Hacienda de forma rotunda dejando al pie de los caballos al Tribunal Supremo y al delito de malversación por el que España reclama ahora a Alemania al ex presidente Carles Puigdemont.

Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría en el tribunal que vio con estupefacción cómo el ministro se aliaba con los independentistas. Su teoría de que no se cometió desvío de fondos públicos de la Generalitat para preparar la declaración unilateral de independencia daba, sin duda, alas al separatismo catalán.

“¿Por qué se ha personado como perjudicada la Abogacía del Estado por la malversación de caudales públicos si según el ministro no se produjo dicho delito?”, dice un togado del Alto Tribunal a El Independiente con asombro e indignación. El juez Llarena pudo haber citado ayer al ministro como testigo pero ha preferido que Montoro le remita por escrito y “a la mayor brevedad posible” el porqué de esa polémica afirmación, apunta una fuente del Supremo.

A esto se une que, en estos momentos tanto la Fiscalía que dirige Julián Sánchez Melgar como el propio Llarena, trabajan a contrarreloj para acreditar dicha malversación y convencer a Alemania de que debe entregar a Puigdemont por dicho delito. «Si sale el ministro de Hacienda diciendo que no se malversó dinero público, ¿cómo vamos a pretender que los alemanes nos traigan a Puigdemont?», subraya otro magistrado de la Sala Segunda.

Dicha petición de explicaciones responde a que, esta semana, a medida que el juez Pablo Llarena comunicaba a los líderes del ‘procés’ los delitos por los que se les propone juzgar –rebelión y malversación de caudales públicos-, estos apelaron a las palabras de Montoro para protestar por su procesamiento.

«¿Por qué se ha personado como perjudicada la Abogacía del Estado por la malversación de caudales públicos si según el ministro no se produjo dicho delito?», sostiene un juez del Supremo

A Llarena, quien lo diría, le ha tocado lidiar con un ministro del Gobierno fomentando la ira independentista contra el Supremo. Las palabras de Cristóbal Montoro tuvieron un efecto inmediato. Horas después el resultado era claro: los presos ‘políticos’ encarándose con quien los ha encarcelado por tratar de separar una autonomía española del resto del país a las bravas: desoyendo al Tribunal Constitucional y utilizando a los Mossos d’Esquadra para facilitar un referéndum ilegal.

Por esta razón, el juez Pablo Llarena ha dado este miércoles un golpe encima de la mesa del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Un Gobierno que a lo largo de todo este procedimiento judicial ha visto al magistrado y al Tribunal Supremo como un obstáculo porque, entre otras cuestiones, no excarceló a los ex miembros del Govern para que hicieran campaña electoral el pasado mes de diciembre pese a que era lo que ansiaba a toda costa Moncloa.

Sin embargo, toparon con un magistrado de férreos principios que no ha dado su brazo a torcer ni medio milímetro a lo largo de esta histórica instrucción. Llarena sabe hace tiempo que está solo frente al independentismo. Sin embargo, sus compañeros de Sala lo respaldan y son, además, muy conscientes del coste personal que esta causa ha tenido para un juez que vino desde Barcelona, que ama esa tierra y que ha tenido que trasladar su residencia e ir acompañado de escolta por plantar cara en sus autos a los separatistas catalanes.

No sabemos aún, aunque lo intuimos, qué responderá por escrito Cristóbal Montoro al juez pero el titular de Hacienda tiene ahora una posibilidad de oro de matizar sus palabras y retractarse. También puede reafirmarse y ayudar así a que Puigdemont no comparezca en mucho tiempo ante la Justicia española y que el dinero de los catalanes que fue presuntamente destinado a sufragar el desvarío independentista quede en un limbo jurídico.