La sentencia del Supremo que condena a Iñaki Urdangarin a casi seis años de cárcel y que supone su casi seguro ingreso en prisión (sólo le libraría el indulto o el amparo del Tribunal Constitucional) no implica un golpe letal para la Monarquía. Ni si quiera un daño de consideración que pueda afectar de manera apreciable al prestigio de la institución. Otra cosa sería si Juan Carlos I siguiera ocupando el trono.

La abdicación de don Juan Carlos I (que se produjo en junio de 2014) fue una operación de Estado en la que intervino el gobierno, ya presidido por Mariano Rajoy,  la oposición (el papel de Alfredo Pérez Rubalcaba fue clave) y, por su puesto, el CNI (capitaneado por Félix Sanz Roldán)  y que tenía como fin la salvación de la Monarquía. Vista con perspectiva, la operación ha resultado un éxito incuestionable.

Tras la imputación de la Infanta Cristina en 2013 una encuesta del CIS registró un dato demoledor: la institución monárquica sólo tenía el apoyo del 3,68% de los españoles. Hay que recordar el contexto: en medio de una crisis económica durísima, que elevó la cifra de paro por encima de los 5 millones de personas, el Rey Juan Carlos sufrió un accidente en abril de 2012 en Botsuana durante una cacería de elefantes, a la que había acudido con su amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Unos días después, ya en España y desde la clínica donde fue operado, el Rey pidió perdón: “Me he equivocado. No volverá a ocurrir”.

La operación que supuso la abdicación de Juan Carlos I ha hecho posible que hoy la Monarquía apenas se vea afectada

El caso Nóos añadía a esa declaración un tanto humillante el elemento corrosivo de la corrupción. Sólo un cambio radical podía salvar a la Monarquía del descrédito al que estaba abocada, haciéndole perder en sólo unos meses el activo que le había incorporado el propio Rey Juan Carlos I cuando paró el golpe de estado del 23-F.

La llegada al trono de Felipe VI fue el mejor remedio para esa situación límite. Aunque ya durante los dos años anteriores se habían producido modificaciones destinadas a evitar la contaminación del caso Nóos (como, por ejemplo, limitar la Familia Real al Rey, los príncipes de Asturias y sus hijas, dejando fuera a las infantas), eran necesarias otras medidas que supusieran una ruptura total con el pasado. Y Felipe VI las asumió aunque para él tuvieron un elevado coste personal.

Un ejemplo de ello: el Rey despojó a su hermana y a su cuñado del Ducado de Palma, título que les había otorgado Juan Carlos I con motivo de su boda (1997).

Por otro lado, Felipe VI introdujo medidas de transparencia, como implantar la auditoría externa de las cuentas de la Casa Real, o la prohibición de recibir determinados regalos, que fueron bien recibidas por la opinión pública.

La Monarquía, desde entonces, ha recuperado gran parte del prestigio perdido. Felipe VI ha superado con nota el bache de 2012/2013. Pero la institución no está libre de peligro.

La sentencia del Supremo viene a constatar la “situación de privilegio” desde la que Urdangarin hizo sus negocios. Situación que era debida a su matrimonio con la hija del Jefe del Estado. Ingrese o no en prisión, la sanción moral es inapelable. En parte, el Supremo ha dado su veredicto sobre una época, de la que la más alta institución del Estado no ha salido ni mucho menos indemne.

El principal aliado del gobierno, Podemos, es un partido declaradamente republicano. Como lo son los independentistas catalanes o vascos. Hay, por tanto, millones de personas que no comulgan con la Monarquía. La decisión del Supremo seguramente les dará argumentos para defender otra forma de Estado.

Sin embargo, lo que nadie puede poner en cuestión es la determinación de Felipe VI para romper con las prácticas que ahora han recibido un duro reproche penal y para transitar por un camino más acorde con los tiempos que vivimos.